Abogado de Chaves expuesto a suspensión de un año por abandono de sus clientes en juicio “La Trocha”

El Tribunal Penal de Goicoechea podría separar a José Miguel Villalobos —abogado, asesor y amigo cercano del mandatario Rodrigo Chaves— del juicio por el caso "La Trocha", a pesar de que el jurista es defensor de ocho de los 14 implicados en la causa penal por el escándalo de aparente corrupción en la creación de una vía fronteriza cerca del límite con Nicaragua.

A pesar de los esfuerzos de los jueces, quienes incluso habilitaron un horario vespertino para poder llevar a cabo el debate, Villalobos decidió no presentarse a la cita, lo que abre la puerta a que sea apartado y a que a sus clientes se les asigne un defensor público.

El amigo de Chaves se negó a asistir porque actualmente defiende en otro juicio a José Giovanni Segura Angulo, un supuesto cabecilla de Pérez Zeledón acusado de narcotráfico, quien, junto con otros seis clientes de Villalobos, afronta un proceso por presuntamente generar un esquema de legitimación de capitales.

El Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), donde se realiza el juicio Fénix, le otorgó permiso de salir a las 3:01 p. m. para llegar a tiempo a los Tribunales de Goicoechea este lunes, pero el abogado no se presentó y dejó sin representación a ocho imputados.

Los jueces le dieron 24 horas para que Villalobos explique por qué se ausentó. En caso de que no responda, o dependiendo de su réplica, cabe la posibilidad de que los sospechosos deban conseguir otro abogado o se les asigne un defensor público.

Si el Tribunal establece que el abogado del mandatario incurrió en un abandono de la defensa, entonces podrá proceder de esa forma para continuar finalmente con el caso "La Trocha". Así lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 104:

(…) Si el defensor, sin causa justificada, abandona la defensa o deja al imputado sin asistencia técnica, se nombrará uno público y aquel no podrá ser nombrado nuevamente. La decisión se comunicará al imputado, y se le instruirá sobre su derecho de elegir otro defensor. Cuando el abandono ocurra antes de iniciarse el juicio, podrá aplazarse su comienzo, por un plazo no mayor de cinco días, si el nuevo defensor lo solicita.

Villalobos había anunciado con anticipación que no atendería la orden de los jueces y no asistiría a la diligencia programada para este lunes.

De no justificar apropiadamente su ausencia o en caso de que los jueces no acepten su excusa, se expone también a otro tipo de consecuencias, como multas económicas y la suspensión hasta por un año, según lo establece la ley.

"El abandono de la defensa constituirá una falta grave. El tribunal pondrá el hecho en conocimiento del Colegio de Abogados, para que este, conforme al procedimiento establecido, fije la sanción correspondiente.

Esa falta será sancionada con la suspensión para ejercer la profesión durante un lapso de un mes a un año y con el pago de una suma de dinero equivalente al costo de las audiencias que debieron repetirse a causa del abandono.

Para esto, se tomarán en cuenta los salarios de los funcionarios públicos intervinientes y los de los particulares. Esa sanción pecuniaria deberá utilizarse en programas de capacitación por parte del Colegio de Abogados", señala el 105 del Código Procesal Penal.

CR Hoy intentó conocer la posición de Villalobos sobre este panorama. El abogado únicamente envió un audio en el que indicó que contestará lo que deba responder, de acuerdo con la ley y no como los jueces quieren.

Disputa por horario

El Tribunal de Goicoechea se negó a aplazar el juicio por el caso de "La Trocha", pese a la solicitud de José Miguel Villalobos, quien ha insistido en que afrontar dos juicios en horarios extensos (Fénix de día y Trocha en la tarde) no le permitiría concentrarse "ni descansar la mente y el cuerpo, como lo exige la lógica y el sentido común", según señaló a los juzgadores.

Además, indicó que sus clientes no desean cambiar de abogado y que él no puede ser sustituido por otro defensor que se imponga de la causa y prepare la estrategia correspondiente al interrogatorio de 90 testigos.

Los jueces negaron la solicitud, argumentando que tienen interés en realizar el debate lo antes posible y que los mismos imputados han implorado que las fechas se mantengan, para que, después de tantos años, se resuelva su situación jurídica, en suspenso desde 2012.

Asimismo, recordaron en la resolución que ya en cuatro ocasiones se ha intentado celebrar el juicio, pero las convocatorias se frustraron por diversas razones, pese a que la acusación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) está lista desde enero de 2017, y desde enero de 2020 se ordenó la apertura a juicio para 14 de los 26 investigados.

El pasado viernes, los jueces emitieron una resolución —de la cual CR Hoy tiene copia— que ordenó mantener el horario de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. y realizar la audiencia este lunes; sin embargo, Villalobos hizo caso omiso de lo determinado por el Tribunal.

"No tenemos noticia de por qué no se presentó. Hemos solicitado a nuestra auxiliar que revise si se presentó algún escrito en torno a la incomparecencia del licenciado Villalobos y a este momento el Tribunal no tiene ninguna referencia o respuesta formal, clara del porqué no se hizo presente a este momento", señaló la jueza que preside el Tribunal. 

Las demás partes, como el Ministerio Público, la Procuraduría, la Contraloría General y los demás abogados, respaldaron brindar un plazo para que los clientes de José Miguel Villalobos consigan otro representante o se les nombre un defensor público.

Los propios colegas de Villalobos fueron los más críticos. Fernando Apuy Sirias, señaló que el Tribunal ha sido benevolente y que esta situación les está afectando directamente a ellos.

"Definitivamente haber escuchado yo precisamente que don José Miguel había comentado en la opinión pública efectivamente que él no se iba a presentar este juicio.

Entonces yo sí considero que es una total afrenta al Tribunal, que ha sido muy claro desde la última vez en que nos presentamos. 

En este caso concreto considero que está perjudicándome a mí y está perjudicando a mi representado. Me parece que hemos tenido que esperar demasiado tiempo, concretamente, 13 años para buscar justicia para mi representado.

El Tribunal ha sido totalmente responsable y ha sido congruente con el principio de justicia pronta y ejecutiva. El Tribunal incluso varió el señalamiento para hacer la jornada vespertina, a efecto de que todos los abogados pudiéramos estar presentes. Se dio toda clase de oportunidad", indicó Apuy.

Villalobos había advertido también que, en caso de que el Tribunal no modificara su criterio, acudirá a la Sala Constitucional.

Caso Trocha

El caso La Trocha se dio a conocer ante la opinión pública el 4 de mayo de 2012, cuando la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, convocó a una rueda de prensa para denunciar los presuntos actos ilegales.

La administración Chinchilla Miranda planteó la posibilidad de construir la ruta nacional 1856, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, como parte de una posible solución tras darse a conocer la invasión del país vecino a isla Calero en octubre de 2010.

El Ministerio Público acusó en 2017 a 26 personas, pero solicitó el sobreseimiento tanto para la expresidenta Chinchilla, el exvicepresidente Luis Liberman y el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez.

El debate es contra 14 personas de apellidos son Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos, por los delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública. El debate contará con 109 personas que darán su testimonio.

Por su parte, el caso Fénix, el otro que afronta Villalobos, consiste en uno de los más grandes en la historia del país por legitimación de capitales.

En él se encausa a una organización compuesta por al menos 25 personas, que habría "lavado" hasta $17 millones presuntamente provenientes del narcotráfico mediante diversos negocios, como una hacienda ganadera, una venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.

Villalobos es el principal abogado defensor de los sospechosos. De hecho, representa a siete de los 25 imputados; dos de ellos permanecen en prisión preventiva debido a su peligrosidad.

De acuerdo con la prueba recabada por el Ministerio Público, las actividades ilegales que se desarrollaron entre 2015 y 2022 y que generaron el multimillonario patrimonio ilícito equivalen a cerca de ₡9 mil millones.