13 jerarcas y altos exfuncionarios comparecerán sobre posibles nexos del gobierno Chaves con crimen organizado

Al menos 13 jerarcas de diferentes instancias en el Poder Ejecutivo y órganos del Poder Judicial, así como exministros, ex viceministros y otros antiguos funcionarios de altos cargos serán los primeros en comparecer ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en la investigación para determinar la posible existencia de un "narcoestado" en Costa Rica.

Este jueves, dicho órgano parlamentario aprobó una moción para traer a cuentas al ministro Mario Zamora y el viceministro Manuel Jiménez Steller nuevamente, como parte de las indagaciones sobre decisiones tomadas sobre los cuerpos policiales y que han levantado tanto sospechas como cuestionamientos. 

Exministros y exviceministros de Seguridad, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y otros exfuncionarios vinculados a la Fiscalía, al OIJ y a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), también deberán brindar sus criterios ante los diputados.

La investigación que perseguirán los diputados, pretende seguirle la pista a las sospechosas que se han elevado en los últimos años, sobre el gobierno del mandatario Rodrigo Chaves Robles y su posible nexo con algunas actividades de la delincuencia organizada, así como decisiones y movimientos hechos por el actual Poder Ejecutivo que en apariencia, debilitan la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos.

El pasado 10 de octubre, el plenario aprobó una moción para que se abriera dicha investigación, a cargo de la Comisión de Seguridad.

La intención de los diputados es obtener información y conocimiento de jerarca, expertos y especialistas en el combate contra el crimen organizado, a través de las 13 audiencias aprobadas, detalladas a continuación.

1. Jorge Torres Carrillo: exministro de Seguridad Pública durante el primer año de gestión del actual gobierno, además de ser el actual director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), servicio adscrito al Ministerio de la Presidencia.
2. Daniel Calderón Rodríguez: exviceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública durante este gobierno hasta mayo del 2023, así como exdirector de la Fuerza Pública. 
3. Coronel Martín Arias Araya: exdirector general del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y exviceministro de Unidades Especiales durante el actual gobierno, hasta mayo del 2023.
4. Hans Sequeira Cole: exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) durante el actual gobierno.
5. Exleine Sánchez Torres: exviceministro del Ministerio de Justicia y Paz, así como director en la Delegación Regional de Santa Cruz del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Fue removido luego de advertir peligros de implementar estructuras tipo carpas dentro de las cárceles, tal como lo tenía ideado el jerarca Gerald Campos Valverde.
6. Sergio Sevilla Pérez: exviceministro en el Ministerio de Justicia y Paz.
7. Randall Zúñiga López: director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
8. Mario Zamora Cordero: ministro de Seguridad Pública.
9. Manuel Jiménez Steller: viceministro de Unidades Especiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), nombrado también como director a.i. del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), pese a que no cumple con los requisitos de ley.
10. Rafael Guillén Elizondo: exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
11. Álvaro Ramos Rechnitz: exministro de Gobernación y Policía, así como ex viceministro de Seguridad.
12. Gustavo Mata Vega: exministro de Seguridad Pública y ex subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
13. Francisco Dall'Anese Ruiz: exfiscal general de la República y exjuez.

"Efectivamente esa moción y esas audiencias ya serán parte de ese expediente. Pero estas que hemos tenido (sobre irregularidades en Guardacostas) que se empezaron a abrir como al mismo tiempo, igual las vamos a anexar al expediente.

Todo esto va a formar parte de este expediente oficial, formal de la comisión de investigación sobre lo que hemos llamado indicios de un narcoestado, o decisiones que han favorecido en la práctica, conscientes o no, a los narcotraficantes", destacó la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio.

¿Vínculos con crimen organizado?

Cabe indicar que el Ministerio Público investiga a Rodrigo Chaves por posibles vínculos con el crimen organizado. Se trata de una causa penal que se abrió por presunta legitimación de capitales.

El caso que se tramita en el expediente 24-000029-0033-PE, el cual se mantiene en curso, informó el ente acusador ante consulta de este medio semanas atrás.

"Se denunció la presunta adquisición irregular de una vivienda y unos relojes por parte del señor presidente, producto de aparentes alianzas con grupos delincuenciales", destacó la Fiscalía.

Esta es una de las 51 causas penales que se han abierto contra el mandatario Chaves Robles, a la que se suma otra por el aparente delito de favorecimiento personal. En este expediente (24-000043-0033-PE) a cargo de la Fiscalía General, también figura el ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero. 

Otros motivos de preocupación para los diputados, es que en agosto anterior trascendió que el presidente Chaves tenía en su despacho pendientes de firmar 25 leyes aprobadas por el Congreso, 7 de ellas para atacar al crimen organizado. Este caso fue dado a conocer por crhoy.com.

A esto se suman varios traslados y cierres sensibles en el Servicio Nacional de Guardacostas, para lo cual ya se han realizado audiencia y será incorporado al expediente de investigación legislativa.

Entre los cuestionamientos, está el cierre de la estación en Sixaola movilizada hacia Portete en Limón, dejando el Caribe sur desprotegido. Así como la extracción comando élite naval que operaba en Bahía Drake, el cierre del Centro de Operaciones y su traslado a Base Dos del Aeropuerto Juan Santamaría, así como el destierro de Quepos de la Academia Nacional de Guardacostas.

También se cuestionó en la moción que abrió la investigación, un supuesto "debilitamiento en el acompañamiento del Ministerio de Seguridad en operativos contra la delincuencia organizada, e igual una ausencia total de apoyo de la Unidad Especializada de Intervención (UEI), así como movimientos de personal de la Policía de Control de Drogas (PCD) y finalmente falta de apoyo de Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica (SVA) en operativos".

Finalmente, se cita entre los motivos para pedir la investigación una aparente "complicidad en el uso irregular de escáneres" para la detención de drogas en los puestos fronterizos del país.