9 funcionarios de confianza de Alvarado guardan silencio sobre la UPAD
A pesar de ello asegura que su renuencia a declarar no debilitará la investigación
(CRHoy.com) La diputada liberacionista y presidenta de la comisión investigadora del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), Silvia Hernández acusó y reprochó que a lo largo de esta investigación, un total de nueve personas, entre exfuncionarios y funcionarios de confianza del presidente Carlos Alvarado, se han quedado callados ante los cuestionamientos acerca de su participación e involucramiento en este caso.
Este miércoles la comisión recibió en audiencia a tres exfuncionarios cuya declaración hubiera sido importante para la investigación de los legisladores, pero que prefirieron abstenerse de declarar. Se trata del exasesor del presidente y excoordinador de la UPAD Diego Fernández y de los exanalistas de datos Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.
Al igual que ellos, Hernández acusó que no respondieron las preguntas de los diputados el exministro de Planificación Luis Daniel Soto; el exasesor legal de Alvarado y creador del decreto UPAD Luis Salazar Muñoz; la exjefa de despacho del Mandatario Felly Salas; el actual director del Sistema Único de Beneficiarios del Estado Erickson Álvarez; la exembajadora ante Colombia y expresidenta del IMAS María Fullmen Salazar y Santiago Álvarez, actual asesor del Mandatario y sobre quien incluso hay una acusación penal por el presunto delito de traslado de información sin autorización.
Nueve personas que no rinden cuentas, algunos todavía ocupando sus puestos públicos, bajo el ala complaciente y protectora del presidente de la República. Nueve personas que evaden su responsabilidad con Costa Rica, que rehúyen a responder por sus actos ante la representación popular en este Parlamento. Nueve personas, que con sus actos y su silencio enlodan el buen nombre del servicio público, acusó Hernández.
La diputada subrayó que a pesar del silencio de estas personas, la investigación no se verá afectada, pues se cuenta con el testimonio y declaración de otras personas, pruebas documentales y opiniones de expertos.
"Esto será suficiente para darle claridad al país de los hechos que se investigan. Esta comisión dará los hechos a Costa Rica de manera responsable", añadió la diputada.
Semanas atrás en declaraciones a este medio, la legisladora dijo que además de su informe al Plenario, la comisión de la UPAD hará recomendaciones de reformas en materia legal y constitucional para resguardar los datos personales y sensibles de los ciudadanos.
La comisión de la UPAD ahora tiene por delante tres audiencias pendientes: la del actual diputado del PAC y exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, la de la ministra de Planificación, Pilar Garrido y la del presidente Alvardo.
La UPAD fue el órgano que el gobierno del Bicentenario de Carlos Alvarado creó con la intención de tener acceso irrestricto a datos personales e información sensible de los costarricenses. Quienes usaron esta información, no firmaron acuerdos de confidencialidad y gestionaron información al margen de la ley.
Por este caso el mismo presidente Alvarado enfrenta una investigación judicial y por primera vez en la historia nacional, la Presidencia de la República fue allanada por agentes judiciales.