Piden al Gobierno respuestas ante muerte de 17 personas con discapacidad
Organización cuestiona que víctimas salieran de los cuidados especiales que recibían en la Fundación Manos Abiertas.
La muerte de 17 personas con discapacidad que residían en la Fundación Manos Abiertas, no puede quedar impune, ha dicho la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) que exige a las autoridades una pronta intervención.
Esta organización cuestiona que estas personas hayan salido de los cuidados especiales que recibían en la Fundación Manos Abiertas, que está siendo investigada por supuestos maltratos a las personas residentes y una presunta malversación de fondos.
Según Alamud, las personas en situación de discapacidad que ahí vivían enfrentan diversos tipos de discapacidad física, sensorial, psicosocial y cognitiva.
Además, varias de estas personas presentan enfermedades crónicas y degenerativas, este centro justo se ha especializado en la atención de personas con situaciones complejas de salud.
"Hoy los informes técnicos, en manos del Consejo Nacional de las personas con Discapacidad (Conapdis) y el Patronato Nacional de la Infancia, demuestran que no hubo maltrato a personas con discapacidad en esa fundación. Por otro lado, únicamente, cuatro personas de dicha fundación tienen medidas cautelares. Entonces, ¿Por qué se expuso a las personas en situación de tantísima vulnerabilidad a cambios tan drásticos de su entono y del tipo de apoyos y cuidados que recibían?", se cuestionó esta organización en un comunicado oficial.
Alamud insiste que no pueden seguir callando, tolerando y normalizando este tipo de situaciones, donde algunas personas con discapacidad que por años habían estado bien mueren, y a otras se les vulneran sus derechos más elementales.
"No cabe duda de que se debió -en primer lugar- investigar el estado de salud física y mental de cada una de las personas residentes y buscar indicios del supuesto maltrato, antes de tomar la decisión de egresarlas y de cesar al personal que les conocía y a quienes estas personas con discapacidad reconocían como su única familia, desde que las suyas les abandonaron, y antes de separarles de quienes les le ofrecían los apoyos y cuidados especializados que requerían, máxime cuando la mayoría del personal ni siquiera es parte de la investigación en curso", señalaron.
La organización pide al Gobierno una pronta intervención y no solo del Conapdis, que es una institución pequeña y de presupuesto limitado.
Hacemos un llamado a la señora Vicepresidenta de la República como coordinadora del Consejo Presidencial Social, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social como rector al que está adscrito el CONAPDIS, a la Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, a la Dirección Ejecutiva del Conapdis, a la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, a las autoridades de la CCSS y al Poder Judicial como uno de los principales responsables, para que cesen de inmediato el riesgo de enfermedad y muerte, la violación de derechos, los actos de discriminación y las situaciones de exclusión contra las personas en situación de discapacidad que residían en las alternativas residenciales de Manos Abiertas.
