(CRHoy.com) -Un 95,8% del presupuesto nacional de ¢12,3 billones para el próximo año corresponde a gastos que el Gobierno está obligado a asumir ineludiblemente. Solo queda un 4,2% para financiar otro tipo de gastos.

Así lo concluye un informe técnico del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, según el cual ese porcentaje del presupuesto está totalmente comprometido.

El proyecto de ley del presupuesto ordinario y extraordinario para el ejercicio económico de 2023 -que envió el Poder Ejecutivo al Congreso para su discusión y aprobación- se distribuye entre 26 títulos presupuestarios constituidos por los 19 ministerios, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República (CGR) y la Defensoría de los Habitantes. Además, el Servicio de la Deuda Pública y los Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.

Al igual que en 2022, para el próximo año no se presupuestaron recursos en el título que corresponde a obras específicas. El Ministerio de Hacienda ha señalado que no constituye una obligación del Gobierno presupuestar esos recursos.

Educación y Poder Judicial

Las obligaciones ineludibles son gastos que por su naturaleza el Gobierno no puede o no debería dejar de presupuestar.

En esta categoría se encuentran el pago del Servicio de la Deuda Pública (que incluye intereses y amortizaciones), las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, el pago de remuneraciones (que incluye salarios y contribuciones sociales), y los aportes del Estado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En su informe, el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa concluyó que el 95,8% de los recursos presupuestados para 2023 corresponden a la categoría de gastos ineludibles.

Ese porcentaje se mantiene prácticamente constante en comparación con el presupuesto vigente en el cual la rigidez presupuestaria ha sido de un 95,4%.

La asignación de recursos para ese tipo de gastos en el proyecto de presupuesto 2023 se incluyen en cumplimiento de mandatos legales y no pueden eludirse.

Dos de ellos son los montos presupuestados para financiar gastos en educación y administración judicial, según mandato constitucional. Entre ambos representan el 24,5% (¢3 billones) del presupuesto nacional para el próximo año.

Dentro de esos destinos, la mayor erogación proviene de la norma establecida en el artículo 78 de la Constitución Política que ordena asignar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) al financiamiento a la educación estatal (desde la enseñanza preescolar hasta la superior). A partir de 2020 también contempla el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

El financiamiento de la educación superior también está ordenado en el artículo 85 que establece la obligatoriedad de dotar de recursos a las universidades estatales. Para ello el Estado suscribe un convenio que se ajusta anualmente por la inflación.

Mientras, según el artículo 177 de la Constitución, al Poder Judicial le corresponde al menos el 6% del total de ingresos corrientes u ordinarios.

Deuda y pensiones

Otras obligaciones ineludibles consumen más de la mitad del presupuesto nacional para 2023 (64%).

Las principales son el pago del Servicio de la Deuda Pública (incluyendo intereses y amortizaciones), que concentra el 46,7% del presupuesto (¢5,7 billones), y el pago de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, que se llevan el 9,2% (¢1,1 billones).

También está incluido el pago de todas las remuneraciones salariales, para lo cual está presupuestado un total de ¢839.374,8 millones que equivalen al 6,84% del  presupuesto para el próximo año. En ese monto no se incluyen las remuneraciones que corresponden al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Poder Judicial.

Los destinos fijados por otras normas legales y vinculados a ingresos representan el 7,2% (¢797.561,4 millones) del total del presupuesto de la República para 2023.

Entre ellos destacan los recursos asignados al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y las asignaciones al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que provienen del impuesto único a los combustibles y el impuesto a la propiedad de vehículos.

También se incluye el financiamiento para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), los recursos para las municipalidades provenientes del impuesto único a los combustibles, del impuesto a la exportación del banano y de la Ley de Transferencia de Competencias, así como otros destinos al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), fondos migratorios, Aviación Civil, asociaciones de desarrollo y Banca para el Desarrollo.

¿Y para lo demás?

De acuerdo con el informe del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, para 2023 el Gobierno dispondrá apenas de un 4,2% para otros gastos asociados a la administración.

La mayoría de esos gastos están comprendidos en la partida de servicios del presupuesto, específicamente el pago de alquileres, seguros, servicios generales y mantenimiento, y en la partida de materiales y suministros, que incluye las compras de combustibles, lubricantes y repuestos para la flotilla de vehículos, además textiles y vestuario para los cuerpos policiales, y la compra de materiales y productos asfálticos.

En el documento, se señala que la rigidez presupuestaria dificulta la operatividad y las inversiones que requiere implementar el Gobierno Central.

"Además, restringe notoriamente la posibilidad de atender el déficit fiscal, así como las necesidades crecientes de la
población que se asocian a diversas áreas. Para lidiar con el carácter estructural de esta rigidez se requiere de un gran esfuerzo país y de la combinación de diversas medidas de política fiscal, como mejorar la recaudación para obtener
nuevos ingresos; sostenibilidad y contención de los gastos y una buena estrategia de financiamiento, sin que se escape la revisión del diseño institucional del Estado con miras a mejorar su eficiencia y a reflejar mayor calidad del gasto", se concluye.

El presupuesto nacional de 2023, por un monto total de ¢12,3 billones, se financia en un 59,06% con ingresos corrientes, en un 0,06% con ingresos de capital y en un 40,88% con deuda.

El proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente legislativo 23.318, lo estudia la Comisión de Asuntos Hacendarios. Este órgano del Congreso deberá dictaminarlo a más tardar a finales de octubre y luego será remitido al Plenario Legislativo para su discusión y votación en noviembre.