“Son más de 85 días sin recibir ni 100 colones”: familias claman por ley de cuido mientras Gobierno bloquea proyecto

Familias afectadas por la falta de pago del subsidio por cuido de enfermos terminales y menores gravemente enfermos cumplen una semana de manifestación frente a Casa Presidencial.

La petición es clara: que el gobierno convoque en sesiones extraordinarias el proyecto de ley 25.240, el cual garantizaría el traslado de recursos al fondo que financia dichas licencias.

De momento, Rodrigo Chaves, presidente de la República, no ha convocado el texto, pese a que más de 600 familias permanecen sin recibir el subsidio, debido a que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) agotó los fondos.

Una de las manifestantes, identificada como Nancy Quirós, relató que "estamos desesperados, son más de 85 días sin recibir ni 100 colones".

"Estamos acá desde el viernes pasado. El lunes el presidente de la República salió a hacer un show mediático, donde se nos dio en la cara y no hemos tenido respuesta. Le echó la bola a la Caja, a la Contraloría… ya obtuvimos respuesta de ambas y lo que no quieren es firmar un proyecto de la oposición", expresó Quirós.

Además, denunció que durante la manifestación de este viernes les "mandaron la policía" y que "no estaban haciendo nada, solo luchando por los hijos".

Otro manifestante, quien prefirió no revelar su nombre por temor a represalias, explicó que debe cuidar a su abuelo con cáncer terminal, metástasis en pulmones y estómago.

"Le pedimos ayuda al presidente, a la Contraloría, a la Caja, a quien tenga que ayudarnos. No es bonito estar aquí, deberíamos estar cuidando a nuestros familiares. Hay niños también que necesitan atención en casa, y esto es muy difícil", dijo.

CCSS sin recursos para licencias

Desde el 8 de octubre, la CCSS confirmó que se agotaron los recursos financieros del 2025 para el pago de subsidios por licencias extraordinarias, menor gravemente enfermo y cuido de pacientes en fase terminal.

Este año, la institución recibió ₡3.952 millones para esos subsidios. La presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, confirmó que continuarán otorgando las licencias, pero sin subsidio económico: los beneficiarios podrán ausentarse de sus trabajos, aunque no recibirán dinero.

Taylor recordó que, según el artículo 73 de la Constitución Política, la CCSS no puede utilizar sus propios recursos para cubrir esos pagos.

"Una vez alcanzado ese tope, no se cuenta con capacidad presupuestaria ni en la CCSS ni en el MTSS para realizar desembolsos adicionales", declaró.

La Caja administra los fondos que transfiere la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Una reciente auditoría interna de la CCSS advirtió que el programa enfrenta una "insuficiencia de recursos" estimada en ₡2.100 millones para cubrir los subsidios de septiembre a diciembre. El informe también señala que el aumento sostenido de beneficiarios ha superado las previsiones iniciales de financiamiento.

El bloqueo de Chaves

Pese a los llamados de las familias, el presidente Rodrigo Chaves Robles mantiene bloqueado el proyecto de ley 25.240.

Desde que el Congreso entró en sesiones extraordinarias el 3 de noviembre, el Ejecutivo controla la agenda legislativa, pero el mandatario no ha convocado el texto.

El expediente 25.240 busca autorizar el uso de recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) por encima del 0,5 % actual para cubrir los subsidios, una medida considerada indispensable por la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Trabajo.

Chaves, sin embargo, insiste en que la ley es innecesaria.

"Los ₡2.700 millones aprobados en el Tercer Presupuesto Extraordinario solo requieren aval de la Junta Directiva de la Caja y de la Contraloría", afirmó esta semana.

No obstante, tanto la Contraloría como el propio ministro de Trabajo, Andrés Romero, contradijeron esa versión. Romero confirmó ante la Comisión de Hacendarios que sí se requiere una reforma legal para girar fondos por encima del 0,5 % del Fodesaf.

La Desaf, por su parte, comunicó oficialmente a la CCSS que no puede asignar recursos adicionales debido a las restricciones legales y presupuestarias del fondo.

"El Fodesaf opera con el 80 % de su capacidad comprometida en asignaciones legales. No existen recursos adicionales disponibles sin vulnerar la proporcionalidad establecida en la ley", indicó la institución en un oficio del 29 de octubre.

Contraloría contradice a Chaves

La Contraloría fue enfática en su pronunciamiento: el proyecto 25.240 sí es necesario para poder utilizar los fondos ya aprobados.

"La legislación vigente impone limitaciones que solo pueden corregirse mediante una ley", respondió el ente fiscalizador al diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, proponente de la iniciativa.

El órgano advirtió que, sin la aprobación del proyecto, no será posible girar los ₡2.700 millones incluidos en el Tercer Presupuesto Extraordinario, lo que prolongaría los atrasos en el pago de subsidios.

Mientras tanto, las familias continúan sin ingresos y el programa enfrenta un faltante de ₡2.100 millones para cerrar el año, según la auditoría interna de la Caja.

¿De qué trata el proyecto de ley 25.240?

La iniciativa, denominada Ley para Facultar la Incorporación de Recursos Urgentes para Asegurar el Pago del Subsidio a Personas Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas, busca garantizar el apoyo económico a los cuidadores de estos pacientes.

Propone una reforma al artículo 10 de la Ley N.º 7756 (de 1998), para permitir incluir los recursos requeridos en el Presupuesto de la República como transferencia a la CCSS cuando los fondos actuales sean insuficientes.

El proyecto fue presentado el 9 de octubre por el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, y cuenta con el respaldo unánime de todas las fracciones. El pasado 30 de octubre fue aprobado en primer debate con 47 votos a favor y sin votos en contra.