(CRHoy.com) –María Cristina Díaz Rivera, asesora legal de la Gerencia de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), exigió este jueves a Miren Martínez Ruiz, de la empresa MR Comunicaciones Políticas, una de las adjudicatarias para la cuestionada compra de mascarillas quirúrgicas, que pague las multas por incumplir con la entrega del producto.

Así lo manifestó en una intervención que hizo en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, que investiga la compra de los 12 millones de mascarillas para personal médico que atiende a pacientes con COVID-19.

Sin embargo, Díaz Rivera se negó a contestar preguntas de los diputados por estar denunciada ante el Ministerio Público, que también investiga el caso.

"Soy la única funcionaria de la Caja que ha encarado a la señora Miren Martínez, intimándola a que cumpla con lo que le debe a la Caja. Lo hice en junio, lo hago ahora y lo seguiré haciendo. Que la señora Miren Martínez le cumpla y le pague a la Caja las multas que le debe por los incumplimientos con el contrato", manifestó.

En un documento que leyó a los legisladores, reconoció que participó en la revisión de legalidad de la compra y que lo hizo con total transparencia, bajo el principio de probidad y la normativa aplicable.

Pero alegó que para ese momento "era imposible para esta servidora intuir siquiera que una o más ofertas podrían haber entrado por la ventana".

También dejó claro que la revisión de legalidad que hizo fue avalada por la Gerencia General de la CCSS y sus asesores.

"Ninguno de esos ojos encontramos que dentro del expediente de compra pudiese haber algún factor que nos hiciese dudar sobre dar dicha aprobación para adjudicación", admitió.

La asesora legal, además, negó haber recibido una dádiva de $475 mil.

El caso

Explicó que a la firma MR Comunicaciones Políticas se le otorgó un plazo al 4 de junio anterior para entregar las mascarillas y que el 12 de ese mismo mes, ya estando atrasada, pidió que se le diera tiempo hasta el 29 de junio.

La Dirección de Aprovisionamiento le otorgó la ampliación del plazo, pero no le exoneró del pago de la multa por la entrega tardía.

"El 26 de junio a las 5 p.m. ella manda un correo a varios funcionarios de la Dirección de Aprovisionamiento diciendo que tenía un booking de avión para el 27 de junio, para entregar las mascarillas del 29, pero que se lo cancelaron", relató.

Manifestó que el sábado 27 de junio, aproximadamente al mediodía, recibió una llamada de Martínez Ruiz por WhatsApp "y me dijo que no iba poder cumplir el lunes 29 con las mascarillas, se notaba llorando y afectada. En ese momento yo le indico, como abogada de la Gerencia, que era muy importante cumplir. Ella quería más plazo al ya otorgado una vez, y un cambio de fabricante. Quería entregar el 7 de julio según sus exigencias".

Dijo que le advirtió que si no entregaba el producto el 29 de junio, entraría en mora y estaría expuesta al pago de una multa de un 25% del monto de la orden de compra, en el supuesto de que entregara las mascarillas el 7 de julio.

"De allí salen los famosos $475 mil aproximadamente que se han tergiversado. Los $475 mil no son una mordida, no eran una dádiva, no son un invento, no son oscuros para nadie. $475 mil es el monto máximo de la multa correspondiente al 25% que desde julio esa empresa le debe a la Caja", aseguró.

"Me molesté"

"Y el premio por defender los intereses de la institución ha sido que la auditoría me haya pasado al Ministerio Público, pero tengo mi frente en alto, allí daré todas las explicaciones del caso, cuando los fiscales así lo requieran de mi persona", añadió Díaz Rivera.

Insistió en que le señaló a Martínez Ruiz que tenía que pagar la multa y que no podía llamarla a su teléfono personal, sino que lo hiciera a través del correo institucional.

"Me molesté mucho cuando la señora Martínez me llamó a mi teléfono personal de manera abusiva porque jamás le había dado mi número y la envié a comunicarse mínimo por el correo electrónico institucional. No he negociado nada con nadie", finalizó.

La CCSS adjudicó a 2 proveedores la compra de los 12 millones de mascarillas y las distribuyó en 7 millones para David Landergren (por un valor de $2,1 millones) y 5 millones para MR Comunicaciones Políticas (por un valor de $1,9 millones). El total fue de $4 millones.

La adjudicación a los 2 proveedores se hizo a pesar de que no contaban con la suficiente experiencia y del incumplimiento de requisitos básicos como la presentación de certificados de calidad y de documentos en idioma español.

Incluso, la CCSS inició un procedimiento para rescindir el contrato con MR Comunicaciones por no entregar el producto contratado.