Abelino Esquivel admite reunión en la que habría solicitado beneficio carcelario para conocido
Su defensor pidió a tribunal que le absolviera
(CRHoy.com) El exdiputado Abelino Esquivel Quesada admitió este jueves haber gestionado y asistido a una reunión en el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) el 22 de marzo de 2018 en la que presuntamente solicitó que un conocido suyo recibiera un beneficio carcelario, como lo acusó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Durante una breve declaración que hizo en el juicio que afronta, el excongresista del Partido Renovación Costarricense (PRC) justificó que el trámite que realizó lo hizo como “representante del pueblo” y con el objetivo de hacer valer el “derecho” de los ciudadanos a ser atendidos por servidores públicos.
Sumado a esto, en palabras que dio a la prensa, el pastor de 57 años negó haber presionado para conseguir la liberación de otro líder religioso de apellidos Barquero Benavides, quien estaba recluido en el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Debravo, en Cartago.
“Rechazo todos los cargos porque nunca ejercimos ninguna presión. Solo cumplimos nuestra función como diputado, representante del pueblo, solicitar una cita o una audiencia para un ciudadano común y creyendo que un funcionario, no importa el rango que este tenga, debe prevalecer en él el respeto hacia un ciudadano que quiere ir y preguntarle sobre el tema que considere”, dijo el exlegislador ante una consulta de CRHoy.com.
Esquivel Quesada evitó precisar si el reo era o no amigo suyo, aunque la esposa de este último, Lilliam Jiménez Fernández, aportada por su defensa como testigo en el debate, reconoció que el exparlamentario y su cónyuge se conocían porque coincidían en una iglesia evangélica, en seminarios e institutos bíblicos.
El Ministerio Público pidió 4 años de prisión y 4 de inhabilitación para ocupar cargos públicos por presuntamente haber solicitado al entonces jerarca del ramo, Marco Feoli Villalobos, así como a su jefe de despacho, Roberto Morales Carrillo, una solución para que Barquero Benavides saliera de la cárcel con monitoreo electrónico, aún cuando esa posibilidad ya había sido descartada por el Instituto Nacional de Criminología (INC). Al primero, en apariencia, le hizo el pedido en una llamada posterior a una reunión presencial que sostuvo con el segundo.
Dicho encuentro fue gestionado por Esquivel Quesada, a pedido de Jiménez Fernández, según esta última. Ambos acudieron acompañados por el entonces asesor legislativo, Juan Carlos Binns Brenes (fallecido el 30 de julio de 2020).
Por estos mismos hechos, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) pidió condenar civilmente al pago de ₡5 millones al exdiputado Abelino Esquivel Quesada, por una aparente falta al deber de probidad asociado al posible tráfico de influencias que se le achaca.
El abogado del exdiputado, Guido Núñez Jarquín, alegó que durante el juicio no se lograron demostrar acciones específicas para generar un delito, por lo que solicitó al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública que se absolviera a su cliente en el proceso tramitado bajo la sumaria 18-000067-0033-PE.
