Tribunales para crimen organizado llegan tarde, según exdiputados

(CRHoy.com).- ""Desde la década de los años ochenta hasta la fecha el territorio costarricense ha sido ruta de tránsito y acopio de las diferentes organizaciones criminales de narcotráfico. Es significativo el número de personas detenidas por violación a la Ley de Psicotrópicos y la cantidad de droga decomisada".

Ese es el primer párrafo de la exposición de motivos de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica y que fue publicada como proyecto en La Gaceta en el 2015 para luego ser aprobada por la Asamblea Legislativa en el 4 de setiembre del 2017.

Han pasado 5 años y hasta este 2023 el Poder Judicial la implementará, mientras el país rompe récords en homicidios, la mayoría por ajustes de cuentas entre grupos dedicados al tráfico de drogas.

Tres diputados que conformaron la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que tuvo a su cargo el proyecto, en el 2017, señalaron que la implementación de la herramienta llega tarde para el país, ya que, si desde su aprobación se hubiera implementado, se hubiera convertido en una contención ante el crimen organizado y tal vez no se estarían rompiendo récords en homicidios.

Ronny Monge, exdiputado del Partido Liberación Nacional y Expresidente de la Comisión de Narcotráfico comentó que "esta herramienta que está diseñada y aprobada hace casi seis años, hubiese sido a todas luces una posibilidad para que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo pudiera utilizarla como una forma para detener el avance vertiginoso que ha tenido el crimen organizado".

Monge explicó que no solamente en el tema de las drogas, sino también en otras formas de crimen organizado como contrabando, trata de personas, secuestro, extorsión y tráfico de armas. "Nosotros le hemos quedado debiendo al país, como clase política, al no poner en práctica las herramientas que se nos han dado", comentó.

El exdiputado aseguró que hoy, tristemente, no le estamos heredando a nuestros hijos una sociedad más segura, todo lo contrario, "tendremos que decir, casi bajando la cabeza, que la sociedad que les vamos a heredar a nuestros hijos, es por mucho, más peligrosa, menos segura, y con menos oportunidades que la que recibimos nosotros", dijo.

Monge pregunta: ¿Qué es más importante, los edificios o la seguridad?

La puesta en marcha de la Jurisprudencia Contra la Delincuencia Organizada fue mencionada en la conferencia de prensa de los presidentes de los Supremos Poderes, ministros y diputados, realizada este lunes 20 de marzo del 2023 en la Asamblea Legislativa.

Además, se anunciaron una serie de reformas al Código Penal y Procesal Penal, las cuales según varios abogados penalistas no van a contribuir a frenar la ola de violencia que vive el país.

Rodolfo Brenes Vargas, abogado penalista, indicó que las medidas que se anunciaron son pertinentes; sin embargo, aseguró que "hay que tener claro que no son la respuesta al fenómeno de criminalidad que, actualmente, estamos sufriendo".

En un comunicado de prensa del 9 de setiembre del 2022, el Poder Judicial, en el marco del durante el foro parlamentario organizado por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, indicó que trabajaba en la implementación de dicha jurisdicción pero hasta ese momento no se había contado con el presupuesto necesario.

Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera y en ese momento Presidenta en ejercicio del Poder Judicial, dijo que a través de esfuerzos presupuestarios institucionales y desde la cooperación internacional, se han direccionado recursos para atender requerimientos de capacitación especializada del personal y la elaboración de los perfiles para los puestos de la jurisdicción, así como los trabajos de infraestructura para el Edificio de los Tribunales de San José, donde se ubicarán los despachos a cargo de la materia.

"A partir del próximo noviembre, el Poder Judicial nombrará al personal de la jurisdicción especializada, sin embargo, existen recursos solo para solventar los meses de noviembre y diciembre del 2022. La continuidad de la Jurisdicción especializada de crimen organizado dependerá de que se asigne el presupuesto a partir del 2023", dijo la magistrada Solano Castro.

"Las nuevas organizaciones al mando del narcotráfico se caracteriza por ser diversificadas, es decir, no solo participan del tráfico de drogas, sino que también se dedican a la piratería, al tráfico de migrantes, a la trata de personas, al secuestro, la extorsión, al tráfico de armas, entre otros", segundo párrafo de la exposición de motivos de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica.

El último hecho donde se vinculó a un juez de la República con organizaciones criminales, sucedió el 16 de marzo del 2023 pasado, cuando las autoridades judiciales detuvieron a un juez de apellido Leiva, en Cartago, quien sería sospechoso de alertas, presuntamente, a grupos de venta de drogas en la zona de acciones policiales. Tras una audiencia en el Juzgado Penal de Cartago, donde trabaja, no se le impuso ninguna medida cautelar.

Marvin Atencio, exdiputado del Partido Acción Ciudadana y quien formó parte de la Comisión de Narcotráfico en el 2017, señaló que ahora el gobierno viene a sacarse "proyecticos", existiendo las herramientas suficientes que nada más se tienen que implementar.

Atencio señaló que el problema de algunos proyectos, precisamente, es el contenido presupuestario para poder realizarlos y en un caso como la Jurisdicción de Crimen Organizado, los recursos para su puesta en marcha eran una realidad.

"Costa Rica necesita una acción rápida para que los índices de criminalidad bajen y se ocupan los recursos, en lugar de quitarles dinero, deben dárselos, para que trabajen en la forma correcta".

Exdiputado pide acciones claras y efectivas al Presidente:

El 12 de setiembre del 2022, CRHoy.com informó que el Gobierno de la República había disminuido en ¢7.838 millones el presupuesto del Poder Judicial. Y desde ese momento se anunciaba una afectación en programas del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público.

Además, a la Defensa Pública, así como a la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos sufrieron rebajas por el orden de los ¢214 y ¢243 millones, que impactan sus servicios.

Jorge Arguedas, exdiputado del Frente Amplio y quien también formó parte de la Comisión de Narcotráfico en el 2017, señaló que la implementación de la jurisdicción llega muy tarde.

"Llega demasiado tarde, no hay voluntad política, ya no hay formas de que esa ley sea exitosa, sino que la van a dejar como una ley más. No hay forma en que pueda entrarle, en serio, al narcotráfico", comentó.

Priscilla Vindas, actual diputada del Frente Amplio, comentó que lo idóneo hubiese sido que la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada hubiese entrado en funcionamiento cuando se aprobó en la Asamblea Legislativa, "pero el Poder Judicial no había tenido un presupuesto para su entrada en labores. Además, se requirió de reacomodos y capacitaciones a lo interno para poder entrar en correcto funcionamiento", dijo.

Vindas comentó que es cierto que el país vive un momento complicado en criminalidad, pero ciertamente el contar con los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la Jurisdicción de Crimen Organizado es una de las aristas necesarias para combatir la situación.

"Incluso con el expediente 23.090 se plantean mejoras a la Jurisdicción de Crimen Organizado y le otorga un presupuesto para su entrada en funcionamiento", manifestó.

En esa primera hoja de exposición de motivos del proyecto de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, cierra con el siguiente párrafo:

"La experiencia obtenida de los sucesos acontecidos en los últimos años, muestran que las redes criminales se extienden a lo interno de la institucionalidad, imponiendo su poder y su influencia a partir de sus propias reglas, lo cual también comprende la esfera de personas al servicio del Poder Judicial, principalmente a quienes laboran en zonas del territorio costarricense que forman parte de la ruta de toda estra actividad ilícita, lo cual los expone a un mayor riesgo", tercer párrafo de laexposición de motivos de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica.