70% de detenidos quedan bajo prisión preventiva: En 3 años, OIJ puso a 3 mil sospechosos tras las rejas

Al menos el 70% de los sospechosos detenidos permanecen bajo prisión preventiva, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En los últimos tres años, la policía judicial ha enviado unas 3.000 personas a la cárcel. 

Contrario a la postura reiterada por el Gobierno y el mandatario Rodrigo Chaves, quienes insisten en que los imputados quedan en libertad, lo cierto es que la gran mayoría de las personas involucradas en delitos permanecen bajo arresto mientras se les juzga.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, detalló que, aunque la prisión preventiva se concibe como una medida excepcional y no como regla general según lo establece la ley, las cifras muestran que la mayoría de los sospechosos continúan en la cárcel.

"La prisión preventiva es algo excepcional, pero en el caso de Costa Rica, cuando el OIJ y la Fiscalía actúan, aproximadamente el 70% que son presentadas para que sean puestas con una medida cautelar de estas, son puestas en prisión preventiva", señaló el jefe policial en una comparecencia ante el Congreso.

Zúñiga también aclaró que no todos los imputados participan con el mismo nivel de responsabilidad ni representan el mismo grado de peligrosidad o riesgo de fuga. En algunos casos basta con reseñarlos mientras la causa penal avanza.

"Si la participación de un grupo criminal grande de 8 o 15 personas se va a limitar en hacer una consulta en una base de datos, en prestar una cuenta SINPE para que hagan un depósito de dinero o ese tipo de cosas, muy probablemente a pesar de que esa persona la detenemos porque tenemos que reseñarla, tomarle huellas y todo, cuando se pidan las medidas cautelares no va a estar dentro de ese cúmulo de privados de libertad.

Pero los principales que sí están directamente en el homicidio o los que secuestraron a una persona van a ir seguramente a prisión preventiva en la mayoría de los casos. Habrá alguna excepción muy rara que no suceda así, pero ese es el promedio que tenemos en estadística", explicó Zúñiga.

Por su parte, Carlo Díaz, fiscal general de la República, aseguró que cada caso se valora individualmente para determinar si corresponde solicitar prisión preventiva.

"En el Ministerio Público nos hemos enfocado en atacar la delincuencia violenta, el crimen organizado y la corrupción. Y cuando se considera procedente de acuerdo a las normas procesales y además necesaria la prisión preventiva la vamos a solicitar", indicó Díaz.

El jefe del OIJ agregó en declaraciones a CR Hoy que el aumento de detenciones ha sido producto del trabajo de la policía judicial contra el crimen organizado, lo que incluso ha obligado al sistema penitenciario a buscar cómo ampliar su capacidad.

"Desde que inició este gobierno, se han puesto a más de 3 mil personas en prisión: pasó de 15 mil a 18 mil. Se quiere hacer un anexo nuevo en (la cárcel) la Reforma y es precisamente porque se está metiendo cada vez más personas a prisión", añadió Zúñiga.

De hecho que el ministro de Justicia, Gerald Campos, cercano al mandatario Chaves, reconoció el incremento de la cantidad de detenidos en cárceles, aunque en el pasado cuestionó la supuesta liberación de detenidos.

"Hay un incremento en la población penitenciaria, amanecimos con un 39% (de sobrepoblación) y estamos a punto de llegar a un 40%. (…) Hay cosas que yo no puedo manejar como el incremento de la población penitenciaria, eso depende del trabajo del Poder Judicial. (…)

En años anteriores hubo un crecimiento importante: pasamos de un 10% de sobrepoblación a más de 30% de hacinamiento. Son situaciones que se dan a la luz del trabajo y de las órdenes de prisión que remite el Poder Judicial", señaló Campos esta misma semana ante el Congreso.

A pesar de estas cifras, el Gobierno insiste en responsabilizar a la judicatura, al Ministerio Público y al OIJ por la supuesta liberación temprana de arrestados. Durante una visita a Limón, el propio Rodrigo Chaves reiteró este discurso.

"La policía está haciendo lo posible y más. El Ministerio de Justicia cuando se los dan, los guardan en máxima seguridad. Pero hay otros que los sueltan, que les dan cariñitos en máxima seguridad.

Hay otros que cuando entra la policía con el detenido, sale el detenido primero casi que con la policía. Hemos mejorado algunas cosas, sobre todos los crímenes contra la propiedad, pero Costa Rica necesita un cambio en el Poder Judicial", manifestó el gobernante.

Su ministro de Seguridad, Mario Zamora, también ha evadido responsabilidad por la ola de homicidios y la inseguridad que enfrenta el país, atribuyéndola a esa supuesta liberación.

"Si este problema sigue, es porque detenemos y lamentablemente los detenidos están en la calle nuevamente volviéndole a hacerle el mal a la gente. Vamos a trabajar duro en esa reforma legal y esperemos que el Poder Judicial aplique con fuerza nuestras leyes", añadió Zamora.

Esta misma semana, en un programa televisado de Presidencia, Zamora insistió en esa línea discursiva.

"La Fuerza Pública lleva 140 mil aprehensiones. Sin embargo, un porcentaje significativo recae sobre las mismas que vuelven nuevamente a quedar libres para seguir delinquiendo.

De ahí la necesidad absoluta que tiene este país de endurecer sus leyes penales, pero sobre todo la aplicación judicial de esas leyes", manifestó Zamora el pasado 17 de setiembre.