42 diputados aprueban entre 2 y 4 años de cárcel por introducir celulares a cárceles
Este lunes, de manera unánime, los 42 congresistas presentes en la sesión del plenario legislativo aprobaron, en primer debate, el proyecto de ley que busca penalizar la introducción de teléfonos celulares y otros dispositivos de telecomunicaciones en las cárceles.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo en febrero anterior, fija penas de prisión de entre 2 y 4 años por esta práctica.
El texto de la propuesta de ley también establece que la pena se agravará en un tercio si la introducción del aparato celular en una prisión es realizada por funcionarios públicos, proveedores de servicios o productos a centros penitenciarios, abogados en el ejercicio de su función, o personas a quienes se les haya autorizado de manera especial el ingreso a un centro penitenciario.
La propuesta de ley 24.162 busca adicionar el artículo 257 quáter al Código Penal para procesar a aquellas personas que introduzcan teléfonos celulares y otros aparatos de comunicación en las prisiones.
La introducción ilegal de celulares y chips en las cárceles permite a los reclusos coordinar actividades criminales fuera de las instalaciones, tales como tráfico de drogas, extorsiones, estafas informáticas y homicidios.
Estadísticas oficiales indican que, durante 2023, la Policía Penitenciaria logró interceptar el ingreso de 2.683 teléfonos celulares a las cárceles del país. Además, se incautaron 3.592 chips o tarjetas SIM, así como unos 4.954 artículos electrónicos, como cargadores, cables y dispositivos similares.
La votación en segundo y último debate está prevista para el próximo 22 de abril.
