¿Qué puedo hacer si mi banco le entregó mis datos al Central?
Banco Central de Costa Rica. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -¿Sospecha que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) pudo haber tenido acceso a datos crediticios y personales suyos sin su autorización?
Si es así, usted tiene derecho a saber si algún banco transfirió su información al BCCR, el tratamiento de la misma y pedir que anulen sus datos.
Así lo explican Mauricio París, abogado experto en arbitraje, tecnología y protección de datos, y Rafael Montenegro Peña, especialista en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías, quienes respondieron consultas planteadas por este medio.
Para empezar, si usted es cliente de un banco, ¿tiene derecho a saber si esa entidad le entregó datos suyos, como su número de identificación, al BCCR?
"Sí, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 8968 (Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales) yo tengo derecho a saber quién recolecta mis datos y si estos son transferidos a terceras entidades. Esto es parte de lo que conforma el derecho a la autodeterminación informativa", sostuvo Montenegro.
París, por su parte, afirmó que todo titular de datos personales tiene derecho de acceso (Art. 7.1 Ley 8968), es decir, el derecho de conocer si una entidad (pública o privada) realiza tratamiento de datos personales, incluyendo la transferencia de los mismos.
"El derecho de acceso se ejerce por solicitud escrita dirigida al responsable (en este caso, la entidad bancaria con la que usted tiene relación comercial), y esta dispone de un plazo de 5 días para responderle por escrito. En caso de que no obtenga respuesta, puede presentar su solicitud a la Agencia de Protección de Datos (Prodhab), que iniciará un procedimiento contra la entidad bancaria", amplió París.
¿Qué más?
Rafael Montenegro, especialista en Abogacía Digital. (Cortesía).
¿Y puede usted saber para qué fines el banco entregó su información personal al BCCR? La respuesta también es sí.
"El artículo 5.1 de la Ley 8968 no solo lo reconoce como derecho, sino que es una obligación de la persona que recolecta los datos, quien debe informar de manera detallada los fines para los cuales son recolectados. La ausencia de esta información es causal de sanción administrativa y podría hasta ser delito", aclaró Montenegro.
Sostuvo que no cumplir con esta disposición se puede considerar una falta grave, según el artículo 30 del mismo cuerpo normativo, y puede conllevar a una sanción administrativa de índole económica de 5 a 20 salarios base.
"Si fuese catalogado como una acción delictiva, podría hacerse referencia a las disposiciones del artículo 196 Bis del Código Penal", mencionó.
París también aseguró que en virtud del principio de adecuación al fin (Art. 7.1.b Ley 8968), el titular de los datos tiene derecho de conocer las finalidades para las que sus datos han sido transferidos a alguna entidad.
"En este caso, es probable que las entidades financieras que transfirieron datos aleguen que entregaron la información actuando en cumplimiento de una disposición del Banco Central", manifestó.
¿Se pueden eliminar?
Mauricio París, abogado experto en protección de datos. (Archivo/CRH).
Por último, ¿puede pedirle al Banco Central que elimine sus datos a los que tuvo acceso y cómo plantear la gestión?
"Sí, la Ley 8968 y su reglamento establecen que el titular de los datos puede revocar su consentimiento en cualquier momento. Para ello, debe solicitarlo por escrito y debe ser ante la entidad que recolectó los datos con efectos extensivos al BCCR", explicó Montenegro.
París agregó que el titular de los datos tiene derecho de supresión sobre los mismos (Art. 7 Ley 8968).
"Estos derechos se ejercen también por solicitud escrita ante el Banco Central, una vez que se haya confirmado que sus datos fueron transferidos a esta entidad. Los datos deben eliminarse si no tienen una base legal para que el responsable los mantenga en su poder o si ha finalizado su utilidad. El Banco Central dispone de un plazo de 5 días para responder la solicitud por escrito. De no hacerlo o de negarse a cancelar o cesar el tratamiento de los datos, el titular podrá interponer una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos Personales, que iniciará un procedimiento contra el Banco Central", detalló.
Ola de críticas
Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos. (Archivo/CRH).
En las últimas semanas, el BCCR ha estado envuelto en la polémica por solicitar información privada de deudores a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y a bancos.
Con base en un criterio legal, la SUGEF se negó a entregarle al Banco Central datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor, que las entidades financieras reguladas le remiten a la Superintendencia para sus labores de supervisión, como lo pretendía la autoridad monetaria.
El Banco Nacional (BN), por su parte, tampoco le suministró al BCCR datos como el número de identidad de todos los depositantes, ahorrantes y cuentacorrentistas, así como detalles de los depósitos y los montos depositados.
El Banco Popular y de Desarrollo Popular (BP) reconoció que sí transfirió al BCCR información detallada correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de este año.
Este martes, el Banco Central confirmó que también requirió información de deudores, depositantes y ahorrantes al Banco de Costa Rica (BCR) y a BAC Credomatic.
"El BCCR solicitó la información a los bancos que están definidos como de importancia sistémica (BNCR, BCR, BAC y Banco Popular). Esta se recibió de manera íntegra, con excepción de la referente al Banco Nacional", indicó.
La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también entregaron información de carácter tributario y de los trabajadores y sus empleos al Banco Central.
Por estas acciones, el BCCR enfrenta una ola de críticas, dos acciones de inconstitucionalidad y dos recursos de amparo interpuestos en la Sala Constitucional, así una comparecencia de su Junta Directiva y Gerencia General ante la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
Además, tiene abierta una investigación en la Prodhab, entidad que le impuso medidas cautelares y frenó la transferencia de información por parte de la SUGEF al Banco Central, así como la apertura de un expediente judicial.