Sala IV: aclaraciones pedidas por Minae sobre fallo de Gandoca no proceden

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que no procede la solicitud de aclaración hecha por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ante la sentencia emitida en setiembre de 2024 por ese tribunal y que ordena cumplir la resolución de 2019 sobre la delimitación de 188 hectáreas de bosque en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo (Regama), en Puerto Viejo de Talamanca, Limón.

Jorge Mario Rodríguez, viceministro de Ambiente, presentó la solicitud de aclaración el 13 de enero, 3 días después de que el ministerio confirmara la notificación formal por parte de la Sala Constitucional.

Rodríguez asumió la gestión mientras estaba en rol de ministro a.i., pues Franz Tattenbach, titular de la cartera, permanecía fuera del país en asuntos correspondientes al cargo.

En la solicitud de aclaración hecha a la Sala Constitucional, el funcionario urgió esclarecer si los documentos que se debían usar para dar cumplimiento al fallo eran el "Informe Técnico SINAC-ACLAC-DRFVSPNE-030-2024" y el "Informe Técnico SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024".

Rodríguez alegó que estos son los documentos oficiales y vigentes, actualizados por orden de la Sala Constitucional, y que sustituyeron los anteriores denominados borrador "Caracterización y Delimitación de los Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca", fechado 13 de junio de 2021, el SINAC-ACC-OT-of-698-2021 (llamado informe Fonseca  y la Certificación del Patrimonio Natural del Estado 2017.

Pese a esto, el tribunal constitucional respondió el lunes 20 de enero y señaló que el planteamiento hecho por el Minae "no corresponde en estricto sentido a una solicitud de aclaración y adición, conforme al Artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional".

"La aclaración es admisible cuando la sentencia correspondiente contiene términos oscuros o ambiguos, que hacen difícil comprender su contenido. Por ello, no es un mecanismo para plantearle dudas generales o particulares a esta Sala sobre la forma de dar cumplimiento a lo ordenado. Aquí se pretende que esta Sala decida o determina la documentación infraconstitucional y técnica necesaria para dar cumplimiento a lo resuelto, siendo que no corresponde a esta jurisdicción ni tiene competencia sobre lo indicado, se ordena agréguese a sus antecedentes y archívese el expediente", citó el oficio de respuesta, emitido por la presidencia de la Sala Constitucional.

La petición

La cartera gubernamental confirmó el 10 de enero que ya fueron notificados del fallo del tribunal constitucional dictado el 10 de setiembre de 2024 y que exige cumplir la sentencia de 2019.

Las autoridades señalaron que solicitarían las aclaraciones "pertinentes" y que una vez que la resolución quede en firme, "procederían a trabajar con el equipo técnico, robusto y capaz que se tiene preparado, para coordinar, de manera articulada y avanzar con el primer informe que se presentará a la Sala Constitucional, conforme a la fecha que indica la sentencia".

Según la resolución de setiembre, el Minae y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) tendrán 1 mes para elaborar un inventario de los terrenos privados en los que existan áreas de bosque en las zonas aledañas al Regama en cumplimiento con una resolución dictada el 10 de setiembre de 2024 por la Sala Constitucional.

El tribunal estableció en ese fallo que la delimitación exige el levantamiento en un documento formal en el que establezca el perímetro, la ubicación y cuál área es pública y cuál no. En los casos en que alguna parte de las 188 hectáreas sean parte del Regama, estas sean ecuperadas por el Estado.

Tattenbach aseguró este 21 de enero que el Minae contrataría una empresa privada para la revisión sobre los documentos de delimitación del refugio.

El 10 de setiembre de 2024, la Sala Constitucional acogió la gestión de desobediencia presentada por el activista Marco Levi Virgo, de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), ante la sentencia que ordena la delimitación de las 188 hectáreas de bosque en Gandoca, Manzanillo.

Levi acudió ante la Sala IV por el incumplimiento de la sentencia 2019-012745.

Así las cosas, el tribunal ordenó a David Chavarría Morales, director ejecutivo del Sinac, y al ministro Tattenbach a que dispongan lo necesario, coordinen lo pertinente y tomen las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias respectivas, para que, de inmediato, tal resolución sea acatada.

Además, Chavarría y Tattenbach, deberán remitir informes mensuales a este expediente sobre el cumplimiento de lo aquí dispuesto.

Iván Vincenti Rojas, en condición de procurador General de la República, debe coordinar y tomar medidas, para que, una vez que el Sinac delimite el área correspondiente, en conjunto con esa institución se ejerzan las acciones legales pertinentes en defensa del patrimonio público.

Asimismo, se le advirtió a Chavarría Morales, a Tattenbach Capra y a Vincenti Rojas, que en caso de incumplimiento de lo ordenado se les podrá seguir causa por el delito de desobediencia a la autoridad regulado en el Artículo 314 del Código Penal.

La Fiscalía Adjunta Ambiental (FAA) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investigan presuntas anomalías en los permisos de tala otorgados por el Sinac a un empresario de apellidos Pacheco Dent, cercano a Rodrigo Chaves, presidente de la República, para cortar 29 árboles ubicados en una finca propiedad de la sociedad Playa Manzanillo S.A., representada por Pacheco Dent.

El Ministerio Público sostiene que el aval dado por el Sinac versó sobre una porción de terreno que se ubica entre las 188 hectáreas que deben ser recuperadas por el Minae y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) en acatamiento a lo dispuesto desde 2019 por la Sala Constitucional.