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Penitenciarios señalados de acoso también son investigados en Fiscalía por coacción

Por Carlos Castro | 7 de Oct. 2022 | 9:07 am
Policía penitenciaria

Policía penitenciaria

(CRHoy.com) Los dos funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz que están bajo la lupa en un proceso administrativo tras ser denunciados por acoso sexual, también son investigados por el Ministerio Público por el delito de coacción.

El ente judicial acusador confirmó a CRHoy.com que los hombres de apellidos Calvo y López, quienes tienen plaza en propiedad en puestos de la policía penitenciaria, enfrentan una causa que se maneja bajo expediente 21-002041-0305-PE.

A ellos se suman otro funcionario de apellidos Cubillo Rojas, quien no fue incluido en la investigación administrativa.

Sobre este caso que se tramita en la Fiscalía del I Circuito Judicial de Alajuela informaron que se mantiene en investigación y de momento no hay audiencias programadas para avanzar con el proceso.

La orientadora penitenciaria de apellido Fuentes, que había denunciado el acoso sexual que supuestamente sufrió por parte de sus compañeros oficiales, también acudió a esa instancia para interponer una denuncia penal alegando que era víctima de hostigamiento en su lugar de trabajo.

La denuncia fue recibida y aceptada, pero se puso en curso por el delito de coacción y no bajo ninguna sospecha de delito sexual, debido a que está investigando presuntas presiones ejercidas por Calvo y López contra Fuentes para que accediera a sus peticiones a cambio de no perjudicarla en sus labores diarias.

La acusación por presunto abuso sexual fue dada a conocer por CRHoy.com este lunes.

Fuentes había interpuesto la queja formal ante los jerarcas del ministerio y por esa razón se abrió el proceso administrativo 258-2021, el cual, según Justicia, "está en la etapa final" por lo que de momento no se tienen detalles del mismo.

"(…) no se ha emitido a la fecha recomendación final por parte del órgano director que lleva el proceso. Ellos (Calvo y López) forman parte del sistema penitenciario nacional", confirmó la cartera por medio de su oficina de prensa.

Represalias y amenazas

En apariencia, después de esto, la exfuncionaria empezó a recibir amenazas indirectas que al parecer venían de los supuestos acosadores, pues otros compañeros comenzaron a decirle que se cuidara, porque habían escuchado que le iban a tender una trampa, introduciendo droga en sus pertenencias, como represalia por no seguir "el juego" de ellos, entre otras cosas.

En el expediente en poder de este medio se exponen algunas de las presuntas amenazas que señaló la denunciante:

  • "Como yo no accedía a sus propuestas, lo que hizo fue mal informarme respecto de mis funciones con los superiores, primero con quien era mi jefatura Jenny Chacón y después con Medelin, él les decía que yo me quedaba almorzando mucho tiempo, que siempre perdía mucho el tiempo en mi jornada laboral (…)"
  • "A mí en ocasiones me dejaban como Directora de Ámbito, cuando yo solicitaba alguna diligencia referente al cargo, como yo no le había hecho caso con los improperios y las propuestas, entonces costaba mucho que él accediera a alguna petición del cargo en el que yo me encontraba en ese momento (…)"
  • "Él empieza otra vez a mal informarme junto con López ****, diciéndole comentarios mal intencionados de que yo había hecho una mala labor como directora en sus momentos, a pesar de que la población del ámbito "C" más bien estaban satisfechos con mi labor porque cuando estaba en esa función y siendo orientadora, he sido muy accesible en la comunicación con ellos porque para eso me pagan, de esa mal información que dieron López y Calvo sale también que yo ingreso drogas, celulares, que supuestamente tengo negocios con privados de libertad para no hacer movimientos de traslados".

Servicio Civil anula despido

Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia,  firmó el despido de Fuentes el pasado 20 de junio, tras una orden del Tribunal del Servicio Civil por "4 ausencias injustificadas" que tenía registradas la funcionaria. Esto se hizo de forma paralela a la denuncia de acoso sexual que había interpuesto la funcionaria.

La funcionaria tenía plaza en propiedad y desempeñaba su cargo en el CAI Jorge Arturo Montero cuando fue cesada.

"Se recomendó gestionar ante el despacho ministerial, dar inicio a la gestión de despido de la servidora", indicaron por medio de una respuesta que envió la oficina de prensa de la cartera.

Sin embargo, cuando ella fue notificada de la remoción de su plaza, acudió al Servicio Civil para presentar su descargo, alegando que no estuvo presente mientras se realizó el proceso en su contra y que esas ausencias estaban justificadas con incapacidades, citas médicas, permisos, entre otros, como parte del proceso que vivió por el acoso.

Por esa razón, el Servicio Civil le dio la razón a Fuentes y ordenó al Ministerio de Justicia reubicarla en su puesto, información que fue confirmada por la propia cartera.

"Durante la tramitología del expediente en la Dirección General de Servicio Civil, mediante acción recursiva por parte de la representación legal de la señora Fuentes, dicha instancia emitió una resolución, en la que ordenó retrotraer lo actuado, anulando lo dispuesto. 

Por lo anterior, autoridades del ministerio procedieron a reubicarla en el puesto nuevamente. Decisión establecida mediante el oficio, DGIRH-URL-108- 2022 del once de julio del año en curso".

El Ministerio alega que el jerarca únicamente transmitió el mensaje que fue remitido por el Servicio Civil para ejecutar el despido.

Ascenso laboral para acusado

Centro de Atención Institucional Jorge Debravo -cárcel de Cocorí-.

Centro de Atención Institucional Jorge Debravo -cárcel de Cocorí-.

Mientras la investigación avanza, el funcionario de apellido Calvo, fue beneficiado con un ascenso laboral, mientras la causa en su contra se encuentra en etapa final.

El policía tiene plaza en propiedad como oficial 1 (supervisor), pero recientemente fue notificado de un ascenso en una jefatura en el CAI Jorge Debravo en Cartago.

El ministerio informó y justificó, tras consulta de este medio sobre ese beneficio laboral, que "la Dirección del Policía Penitenciaria, tiene la potestad legal, de realizar los movimientos de personal que se consideren pertinentes. Cualquier funcionario de este cuerpo policial, puede ser reubicado, bajo el criterio técnico de la jefatura correspondiente".

Sin embargo, y pese a ser consultados, no indicaron quien autorizó ese movimiento de plaza y cuál fue el argumento para hacerlo.

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