Resolución sobre bandas medias impactaría desarrollo de redes 5G

(CRHoy.com).-Tras la resolución No. 007-2023-R-TEL-MICITT del procedimiento administrativo abierto por uso de bandas medias del espectro radioeléctrico, podría presentarse una eventual afectación al proceso que se desarrolla en este momento con el fin de implementar redes 5G en el país.

El pasado 4 de octubre se dio a conocer el acto final del órgano director sancionador para determinar la verdad real de los hechos sobre el uso de este bien demanial por parte del Grupo ICE.

Ese día vencía el plazo dado por la Contraloría General de la República(CGR) al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para que todas las partes involucradas estuvieran debidamente notificadas de la decisión que determinó que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hizo una mala utilización del recurso escaso y por lo tanto fue sancionado con 3 años sin poder participar en licitaciones del espectro radioeléctrico, tal como establece la Ley General de Telecomunicaciones, además perdió 70 MHz del segmento medio 2,6 GHz.

Por su parte, a la subsidiaria del ICE, Radiográfica Costarricense (Racsa) se le permitió conservar el espectro asignado en la banda 3500 MHz.

Una de las entidades que se pronunció al respecto fue la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).

"Ante el anuncio de que el Poder Ejecutivo permitirá a Racsa conservar un segmento de frecuencias 3,5 GHz, de interés para lanzar 5G en Costa Rica, pese a la recomendación de un procedimiento administrativo de despojar a la empresa de la concesión de las bandas, Camtic desea manifestar su posición al respecto: desde la Cámara expresamos nuestra satisfacción por la conclusión de procesos que estuvieron pendientes de resolución por tantos años, en un área clave para el desarrollo del país.

Queremos reconocer la importancia del papel del órgano contralor al emitir disposiciones de acatamiento obligatorio, que fue lo que dio pie a la conclusión de este proceso", señaló la agrupación por medio de un comunicado.

"Hacemos un llamado de atención para que las decisiones en áreas claves como la tecnología y la innovación se tomen de manera expedita y oportuna; nuestro país no puede permitirse el rezago por la falta de decisiones que nos limiten en el desarrollo y el acceso a las oportunidades y retos que el mundo moderno ofrece.

Queremos resaltar que el ordenamiento jurídico que rige al sector de telecomunicaciones es muy robusto y moderno, con un amplio abanico de herramientas y disposiciones que permiten justamente que las decisiones se tomen de manera rápida y oportuna; como país no debemos desaprovechar esa ventaja", añadieron en el documento.

Por su parte, el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (Siice) considera que "el impacto que tiene esta disposición confiscatoria de ese segmento de frecuencias es grave para el ICE, con consecuencias a futuro como son: pérdida de mercado y negocios, desmejora de su imagen, compromete sus ingresos y la propia estabilidad laboral de sus trabajadores.

Esto sin mencionar las afectaciones técnicas, como la disminución en capacidad de crecimiento y, aumento de costos en los despliegues de las redes celulares".

Se consultó al ICE sobre la decisión de que no podrán participar años en subastas del espectro radioeléctrico en próximos 3 años y si van a recurrir la decisión del Micitt y respondieron que "se encuentran analizando, mediante un equipo técnico y legal competente, la resolución del Ministerio para decidir la forma en la que se procederá".

En tanto, se está pendiente de la respuesta el Micitt sobre si el ICE presentó alguna acción sobre la resolución.

Operadores privados

Los operadores privados también se manifestaron.

"Estamos analizando las resoluciones en cuestión, preliminarmente tenemos nuestras reservas, creemos que debió prevalecer el apego a los criterios de los órganos técnicos y regulatorios.

En las últimas semanas hemos tenido múltiples acontecimientos que marcarán el futuro de las redes móviles en el país; esperamos que, en su conjunto, todas las acciones de las autoridades habiliten un entorno competitivo, equilibrado y sostenible para la implementación de las redes de 5G", dijo Jose Gutiérrez, director Legal y de Regulación de Liberty.

"Sin duda, somos respetuosos del marco jurídico de Costa Rica incluyendo a las organizaciones correspondientes, a través de las cuales, se respetan los derechos de los concesionarios del espectro, ya que se siguió un debido proceso tal y como se desprende de las resoluciones publicadas.

Desde Claro, esperamos que estos precedentes permitan cumplir con los objetivos de optimización de los recursos, en procura de más y mejores servicios tecnológicos para todos los costarricenses", señaló Andrés Oviedo, Gerente de Asuntos Regulatorios e Interconexión de Claro.

Lo que viene

Luego de emitirse la resolución vinculante, sigue un proceso para que la misma adquiera firmeza.

"A partir de allí se publicita mediante la inscripción en el Registro Nacional de Telecomunicaciones (RNT) y con la notificación de los actos administrativos a las partes, se da por finalizado el procedimiento administrativo; con esto se cumple con la disposición emitida por la CRG.

Ahora bien, para que queden en firme deberán pasar 3 días, que es el plazo que tienen las empresas para impugnar en sede administrativa, en este caso sería la administración concedente quien deba resolver el eventual recurso presentado, una vez que el acto esté en firme, será inscrito en el RNT que administra Sutel", explicó Edwin Estrada, exviceministro de Telecomunicaciones, acerca del plazo de los 3 días para recurrir cuyo periodo ya pasó.

"Acá pudiera pasar dos cosas, que el Ejecutivo acogiera lo recomendado por Sutel; o que se haya separado tanto de lo de Sutel como por lo recomendado por el órgano que llevó a cabo el procedimiento administrativo; en este caso la ley establece que el único motivo de separación es por un tema de interés público.

También los actos podrían ser impugnados en sede judicial y eventualmente durar muchos años en resolverse el asunto, lo que sería fatal puesto que las frecuencias son un recurso fundamental para el desarrollo y la competitividad del país", agregó Estrada, abogado especialista en materia de telecomunicaciones.