Universidades públicas consideran que plan fiscal pone en riesgo su autonomía
Piden cambios al texto, entre los que se encuentra excluir al INA del 8% del PIB para educación.
Las universidades públicas respondieron a la consulta.
Las universidades públicas respondieron a la Asamblea Legislativa la consulta realizada sobre el expediente 20.580, proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, señalan que aunque si bien reconocen la crisis fiscal que enfrenta el país, la Universidad Nacional (UNA), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) piden que no se apruebe esta iniciativa en segundo debate.
En el caso de la UNA, el documento fue remitido por José Carlos Chinchilla, presidente del Consejo Universitario considera que esta iniciativa viola la autonomía universitaria para lo cual se fundamentan en el oficio UNA-AJ-DICT-511-2018 del 2 de octubre anterior, en el que la oficina jurídica de la institución consideró que podría estar en contra del artículo 84 de la Constitución Política que les otorga esas potestades.
"Considera esta Asesoría que el artículo 3 del proyecto podría violentar la autonomía universitaria, por cuanto pretende incluir a las instituciones autónomas en disposiciones específicas de la Ley de Salarios para el Sector Público que ya estas instituciones tienen reguladas como parte de su posibilidad de gobierno propio y organización", dicta el documento remitido a la Secretaría del Directorio.
De esta forma, anunciaron su oposición siempre y cuando no se hagan estas correcciones para que las universidades no entren dentro de esa regulación salarial.
En una línea similar, la UNED, con la firma de Ana Myriam Shing, coordinadora del Consejo Universitario, consideraron que se debe reconocer y respetar esa autonomía administrativa otorgada a los centros superiores.
"En cuanto a la toma de decisiones y demás acciones propias de la administración de su personal, potestad que les permite atraer, mantener y evaluar el personal más calificado que se requiere para el debido cumplimiento de sus funciones", detalla el artículo.
Por su parte, la UCR también considera que la iniciativa "causaría un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria".
El documento enviado por Marlen León, rectora a.i. también considera que el expediente 20.580 "otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales, en contraposición con nuestra Carta Magna y el espíritu del legislador constituyente".
Por último, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) lleva esta misma posición, con la diferencia de que recomiendan cambiar el texto en el artículo 5 sobre regla fiscal pues estiman que tiene roces constitucionales por esa misma razón. Creen que, en vez de que se indique que: "la regla fiscal será aplicable a los presupuestos de los entes y órganos del sector público no financiero", se lea de la siguiente manera: "La regla fiscal será aplicable a los presupuestos de los entes y órganos del sector público no financiero reducido".
Es así como todos estos centros superiores se sumaron a la consulta y respondieron dentro del plazo establecido, el cual se venció este lunes.
Sin el INA
Instituto Nacional de Aprendizaje. Foto con fines ilustrativos/archivo
Otro de los temas controversiales para las universidades tiene que ver con que dentro del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, se incluya al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), así como el gravamen de 2% para la compra de bienes y servicios, tal cual quedó establecido en el documento.
En el ITCR señalan que con la incursión del instituto dentro de esa partida, "no se respeta el texto constitucional y desatiende la resolución de la Sala Constitucional en el voto No. 006416-2012 de las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil doce".
Mientras en la UCR, argumentan que esto debilitaría su operatividad pues percibirían menos dinero por lo cual vendría en detrimento de la educación estatal e impactaría de forma negativa las finanzas de las universidades, por tanto, al igual que la Nacional, solicitaron a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto en segundo debate.
Por otra parte, en la casa de enseñanza con sede central en Heredia, argumentaron que con ese gravamen, según cálculos realizados por el Programa de Gestión Financiera del centro educativo, implicaría un gasto de 1.500 millones de colones para el 2019.
Pese a que el proyecto indica mediante un transitorio la devolución de los dineros por parte del Ministerio de Hacienda, critican que no está claro cuando ni cómo se realizarán esas transferencias.
El proyecto de ley fue enviado a consulta facultativa a la Sala Constitucional con firmas de diputados de Restauración Nacional, Partido Integración Nacional (PIN), así como del Frente Amplio, por lo cual, su respuesta estaría en mínimo 30 días hábiles.
Aquí puede consultar los criterios de las universidades:
