¿Quién es Ruth López, la abogada crítica de Bukele detenida en El Salvador?

Ruth López Alfaro nació el 27 de setiembre de 1977 en San Salvador. Es abogada, notaria e investigadora social, y en los últimos años se ha consolidado como una de las voces más firmes contra la corrupción y el autoritarismo en El Salvador. Su trayectoria profesional se ha centrado en la defensa de los derechos humanos, la transparencia institucional y la fiscalización del poder.

Hasta este 19 de mayo, cuando fue detenida por las autoridades salvadoreñas, López dirigía la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización regional con presencia en Centroamérica que documenta violaciones a los derechos humanos y brinda asistencia legal a víctimas. Desde ese cargo, lideró investigaciones sobre el desvío de fondos públicos, el uso político de las instituciones del Estado y los abusos cometidos durante el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele.

La Fiscalía General la acusó de peculado por hechos presuntamente ocurridos cuando asesoró legalmente a Eugenio Chicas, exfuncionario del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Hasta ahora, no se han presentado pruebas públicas que respalden la acusación. López fue arrestada sin previo aviso y su paradero se mantuvo en secreto durante varias horas, una situación que organizaciones internacionales calificaron como desaparición forzada temporal.

Chicas, quien presidió el Tribunal Supremo Electoral y fue secretario de Comunicaciones de la Presidencia durante el mandato de Sánchez Cerén (2014-2019), también fue detenido en febrero, acusado de enriquecimiento ilícito.

Exilio y compromiso cívico

Durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), la familia de López se exilió en Nicaragua, donde vivió durante 11 años. Tras la separación de sus padres, se trasladó a Cuba, donde residió durante 16 años. En La Habana cursó la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana y se graduó con honores en 1999, como la mejor alumna extranjera de su promoción y la mejor estudiante de la Facultad de Derecho.

En 2008 regresó a El Salvador, en un contexto todavía marcado por las secuelas del conflicto armado. Se integró al ámbito académico y laboral, especializándose en derecho electoral, derechos humanos y derecho comercial. Ese mismo año ingresó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde trabajó hasta 2014 en el fortalecimiento de los procesos democráticos. Luego, entre 2014 y 2019, ocupó cargos técnicos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Además de su labor institucional, López ha impartido clases en distintas universidades. Es consultora y profesora asociada del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). La docencia la ha compaginado con su trabajo en Cristosal, desde donde impulsó investigaciones sobre el uso de software espía contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos durante la pandemia de Covid-19.

Detención polémica

Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la propia Cristosal calificaron su arresto como un acto de persecución política. Para estos organismos, el caso forma parte de una campaña sistemática del gobierno de Bukele para silenciar a las voces críticas e intimidar a la sociedad civil.

La detención de López se produce en un contexto de creciente concentración de poder. El Ejecutivo ha promovido reformas legales que debilitan la independencia judicial, ha limitado la libertad de prensa y busca restringir la labor de las organizaciones no gubernamentales. Una de las iniciativas más controversiales es la "ley de agentes extranjeros", que pretende imponer un impuesto del 30% a las donaciones internacionales, una medida que recuerda a las políticas represivas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

¿Qué hace Cristosal?

Cristosal fue fundada en 2001 por líderes anglicanos con el objetivo de promover la justicia social. Actualmente trabaja en El Salvador, Guatemala y Honduras. Su labor se enfoca en documentar abusos estatales, acompañar a víctimas de desplazamiento forzado y violencia, y formar a la ciudadanía en derechos humanos.

La organización se ha convertido en un actor clave en la defensa de las libertades democráticas en la región. Pero también en un blanco incómodo para gobiernos autoritarios.