Fiscalía achaca legitimación de capitales a banda “Los Lara”

(CRHoy.com) La estructura criminal conocida como "Los Lara" es señalada de presunta legitimación de capitales por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en el juicio que encaran 17 de sus miembros.

Ese delito sobresale en una lista de ilícitos que el Ministerio Público le achacó al grupo en el inicio del juicio, el 25 de enero pasado, tras reiterados atrasos asociados a problemas de seguridad -dadas amenazas detectadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra los encartados- y negociaciones entre las partes.

La acusación atribuye a uno de los líderes de la banda, de apellidos Lara Villanea, así como a otro sujeto de apellidos Salas Mesén y de alias "Rudy", un cargo de lavado de dinero. La legitimación de activos se entiende como un proceso en el que se disfraza la fuente ilegal, destino o uso de bienes surgidos de actividades ilegales. Dicha figura está prevista en el artículo 69 de la Ley sobre Estupefacientes y se sanciona con entre 8 y 20 años de cárcel.

A la estructura en cuestión se le señaló de, supuestamente, utilizar distintos inmuebles para el almacenamiento, la distribución y la comercialización de drogas, específicamente marihuana, clorhidrato de cocaína, ketamina y crack.

Con las ganancias de actividad ilegítima, se cree que el grupo adquiría temporalmente bienes que luego convertían en lugares para ejecutar la venta de estupefacientes al menudeo, se desprende de la pieza de la Fiscalía leída en el arranque del debate, confirmó su oficina de prensa ante consulta de CRHoy.com.

A los endilgados en cuestión, así como el resto de implicados en la causa 17-010454-0042-PE, se les atribuyen cargos de tráfico de drogas. El resto de imputados son Lara Villanea (hermano del primero), Guadalupe Romero, Esquivel Campos (alias "Fresa" o "Puente"), Giusti Tellería ("Zuzu" o "Machillo"), Hernández Castro ("Ñengo"), López Alvarado, Núñez Elizondo, González Durán, Perlaza Varela, Picado Valenciano, Rodríguez Munguía ("Upi"), Rosales Pérez ("Chus"), Ruiz Martínez ("Chef"), Salas Quesada ("Maca"), Ureña Quesada ("Monín") y Vásquez Agüero.

Esos ilícitos fueron perpetrados entre mayo del 2017 y diciembre de 2018, cuando -aparentemente- la estructura se conformó y empezó a expandir su control en el trasiego de sustancias ilícitas por el sur de San José, en comunidades como Cristo Rey de Hospital, Sagrada Familia y Hatillo. También dominaban Alajuelita, Santa Ana y Garabito.

La organización delictiva era presuntamente encabezada por los hermanos Lara Villanea (uno como líder y el otro sublíder), de ahí el nombre que tenía la banda. Estos, a su vez, tenían como hombre de confianza a Esquivel Campos. Los demás encartados fungían -supuestamente- como encargados de los dineros, de la custodia, el almacenaje y la dosificación; además de transportistas y vendedores terminales.

A otro endilgado, de apellidos Perlaza Varela, se le acusa de evasión. Ese delito está previsto en el artículo 333 del Código Penal y se entiende como el acto de escapar cuando uno está legalmente detenido. Para el mismo se contemplan penas de entre un mes y dos años de prisión.

Giusti Tellería, por su lado, acordó someterse a un procedimiento especial abreviado, con el que mostró su anuencia para reconocer los hechos que se le acusan, pero el Tribunal Penal de Pavas, en San José, aún debe resolver si aprueba o no la negociación entablada por el acusado con el Ministerio Público, puntualizó el departamento de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia a solicitud de este medio.

La pesquisa seguida contra estos 17 encartados es la primera que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos abrió contra la banda.

Al menos 13 de los endilgados descontaban prisión preventiva desde su detención el 11 de diciembre de 2018 hasta que el 18 de marzo de 2021, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José ordenó su liberación mediante el voto 0144-2021, luego de que el fiscal a cargo del caso -de quien no se precisó el nombre- solicitó prorrogar la medida cautelar un día después de que esta había vencido. Ese fallo puso en autos a la Fiscalía General de la República y el Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), para que determinaran si el servidor incurrió en situaciones indebidas de algún tipo.

El ente disciplinario mencionado encontró al funcionario responsable de una falta grave y en tal sentido lo amonestó en su resolución 2022000504 del 18 de febrero de 2022, la cual fue dada a conocer por CRHoy.com hasta 95 días después.

Sin embargo, el servidor renunció a su cargo el 10 de mayo de 2022, mismo día en que la Policía Judicial llevó a cabo 22 allanamientos para desintegrar -por segunda vez en cuatro años- a la organización criminal.

Aquel día, el entonces director general del Organismo de Investigación, Wálter Espinoza Espinoza (Q.E.P.D.), declaró que el grupo se reinsertó en la comercialización de estupefacientes en San José tras su liberación. Ese otro operativo se desarrolló en la causa 20-000047-0622-PE, en la que figuran 11 personas como sospechosas de tráfico de drogas, legitimación de capitales, así como una cantidad por ahora no precisada de homicidios y tentativas.

Dos de los aprehendidos en ese otro expediente son los Lara Villanea (mismos que irán a juicio), dos son de apellidos Lara Navarro y el resto de apellidos Navarro Martínez, Rodríguez Vargas, Castro Solano, Sánchez Aguilar, Salas Casto, Chaves Umaña y Álvarez Barquero.