Plan de fideicomiso es insuficiente para concluir atascada mejora de ruta 32

(CRHoy.com). La Contraloría General de la República (CGR) no cree que un fideicomiso para el desarrollo de obra pública sea la solución para concluir el complejo proyecto que modernizaría la ruta 32, entre Río Frío y Limón.

María Marta Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), planteó un proyecto de ley con ese ánimo en marzo pasado. No obstante, el ente contralor advirtió una serie de falencias en la iniciativa.

Así se señala en el oficio DFOE-CIU-0481, elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la CGR, con fecha del 30 de octubre pasado.

Además de los numerosos atrasos y prórrogas en los plazos de finalización del proyecto a cargo de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC, por las siglas), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) estiman que se requieren entre $100 millones y $150 millones adicionales para concluir la obra (con todo y las obras complementarias que enlazarían con los 5 cantones impactados por la iniciativa).

Ante la ausencia de recursos, asociada a atrasos por la tramitación de expropiaciones y pugnas con CHEC, ya las autoridades estatales tomaron decisiones drásticas. Un ejemplo fue la eliminación de los pasos a desnivel y los intercambios para construir rotondas.

Carballo propuso el proyecto con el apoyo de los alcaldes de la provincia de Limón. La figura del fideicomiso para el desarrollo de obra pública no es ajena a la realidad costarricense, pues en 2015 el Conavi y el BCR acordaron crear el fideicomiso Ruta Uno para ampliar la ruta San José-San Ramón. Esta relación está pronta a finiquitarse ante la inconformidad del MOPT ante atrasos para echar a andar la modernización.

¿Qué es un fideicomiso de obra pública? Cuando se firma un fideicomiso de obra pública, la Administración Pública acuerda con un fiduciario ejecutar un proyecto de construcción y desarrollo de obra pública, para su posterior arrendamiento, operativo o financiero.

La propuesta de la legisladora socialcristiana procuraba buscar recursos para construir el acueducto y alcantarillado entre la zona de Búfalo y Limón para el abastecimiento de agua potable y eliminación de desechos.

También, para la ampliación a 4 vías en los últimos 3 kilómetros hasta el parque Vargas en Limón, construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales (15), pasos peatonales a nivel (8), bahías para autobuses (10), ciclovía (21.590 m aproximadamente), aceras (32.638 m aproximadamente), calles marginales (46.890 m aproximadamente), definidos en el anteproyecto referencial; construcción de obras para la reubicación de servicios públicos, pasos de fauna, entre otros.

La DFOE de la CGR advirtió que el planteamiento no es claro en si el proyecto de ley se sustenta en los estudios de preinversión necesarios que definan con claridad el alcance y la cantidad de las obras que serían incluidas en la propuesta de fideicomiso para asegurar el adecuado funcionamiento del proyecto y la seguridad vial de los usuarios, desde un punto de vista integral y de conformidad con la normativa técnica aplicable.

"En el caso de las obras, indicadas en el proyecto de ley, que forman parte del alcance original del proyecto y por ende del contrato de diseño y construcción vigente, no es claro cuáles serían gestionadas por el fideicomiso y de qué manera esta figura implicaría cambios en la estructura de gestión actual definida mediante la ley 9293 (ley para construir la carretera). Lo anterior cobra especial relevancia al considerar los antecedentes de este proyecto, el cual no cumplió cabalmente con la fase de preinversión, a pesar de la magnitud y complejidad del mismo", citó el análisis.

El informe reitera que las complejidades del proyecto están basadas en las condiciones y la forma en que se gestionó, tramitó y aprobó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para modernizar la vía.

No se contaba con un proyecto claramente definido a partir del cumplimiento de la etapa de preinversión, pese a los señalamientos de la CGR en el marco del proceso legislativo sobre riesgos importantes y de otras observaciones emanadas por instancias con conocimiento técnico en la materia.

"Resulta relevante la consideración de estos antecedentes, con el fin de evitar que las situaciones descritas sean replicadas en un nuevo proyecto de ley que pretende conformar un fideicomiso para gestionar un proyecto que a este momento tampoco cuenta con los requisitos mínimos de planificación que permitan conocer el alcance, plazo y costos requeridos, que permitan garantizar la funcionalidad y seguridad del proyecto, con el agravante de que se encuentra avanzado en su fase de ejecución", puntualizó el ente contralor.

La CGR alertó que el proyecto de fideicomiso no representa una solución a la problemática del proyecto en función de sus deficiencias estructurales ya conocidas.

"Lo anterior se recomienda sea analizado por esa Asamblea Legislativa a fin de que no se generen reprocesos, incrementos de costos o inejecución de funciones establecidas en el marco normativo aplicable, aparte de poner en riesgo los recursos públicos que se podrían comprometer para financiar las obras adicionales, dado que se podría incurrir en inversiones que no tienen certeza de ser indispensables para el proyecto de la ruta nacional 32", concluyó el oficio de la DFOE.

La fecha de conclusión más reciente estaba fijada para el 8 de febrero de 2023. Sin embargo, el Conavi giró una nueva prórroga para que la finalización sea el 15 de marzo de 2024.

Las tareas arrancaron en noviembre de 2017 y debían estar concluidas en octubre de 2020. El plazo original no se cumplió y en este lapso se han girado múltiples prórrogas.

El contrato de préstamo con el Exim Bank de China, por $465,6 millones, vence en abril de 2024. De manera que para esa fecha debería estar lista la ampliación, pero no se descartan nuevas extensiones de plazos.

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) del Conavi dijo el pasado 21 de setiembre, ante el Concejo Municipal de Matina, que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) pediría a la cancillería china ampliar los plazos y los montos del crédito.

Adicionalmente, el Estado debía aportar casi $70 millones para expropiaciones, reubicación de servicios públicos y la administración del contrato.