47 personas quedan exoneradas del caso de la trocha fronteriza
No se encontraron los suficientes elementos de prueba para determinar posibles responsabilidades penales
Un total de 47 personas que fueron investigadas por el caso conocido mediáticamente como 'trocha fronteriza' recibieron un sobreseimiento definitivo tras una resolución dictada por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José con fecha del 8 de noviembre.
En el listado de esas personas que fueron investigadas por presuntos delitos de peculado, entre otros, en perjuicio del Estado de Costa Rica figuran empresarios dedicados a actividades de construcción. No obstante, también aparecen Laura Chinchilla, expresidenta de la República (2010-2014); Luis Liberman, vicepresidente de la República en ese mismo período y Francisco Jiménez Reyes, exministro de Obras Públicas y Transportes (entre 2010 y 2014).
Según cita la resolución dictada por la jueza penal Ana Laura Arce Hidalgo, de la cual este medio tiene copia, se dictó el sobreseimiento definitivo en virtud de que "existía falta de certeza e imposibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, atipicidad o no fueron cometidos por los imputados".
En la lista de personas que fueron sobreseídas también figura Ana Virginia Calzada, exmagistrada de la Sala Constitucional. Ella fue investigada tras una denuncia que señaló posibles anomalías en un recurso de amparo –declarado sin lugar- para frenar el avance del proyecto. Al final, no se encontraron suficientes elementos para establecer alguna irregularidad.
También, fue sobreseído el exfiscal general Jorge Chavarría Guzmán (2010-2017).
¿Por qué estas 47 personas?
El 17 de enero de 2017, la Fiscalía General -encabezada por Chavarría Guzmán presentó la acusación por la polémica obra. En total, 26 personas fueron señaladas.
¿Quiénes figuran en esa acusación? Funcionarios públicos, inspectores aparentemente falsos, así como empresarios y familiares.
El caso analizó posibles delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales.
A partir de eso, el Ministerio Público abrió un testimonio de piezas (causa penal separada) para determinar la responsabilidad de las otras 47 personas que figuraron como sospechosas en algún momento durante el desarrollo de la causa. Este caso se siguió en el numeral 17-5-1218-PE.
"Cuando la Fiscalía acusó a las 26 personas, otras 47 continuaron bajo investigación, en otro expediente abierto mediante un testimonio de piezas. Este caso lo conforman imputados de los cuales, una vez revisada la prueba, se determinó que la misma era insuficiente para redactar una acusación, o que, del todo, no había prueba para acreditar que ellos habían participado en los hechos delictivos acusados a otras personas en el expediente 12-53-621-PE.
"Asimismo, existía un grupo de personas en cuyo caso los hechos eran totalmente atípicos, es decir, no constituían delito alguno. Por esa razón, en setiembre del 2018 se solicitó el sobreseimiento definitivo a favor de las 47 personas", explicó la FIscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en un correo electrónico remitido a CRHoy.com.
El Juzgado Penal de Hacienda revisó y analizó la petición de la FAPTA y resolvió conforme a lo pedido.
De paso, la fiscalía aseguró que no darán entrevistas al respecto.
El caso
La polémica obra fue desarrollada desde 2010 por el gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), mediante un decreto de emergencia nacional ante la disputa fronteriza con Nicaragua. Sin embargo, nunca se concluyó en su totalidad y dejó de ser una prioridad para el Ejecutivo.
Según cálculos hechos por la fiscalía, el perjuicio económico que sufrieron las arcas estatales supera los ¢1.200 millones.
De acuerdo con la investigación, habría existido un nexo delictivo de confianza entre funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y un grupo de empresarios con el único afán de saquear las arcas estatales.