Sala IV condena a policías que torturaron con chuzo eléctrico a privado de libertad
SE ORDENÓ LA VALORACIÓN MÉDICO-LEGAL DEL PRIVADO DE LIBERTAD.
Fines ilustrativos.
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de habeas corpus presentado a favor de un privado de libertad, quien fue aprehendido y torturado por oficiales de la Fuerza Pública de Santa Cruz el pasado 8 de abril.
El hombre figura como imputado en una causa sumaria penal, en el amparo, su abogada alegó que el 8 de abril del 2024 fue trasladado a un sector conocido como Huacas, en Santa Cruz de Guanacaste.
Una vez en el sitio, acostaron al reo boca abajo, le prensaron los pies y las manos, y lo golpearon en varias partes del cuerpo. Además, le colocaron un "chuzo" eléctrico provocándole heridas.
Narra que los agentes le prendieron fuego a una bolsa plástica y le pusieron sobre su cuerpo gotas de plástico derretido caliente, para así obtener información sobre el robo que se le estaba atribuyendo.
Sostiene que antes de llevarlo a un centro médico, le quitaron todos los residuos de plástico para que no quedaran rastros de este material y lo amenazaron para que no le contaran nada de la agresión sufrida al médico.
Ante los hechos narrados, se ordenó la valoración médico-legal del privado de libertad. Esta unidad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Santa Cruz realizó el dictamen el 10 de abril de 2024.
El Tribunal Constitucional concluyó que, si bien el subdirector de la policía de la Delegación Policial de la Fuerza Pública de Santa Cruz adujo que lo alegado por la recurrente carecía de sustento y negó la agresión acusada.
La valoración médico-legal determinó que sí sufrió lesiones que ameritaron una incapacidad de importante magnitud y concluyó que tales signos de agresión sí eran compatibles con los hechos narrados.
A partir de lo anterior, los magistrados declararon con lugar el recurso de habeas corpus, condenaron al Estado y, además, ordenaron que de inmediato se comunique y gestione lo que corresponda ante las instancias competentes del Ministerio de Seguridad Pública, a fin de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los oficiales involucrados en los hechos de agresión acusados.