Plan del Gobierno que daría “potestades confiscatorias” a Tributación suma críticos

Un proyecto de ley que impulsa el Gobierno para darle un "súper poder" y "potestades confiscatorias" a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacendarios suma adversarios.

Aunque reconocen la importancia de dotar a la Administración Tributaria de herramientas para ejercer un control tributario efectivo y mejorar la lucha contra la evasión fiscal, representantes de cámaras empresariales, bancos públicos, organizaciones privadas y expertos advierten de las implicaciones de las reformas propuestas y piden a los diputados un análisis cuidadoso del texto.

La iniciativa, que forma parte de la agenda fiscal de la administración de Rodrigo Chaves, se tramita bajo el expediente 23.759 en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso y se encuentra en etapa de audiencias y consultas.

Se plantean reformas parciales al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, como la ampliación de los supuestos de responsabilidad tributaria para el cobro de deudas con el Ministerio de Hacienda y la simplificación del procedimiento fiscalizador.

También se proponen modificaciones para mejorar el acceso a las facilidades de pago y establecer un proceso de cobro ejecutivo sin intervención judicial.

Rechazo

Hasta el momento son más las voces de quienes rechazan la reforma planteada por Hacienda y advierten de las implicaciones que tendría, si la Asamblea Legislativa la aprueba.

En términos generales, coinciden en que el proyecto de ley, denominado Fortalecimiento del Control Tributario, violenta principios fundamentales y lesiona los derechos de los contribuyentes, quienes quedarían prácticamente en un estado de indefensión frente a la Administración Tributaria.

Algunas de las propuestas más controversiales incluidas en el texto son que los accionistas tendrían que responder solidariamente por las deudas fiscales de las sociedades o que cualquier empresa de un grupo económico sea considerada responsable por las deudas de otra, ampliar la prescripción en materia tributaria de cuatro a diez años, permitir el levantamiento del velo societario sin intervención judicial en casos de presuntos fraudes y que funcionarios de Tributación puedan ingresar a recintos privados y confiscar documentación, sin que medie un juez.

Preocupaciones

Las organizaciones han fijado sus posiciones y han pedido a los legisladores modificar el texto para no aprobarlo en los términos en los que está planteado.

• Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). Consideran que el proyecto es un ataque frontal a los principios fundamentales del sistema de libre mercado y de preponderancia del individuo frente al poder del Estado.
• Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR). Expresó su desacuerdo con las reformas que pretenden ampliar las responsabilidades a socios por deudas fiscales de las sociedades y con la posibilidad de Tributación de secuestrar documentos o bienes, sin intervención de un juez.
• Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Indicó que es importante limitar la responsabilidad subsidiaria a la demostración efectiva de que la sociedad ha sido utilizada abusiva o fraudulentamente para efectos fiscales y también advirtió que algunas reformas podrían dejar en estado de indefensión al obligado tributario.
• Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema). Manifestó que es improcedente la disminución de plazos en los procedimientos que se pretende introducir a los administrados, que no existe un estudio técnico que respalde puntualmente esa modificación y que la iniciativa jurídicamente es inviable.
• EY S.A. Recomendó una evaluación cuidadosa de la normativa propuesta para garantizar que se mantenga el equilibrio y se fortalezca la confianza en el sistema tributario, con prácticas que sean justas y transparentes para todas las partes involucradas en la relación tributaria. También que se asegure en todo momento la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes.
• Banco de Costa Rica (BCR). Opinó que el proyecto "es bastante agresivo con respecto a los derechos y obligaciones de todos los contribuyentes, además que se le otorgan potestades judiciales confiscatorias a la Administración Tributaria, lo cual a todas luces distorsiona el fin del porque existe un Poder Judicial como tal". Puntualizó que se modificarían plazos en los procesos administrativos que impactarían de forma directa al banco y sus subsidiarias.
• Banco Nacional (BN). Entre varias observaciones, advirtió que el procedimiento para el establecimiento de la responsabilidad tributaria incorpora la imposición de medidas cautelares que no se encuentran establecidas claramente en la norma y que podrían ocasionar perjuicios graves a los contribuyentes.
• Diego Salto, abogado experto en temas tributarios, dijo que establecer solidaridades de responsabilidad tributaria más allá de lo que hoy en día está fijado deja con cierta indefensión "a los socios, a los comuneros, a los cooperativistas, a las personas que forman parte de consorcios". También abogó por mantener la figura del juez de garantía porque de lo contrario el sistema tributario se podría utilizar políticamente como un medio de coerción.