Usuarios pagaron tarifas eléctricas más altas en 2023 y 2024: no les reconocieron más de ₡58 mil millones

Los clientes del servicio eléctrico ofrecido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pagaron tarifas más altas entre 2023 y 2024 debido a que no se reconoció a favor de los usuarios un monto superior a los ₡58 mil millones.

Esta situación ocurrió, según advirtió la Contraloría General de la República (CGR), debido a que no se reflejaron adecuadamente los costos operativos de esos 2 años. Además, existe incertidumbre sobre si hay saldos a favor de los usuarios producto del impacto que generó en 2020 la aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 16 (norma contable sobre arrendamientos) por parte del instituto.

La Aresep tiene 2 formas para reconocer costos e ingresos en las tarifas. La primera corresponde a valores estimados de costos operativos, inversiones y demanda que los operadores proyectan para un período futuro, con el fin de asegurar la prestación del servicio. La segunda forma corresponde a la liquidación tarifaria, que consiste en el reconocimiento de los saldos entre los costos e ingresos estimados de periodos anteriores versus los valores reales. Esta liquidación permite corregir desviaciones, ya sea para compensar ingresos que los operadores no percibieron o para devolver montos cobrados en exceso a las personas usuarias.

Según una auditoría realizada por la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa (DFOE) de la Contraloría General de la República (CGR), la Aresep no incluyó las liquidaciones tarifarias de los periodos 2021 y 2022 en la fijación de las tarifas eléctricas de generación, transmisión y distribución del ICE de 2023 y 2024, respectivamente, como debían ser reconocidas oportunamente.

"En su lugar, incorporó las liquidaciones de los años 2021, 2022 y 2023, en las tarifas de 2025, acumulando en ese año los ajustes de 3 períodos", puntualizó el informe, divulgado este 12 de mayo.

De igual forma, el ente contralor sostuvo que la Aresep no aplicó para 2020 el mismo criterio regulatorio aplicado para 2021, 2022 y 2023, al reconocer el impacto tarifario del cumplimiento de la NIIF 16 por parte del ICE, lo cual implicó reclasificar 7 plantas de generación eléctrica BOT (construcción, operación y transferencia) como arrendamientos financieros en lugar de operativos.

"Así, en 2024, la autoridad efectuó estudios tarifarios extraordinarios que ajustaron los estados de resultados (ingresos y gastos) de referencia para 2021, 2022 y 2023, lo cual resultó en una devolución de ₡77.936 millones a las personas usuarias mediante tarifas de 2025. No obstante, no hizo esto para determinar el efecto correspondiente a 2020, año desde el cual aplicaba el cumplimiento de la citada norma, de acuerdo con la resolución RE-0125-IE-2020 de la Aresep", recalcó la auditoría.

Para la CGR, todo esto ocurrió debido a que el instituto no presentó estudios tarifarios ordinarios ante la Aresep durante 2022, ni las correspondientes liquidaciones tarifarias de 2021.

Además, previo a 2023, la autoridad reguladora no había identificado las limitaciones presentes en las metodologías tarifarias de generación, transmisión y distribución que impedían reflejar el impacto de la aplicación de las NIIF 16 por parte del ICE, en 2020, 2021 y 2022. De igual manera, según la CGR, la Aresep no ha definido acciones para que los operadores presenten correctamente sus estudios ordinarios al menos de manera anual, ni ha sido oportuna en la realización de fijaciones ordinarias y extraordinarias de oficio.

"La Aresep debe garantizar que las liquidaciones tarifarias se presenten y reconozcan oportunamente dentro del estudio tarifario ordinario anual, conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley 7593 y las metodologías ordinarias vigentes. Además, debe asegurar que las tarifas reflejen los costos reales del servicio en el período correspondiente, aplicando el principio de servicio al costo, de oportunidad y equilibrio financiero, para evitar posibles afectaciones a usuarios y operadores", concluyó el informe.

La CGR subrayó que los usuarios pagaron tarifas más altas durante 2023 y 2024, pues no se reconocieron a su favor ₡28.820 millones y ₡29.056 millones, respectivamente, para un total aproximado de ₡58 mil millones, debilitando el principio de servicio al costo y el equilibrio financiero, dado que las tarifas fijadas no reflejaron con precisión los costos de esos años.

A través de un comunicado de prensa, la Aresep alegó que el informe técnico de la CGR "no responde a un análisis técnico razonado y emite criterios parciales sin análisis metodológico ni técnico suficientes".

De paso, sostuvo que incurre en aseveraciones incorrectas y potenciales infracciones a normas legales específicas que sobrepasan el ejercicio de control de la hacienda pública.

Eric Bogantes, regulador general de Aresep, envió un oficio a la CGR y consideró que se deben mantener los límites de competencia de cada institución para evitar que se produzca una transgresión entre estas.

"Además, enfatizó en que no puede sustituir el juicio técnico de órganos especializados, como la Aresep y los cuestionamientos hacia decisiones regulatorias de tarifas, deben contar con un desarrollo técnico, el cual es omiso en el informe de la CGR.

"La CGR no realizó un análisis integral de la gestión y regulación de 'los recursos de generación del servicio eléctrico' sino que hizo valoraciones parciales de temas específicos, y cuyo análisis es insuficiente para fundamentar las conclusiones que emite", citó el ente regulador.