Solicitan ampliación del criterio por petición de datos de clientes de telecomunicaciones

El diputado Eli Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP) solicitó una ampliación del criterio emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) sobre la petición de datos hecha por el Ministerio de Hacienda para que le brinden información detallada de clientes de los operadores de telecomunicaciones.

Se trata de una solicitud para ampliar el criterio emitido mediante el oficio 03076-SUTELACS-2025 del 8 de abril y remitido mediante oficio 03257-SUTEL-SCS-2025.

"Solicitamos que la SUTEL aclare los alcances del inciso j) del artículo 3 y el artículo 42 de la Ley General de Telecomunicaciones en cuanto a la protección integral de los datos personales de los usuarios, más allá del contenido estricto de las comunicaciones.

Que se explicite el alcance de al menos los artículos citados del Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final, particularmente en lo relativo a la entrega de datos personales a terceros sin consentimiento o sin orden legal", señala el documento firmado por el legislador liberal.

"Que se indique si, a juicio de esa Superintendencia, la ubicación georreferenciada y el tipo de contrato están también protegidos por estas disposiciones y, por tanto, sujetos a los principios de consentimiento informado, legalidad y proporcionalidad.

Remitir copia de la transcripción literal de la discusión realizada por el Consejo, asesorías y funcionarios presentes en la o las sesiones en que el Consejo analizó el tema", añade el oficio AL-PLP-EFM-030-04-2025 con fecha del 23 de abril, en la que recordaba el plazo de 10 días de ley para enviar la respuesta.

En una primera consulta, Feinzaig Mintz señaló que la SUTEL reconoce que algunos de los datos solicitados por Hacienda (como número de pasaporte, número de celular, correo electrónico y dirección física) son de uso restringido, y que su entrega requiere consentimiento del usuario o una orden legal.

Sin embargo, considera que la SUTEL omitió pronunciarse sobre otros datos sensibles como la ubicación georreferenciada y el tipo de contrato.

"Además, interpreta de manera limitada su responsabilidad en la protección de los datos personales, señalando que solo regula la privacidad de las comunicaciones (llamadas, mensajes) y no los datos personales generales, lo cual consideramos incorrecto", manifestó.

Por ello es que elaboraron el nuevo oficio dirigido a SUTEL, "solicitando aclaraciones sobre los datos que no abordaron y exigiendo que cumplan con su propio reglamento".

Al respecto, la entidad reguladora en telecomunicaciones respondió a una consulta de CR Hoy que "la Superintendencia se encuentra trabajando en una ampliación del criterio según lo requerido por el diputado Eliécer Feinzaig, la cual se le remitirá una vez que sea conocida y aprobada por el Consejo de la Sutel".

Con anterioridad, Feinzaig Mintz había recibido respuesta de varias operadoras involucradas en la consulta.

"La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y CoopeAlfaroRuiz coinciden en que Hacienda no tiene derecho a pedir esta información de manera masiva, sino únicamente en casos individuales y con justificación tributaria clara.

Un operador indicó que no entregará los datos porque la solicitud de Hacienda no cumple con los requisitos legales. Estas empresas han retenido la información solicitada y están esperando pronunciamientos oficiales.

Radiográfica Costarricense (RACSA) informó que no presta estos servicios, por lo que no posee la información solicitada", detalló el congresista.

Además, agregó que la Defensoría está investigando el caso y solicitó información a la Dirección General de Tributación con el fin de determinar si se están violando los derechos a la protección de datos, la autodeterminación informativa y el principio del consentimiento informado.

Por otro lado, a mediados de abril, la fracción del PLP presentó un recurso de amparo contra Hacienda en el que se ordena al Director General y a la Subdirectora de Inteligencia Tributaria que rindieran un informe sobre los hechos denunciados.

También la cartera tributaria debía aportar copia certificada de toda la documentación relacionada con la solicitud de datos, así como cualquier otro medio de prueba disponible.

La bancada liberal alega que las acciones de Hacienda violan derechos fundamentales como la intimidad, la autodeterminación informativa y el debido proceso, protegidos por la Constitución Política y la Ley General de Telecomunicaciones.

El recurso fue admitido y Hacienda respondió el 24 de abril a una consulta de este medio que "la Dirección General de Tributación se encuentra en este momento cumpliendo el plazo concedido por la Sala Constitucional para responder el recurso de amparo interpuesto por los señores diputados Eliécer Feinzaig Mintz, Gilberto Arnoldo Campos Cruz y Luis Diego Vargas Rodríguez.

Este caso está judicializado en la jurisdicción constitucional. Una vez que la Sala resuelva se compartirá la información".

Este medio le consultó directamente a Wendy Rivera Román, directora de la Agencia Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) su posición al respecto, e indicó que por el momento no se iba a referir al tema.

La Ley General de Telecomunicaciones es clara en su artículo 42, que establece que los operadores deben proteger tanto la privacidad de las comunicaciones como los datos personales de los usuarios y en el artículo 41, en el que da a Sutel la responsabilidad de velar por que esto se cumpla. Asimismo, el reglamento emitido por la misma SUTEL en 2023 prohíbe a los operadores entregar datos personales a terceros sin consentimiento o sin una orden legal expresa. Eli Feinzaig

El caso

El pasado 12 de marzo, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Inteligencia Tributaria, solicitó información detallada de los clientes de operadores de telecomunicaciones para que suministraran la base total de suscriptores a los que se les brinda servicios de telefonía fija (llamadas, Internet y televisión digital).

El documento firmado por Julieta Abarca Robles, de la Dirección General de Tributación establece que los archivos se deben presentar mensualmente.

Entre lo que se pide a las empresas están nombre completo, número de cédula o pasaporte, número de teléfono fijo y celular, número de servicio y tipo de contrato, así como correo electrónico de cada abonado.

También solicita información geográfica que incluye dirección exacta por provincia, cantón y distrito, lo mismo que datos georeferenciados precisos.

Pero además de los diputados, abogados especialistas en materia de telecomunicaciones y protección de datos consideran que esta solicitud está basada en premisas legales mal fundamentadas.

La cartera hacendaria alega que la información es para cruzar información y detectar posibles casos de evasión fiscal.