Sala IV rechaza recurso de funcionaria penitenciaria sobre pruebas para detectar droga
(CRHoy.com) La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por una funcionaria del Ministerio de Justicia que protestó por las políticas de esta cartera en relación con la realización de pruebas toxicológicas a funcionarios de la Policía Penitenciaria y la Dirección General de Adaptación Social.
La recurrente se quejó porque a su criterio el reglamento para la realización de pruebas toxicológicas a todo el personal de la Policía Penitenciaria y de la Dirección General de Adaptación Social violaría el derecho de igualdad.
La funcionaria expuso que pese a que son un mecanismo para demostrar la idoneidad de los funcionarios que trabajan en los centros penitenciarios, no se realizarían en igualdad de condiciones a las otras personas servidoras que laboran en otras dependencias gubernamentales.
Tras el recurso de la funcionaria, los magistrados de la Sala IV determinaron que "sí es razonable exigir pruebas toxicológicas al personal de la Policía Penitenciaria y la Dirección General de Adaptación Social, visto que el consumo de drogas y sustancias similares pueden afectar el servicio que brindan tales instancias".
Sobre si los test de orina son adecuados, la Sala señala que "hasta donde se tiene conocimiento, no existen en el país laboratorios a nivel público o privado que ofrezcan el análisis de drogas de abuso en muestras de saliva o de pelo", por lo que se valora como la "muestra de elección" para determinar la presencia de drogas de abuso en el lugar de trabajo.
Incluso, se señaló una imposibilidad material para aplicar otros métodos de detección, ya que implicarían, en el mejor de los casos, el envío de la muestra al extranjero.
Por último, con respecto a la manera de tomar la muestra de orina, la Sala estima que debe existir un equilibrio entre el derecho a la intimidad de la persona y la necesidad de garantizar que la prueba sea efectuada adecuadamente.
"En conclusión, el análisis de este Tribunal ha permitido establecer que la realización de las pruebas toxicológicas a la tutelada es justificada, pues persigue un interés institucional legítimo, que se expresa en el reglamento respectivo. Asimismo, no genera suspicacia que se escogiera la prueba de orina como método, visto que ella es técnicamente idónea para la detección de drogas de abuso, accesible y de fácil aplicación. Además, la manera de realizar la prueba tampoco es reprochable, ya que se procura un equilibrio entre la necesidad de obtener resultados fidedignos y la intimidad de la persona evaluada", señalaron los magistrados a cargo del voto.
La Sala dijo que reconoce que pueden existir situaciones excepcionales que justifiquen un trato diferenciado al momento de efectuar el examen o incluso la oposición a hacerla, por ejemplo, temas de diversidad de género, antecedentes de violencia sexual, etc.
Sin embargo, indicaron que corresponde a la persona interesada hacer las manifestaciones respectivas oportunamente, sea solicitando que se tome en cuenta su situación particular u oponiéndose a la prueba, en cuyo caso podrá hacer valer sus derechos en el procedimiento ulterior.
Por último, tampoco desaprobaron que el test se efectuara en el espacio del servicio sanitario del consultorio de medicina del centro penitenciario, pues cuenta con un sanitario, un lavamanos y una mesa pequeña. Por los motivos anteriores, se desestimó el agravio planteado.