Una sátira política de cómo se eligieron ciertos diputados

En la última elección hubo 25 partidos políticos nacionales, que participaron en todas las provincias, con algunos partidos provinciales que se sumaron con candidatos a diputados. Solo en la Provincia de San José hubo 29 partidos proponiendo cada uno de ellos 21 candidatos propietarios y 5 suplentes, para un total de 546 candidatos para llenar las 21 plazas de diputados que le corresponden a la Provincia de San José. Entre todos los partidos, solo para diputados postularon 1425 candidatos propietarios.

Entre todos esos partidos y candidatos, un partido político que participaba por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, eligió sorpresivamente al Presidente de la República y a 10 diputados, de los 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Este partido que había sido fundado por Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido y diputada  electa, había facilitado la candidatura de Rodrigo Chaves. Al ganar la presidencia el partido se convirtió popularmente en el partido de gobierno, en el que gobierna, aunque el partido no gobierna. No gobierna porque el Presidente una vez electo se separa del partido que lo elige. Asume una representación nacional, de todos los costarricenses que se representan en ese Presidente.

El partido de Luz Mary Alpízar también facilitó la postulación de diputados quienes no siendo miembros ni militantes de su partido, iban en la comparsa política que se articuló alrededor de Rodrigo Chaves. No tenían vínculo ni historia con el partido. Así llegaron a la Asamblea Legislativa.

Hay que reconocer en ellos que desde que llegaron a la Asamblea Legislativa, jefeados por la diputada experta en asesorar en cómo deben mentir los miembros del Consejo de Gobierno, y otras autoridades institucionales, se han identificado como diputados de gobierno. Enfáticamente como diputados chavistas o rodriguistas. En general, todos los diputados de los partidos que han gobernado se identifican como diputados de gobierno, u oficialistas.

La relación oficialista o de gobierno es porque representan los intereses del Presidente, del partido que gobierna y porque impulsan y defienden los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo, en sus sesiones parlamentarias extraordinarias, propone para el debate legislativo, como parte de sus proyecto de gobierno o de las políticas públicas que quiere impulsar. En la realidad política debiera ser al revés. El Presidente debe canalizar las políticas que el partido que lo llevó a la presidencia y que él representa, desde el gobierno, es el que impulsa las políticas públicas y los proyectos legislativos que el partido cree que son los mejores para el desarrollo institucional del país. Pero, así no funciona el sistema. En casos como los partidos Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, cuando fueron gobierno, algo de esto funcionaba, porque habían partidos políticos sólidamente estructurados. Hoy no los hay.

Actualmente, los partidos políticos se constituyen ad hoc, para la ocasión, para el proceso electoral que se enfrenta.   Igualmente, los candidatos Presidenciales, en esa consonancia, también son ad hoc, para la ocasión, para el momento; sin proyectos políticos importantes, sin visión nacional de los problemas, sin brújula ni timón para dirigir y conducir al país, y sin partido político sólidamente estructurado con el cual pueda coordinar las políticas, valores, y programas que ese partido pueda tener.

El caso del Presidente Rodrigo Chaves es más que evidente. Es patético; es despreciable en todas sus cualidades gubernativas. Sus acciones y políticas están destruyendo y debilitando 200 años de construcción institucional democrática; 200 años de desarrollo democrático; 200 años de un Estado de Derecho; más de 80 años de un Estado Social de Derecho; está acabando con todas la grandes instituciones que han logrado hacer del país un ejemplo de democracia social avanzada, al ICE, a la CCSS, a las Universidades públicas, al sistema educativo nacional, a las instituciones emblemáticas de nuestra cultura. Está minando la estructura institucional de los Poderes públicos del Estado costarricense, está provocando la pérdida de confianza en ellos; está generando un desprecio por la Política, los Partidos Políticos; está facilitando la gestación y existencia de grupos, al estilo de las hordas fascistas y nazistas de las década de 1920 y 1930, de extremistas intolerantes, agresivos, que piden incluso "la muerte" de magistrados; y poco falta para que pasen a la acción contra todas las personas  que disientan del gobernante, y sus secuaces. Está impulsando peligrosamente un régimen y un sistema autoritario que puede tener desenlaces fatales para el modo de vida costarricense.

Los 10 diputados que eligió el partido Progreso Social Democrático es natural y válido que se sientan como los diputados de gobierno. Que defiendan las leyes del Poder Ejecutivo fanáticamente es válido. Que traten de votar a ciegas y en bloque esas leyes es válido también. Pero no pueden evitar que en algún proyecto alguno de los diputados se pueda separar de esa disciplina.

Electos por ese partido no pueden legal ni formalmente pertenecer a otro partido. Eso no lo permite la legislación electoral actual. Han participado públicamente en la constitución de otros partidos que se identifican más claramente con la figura del Presidente de la República, como chavistas o rodriguistas, casi como voceros del Presidente. El Presidente por su parte, con funcionarios de la Casa Presidencial, impulsa esas organizaciones políticas nuevas. Es válido que el Presidente, con las mieles del poder ejecutivo que está saboreando, quiera perpetuarse en el gobierno, y para ello quiera fundar otro partido, "más suyo"; no prestado como con el que llegó a Zapote; que quiera desarrollar su propia organización y medir su propio caudal y apoyo político electoral.

Lo que no pueden hacer los diputados de este partido es actuar con los dos trajes puestos. Ha sido correcta la decisión del partido Progreso Social Democrático de expulsarlos de sus filas; de que se les considere como diputados que ya no pertenecen a ese partido para todos los efectos institucionales y parlamentarios, aunque no puedan perder su curul legislativa. Pueden seguir defendiendo e identificándose con el Presidente como un grupo de diputados; sin el partido legislativo por el cual llegaron al Congreso, cuya representación legal la tiene la diputada Luz Mary Alpízar.