(VIDEO) Rodrigo Chaves también defendió cuestionado contrato con cooperativas

El pasado 21 de agosto durante sus programas televisados de los miércoles, el mandatario Rodrigo Chaves y Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) -hoy detenida-, defendieron los contratos a varias cooperativas para la administración de unos 138 ebais: adjudicación con un sobrecosto estimado de unos ₡12.400 millones por año.

Prácticamente un mes antes de los 28 allanamientos y 8 detenciones de Esquivel, a sabiendas de que ya existían denuncias penales por estos hechos, la jerarca usó prácticamente 15 minutos en justificar la decisión. Entre otras cosas, dijo:

La decisión, pueden estar absoluta y totalmente claros que se tomó amparado a los criterios técnicos más elaborados yo creo que de la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Más de un millón de datos se analizaron para poder tomar esta decisión y realmente lo que ha salido en la prensa y lo que ha sido denunciado por los sindicatos, que yo creo que tienen miedo de estos procesos porque ponen a la Caja en evidencia, que muchos indicadores de salud son mejor brindados o mejor prestados por las cooperativas y estos operadores privados que por la misma institución. (…)

Desde el día 1 hemos sentido los ataques institucionales, sobre todo de las organizaciones sindicales que probablemente sienten que aquí no van a tener afiliados que paguen una cuota y a lo interno por supuesto hay un tema ideológico muy negativo donde yo presidente, no me voy a dejar. (…)

En ese momento, la jerarca reconoció que los miembros de la Junta Directiva fueron "aliados clave" en la decisión de aprobar el contrato, hoy cuestionado por las autoridades judiciales. Esquivel dijo:

Por eso traje (al programa semanal) a la Junta Directiva, presidente, porque ellos han sido aliados estratégicos en que las amenazas, todos los insultos y acciones peyorativas de denuncias penales denuncias en el Consejo de Gobierno y en todos los niveles no nos han hecho mella, para tomar las decisiones. 

Según la presidenta de la Caja, una de las razones para otorgarle el jugoso contrato a las cooperativas es que para asumir ese servicio, la institución debía tomar 12 años.

Lo que dijo Chaves

La adjudicación hecha por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la operación de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) por parte de cooperativas, bajo investigación del Ministerio Público, representaría para la entidad un pago de sobreprecios total de $239 millones durante los 10 años de contrato.

Esto es seis veces más de lo que costó todo el crédito por el sonado caso Caja- Fischel: un escándalo con un préstamo que se totalizaba $39,5 millones y se avaló para la compra de equipo médico, en un caso que fue destapado en 2004.

Pese a estos elevados sobrecostos, el mandatario Rodrigo Chaves también defendió la decisión de la Junta Directiva de la CCSS y manifestó el 21 de agosto pasado que "los colones son escasos". Dijo:

El enfoque del gobierno es hacer que haya mucho capital humano, mucha salud, mucha educación, gastando cada colón porque son escasos. Necesidades y deseos no tienen límite, pero los colones reales que están disponibles son escasos. 

Ellos -la cooperativa- compra su propio equipo, esas son menos licitaciones de máquinas, menos oportunidades.

La cooperativa va a controlar los gastos porque es una cooperativa de autogestión, ¿verdad? (Hay varias, responde Esquivel) y se lo pagan del excedente cooperativo, entonces tiene que generar excedentes. 

 

Chaves incluso estrechó la mano y abrazó a algunos de los miembros de la Junta Directiva que pasó la noche en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Escándalo en la CCSS

Oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social en San José fueron el foco de los operativos que realizó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la Oficina Anticorrupción del OIJ, para investigar los supuestos delitos en los cuales aparentemente incurrieron directivos de la entidad, al adjudicar contratos para la administración de Ebais.

La oficina de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, la gerencia general y la gerencia médica, las Direcciones de TI y Proyección de Servicios de Salud, así como una oficina en el hospital de San Ramón, son parte de las locaciones allanadas.

También se realizaron diligencias en la sede principal de Coopesalud (cooperativa que administra dos clínicas del Área de Salud de Pavas y el Área de Salud de Desamparados 2); en las instalaciones de Coopesana (a cargo de los centros médicos de Escazú, Santa Ana y San Francisco); en Coopesiba (administrador de clínicas en San Pablo y Barva de Heredia); en Coopesain de Tibás; así como Asemeco, empresa encargad de los Ebais de La Carpio, San Sebastián y Paso Ancho, según consta en la denuncia presentada por la Auditoría de la CCSS ante el Ministerio Público.

Adicionalmente, se allanó la residencia donde vive Marta Esquivel en una torre de apartamentos en Barrio Escalante y 11 viviendas más en San José, Alajuela, Cartago y Heredia.

No obstante, la jerarca estaba en la Zona Sur del país y se entregó en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Zeledón. Desde allí fue sacada en una patrulla tipo perrera de la policía judicial a eso de las 10:00 a.m., de la Unidad de Cárceles del OIJ.

La presidenta de la CCSS es la sospechosa de mayor jerarquía, aunque también figuran al menos 7 directivos, exdirectivos y altos funcionarios que fueron detenidos. Esquivel fue la última en arribar a las celdas del II Circuito Judicial de Goicoechea, cerca de las 12:30 m.d. de este lunes.

Los 8 imputados serán indagados por la Fiscalía Anticorrupción: a ellos se les inculpa los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricato e influencia contra la Hacienda Pública.

Posteriormente, se llevaría a cabo una audiencia de medidas cautelares será en Goicoechea, donde se ubica el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Los demás arrestados son de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez, Quirós y Camareno.

Hace un mes, el pasado 21 de agosto, Esquivel presentó a los miembros de la Junta Directiva que aprobaron la adjudicación, quienes hoy figuran como sospechosos y permanecen detenidos.

Son Jorge Porras López (quien renunció y estaba por salir) y María Isabel Camareno Camareno, representante del Estado; como representantes de los patronos estuvieron y fueron arrestados Johnny Gómez Pana y Jorge Luis Araya Chaves, quien hoy es Director Ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

Cabe destacar que la agrupación empresarial señaló que por tratarse de un tema que se encuentra en su primera etapa judicial, UCCAEP respetará el debido proceso y, por tanto, no adelantará criterio sobre el tema.

También están investigados Zeirith Rojas Cerna, el actual vicepresidente de la Junta Directiva y representante de los patronos; María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, quien es gerente general interina y fue directora de Proyección de Servicios de Salud desde el 2008.

Roberto Quirós Coronado, exdirectivo representante de los patronos, también permanece bajo órdenes de la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con el preliminar de la investigación que comenzó a principios del 2023, al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el cual habrían ejercido controles y aportes para modificar las condiciones del acuerdo.

El proceso fue seguido, pese a las recomendaciones por parte de la Junta de Adquisiciones de la institución de declarar infructuosa la contratación. Según el OIJ, los imputados sabían del perjuicio económico que sufriría la institución y dejaron de lado los criterios técnicos.

"Resulta ser que hay un contrato realizado en el año 2021 con una vigencia de 4 años y este fue cancelado, anulado y modificado por un nuevo contrato en el cual se amplían los plazos. Además de eso, cambian los montos que se tenían que pagar.

Al respecto, el departamento financiero de la CCSS rechazó la posibilidad que se ampliaran los plazos y de que aumentaran los costos, siendo que lo usual según este departamento, es que anualmente se reconozca un incremento del 2% al 3% por costo de la vida e inflación.

Sin embargo, en el nuevo contrato los montos superaban al 33% de aumento, versus el contrato ya aprobado y cancelado en el 2021.

Resulta que se está pagando de más en apariencia, un total ₡1.033 millones por mes, siendo que al final del año el monto pagado de más es de prácticamente ₡12.400 millones", recalcó el director del OIJ, Randall Zúñiga.

La contratación era un concurso público para la administración de 138 ebais en el Área Metropolitana. De acuerdo con la Fiscalía, los directivos de ese momento influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.

Según el Ministerio Público, este contrato hacía más costoso lo que invertiría, que si la CCSS tuviera que asumir el servicio. Además, las autoridades judiciales presumen que los miembros de esa Junta sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida.

Equipos de fiscales y policías trabajaron en la mañana, en registrar los inmuebles allanados para localizar prueba que puedan incorporar al expediente bajo investigación 24-000267-1218-PE.

"Esta es una investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de una denuncia que presentó la propia Auditoría de la CCSS. En la misma, se investiga la contratación de servicios de salud de 138 Ebais, con precios sumamente excesivos. Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva. 

Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la CCSS que presentó la denuncia, pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus observaciones e informes en la misma. Consideramos que el mismo tiene el sustento probatorio necesario para poder continuar el trámite respectivo y la investigación de los delitos.

Esta investigación reviste de mucha importancia porque se están disponiendo de muchos recursos públicos, más de ₡12.400 millones al año: esto va a afectar el bolsillo de los costarricenses y el sistema de salud en donde habrá un detrimento al pagar precios excesivos", indicó el fiscal general Carlo Díaz.

El jerarca del Ministerio Público defendió que el actuar del órgano acusador es objetivo e independiente.