Pese a condena, MTSS se niega a pagar ¢129 millones a funcionario
Trabajador había ganado demanda contra el Estado por un despido de manera "indebida y violatoria".
(CRHoy.com) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se ha negado durante 3 meses a pagar una condena por más de ¢129 millones que debía desembolsar a un funcionario, quien interpuso y ganó una demanda contra el Estado, luego de ser despedido de manera "indebida y violatoria".
El Juzgado de Trabajo de Segundo Circuito Judicial de San José ordenó en varias ocasiones ejecutar el pago, pero a la fecha la cartera sigue negándose a hacerlo sin dar razones al demandante.
Al cierre del pasado viernes, Trabajo hizo un primer pago de ¢19 millones, sin explicar cómo o cuándo se depositará el resto del dinero.
Roy Eduardo Castillo López, es un líder sindical que llevó esta pugna por más de 10 años, la cual logró ganar en varias instancias, pero sigue sin recibir el monto que corresponde a los salarios caídos por el tiempo que estuvo fuera de sus funciones.
El dinero destinado para este rubro incluso fue aprobado por el Poder Ejecutivo, luego de que el Ministerio de Hacienda incluyera el monto dentro del I Presupuesto Extraordinario del 2023, tal como consta en el documento que la Asamblea Legislativa ratificó, precisamente en el anexo MTSS-DMT-OF-1796-2022.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, dijo ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, cuando presentó su justificación sobre el presupuesto, que para poder cubrir ese monto se tomaría un remanente que tenía el Icafé.
Todo estaba listo
Según documentos a los que tuvo acceso CRHoy.com, el dinero está Sistema Integral de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF), pero Castillo alega que le dan largas al asunto para finiquitar lo establecido en la vía judicial mediante tres instancias.
De hecho, en el diario oficial La Gaceta del pasado 23 de julio publicó en su alcance 145, que se debía atender el pago de esa sentencia para no caer en futuros problemas legales por el mismo caso y evitar un colapso en las arcas de Trabajo.
"Cabe señalar que de no honrar este pago, el ministerio vería congelado su presupuesto, con las graves consecuencias que esto podría acarrear en el servicio a los usuarios", se lee en la publicación.
Esto se expone tomando en cuenta que en marzo el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José dio un plazo de tres meses al Estado para depositar el monto al funcionario, tiempo que transcurrió sin que se obedeciera la orden del juez Armando Enrique Elizondo Almeida.
En vista de esto, el sindicalista insistió ante Walter Villalobos, viceministro de Trabajo, con un reclamo formal para que desembolse lo establecido por la justicia.
(…) el Ministerio de Trabajo no puede retener o emitir criterio alguno de valoración con lo aprobado en dicho presupuesto extraordinario.
El día 4 de agosto de 2023 recibo por parte de su asesora de despacho Licda Cindy Cascante correo electrónico donde se me envía documentación referida a la señora Ana Yancy Fallas Prado jefa del Departamento Financiero de esta institución, manifestando en ellos por medio de formularios, montos que no se apegan ni siquiera cercanos a la realidad de lo aprobado por los señores y señoras diputados y mucho menos a la resolución judicial.
Es por ello señor viceministro Villalobos que surgen para propios y extraños serias dudas al respecto del actuar por parte de su Despacho quien maneja el programa 731 en dichos correos recibidos y de los cuales no se necesita una aclaración, ni la estamos solicitando en este correo, sino como indica el señor Juez del Juzgado de Trabajo de Goicoechea, solo deposítese (ejecútese, trasládese) de inmediato la integralidad de los ¢129.545.880.27 en la cuenta del despacho judicial.
Lo más reciente
Un mes después y ante la negativa del ministerio de honrar la deuda, Castillo acudió nuevamente al Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, con documento de "pronto de despacho" a inicios de julio, ante la "rebeldía y desacato" de la orden judicial por parte del ministro.
Ante esta solicitud, la jueza Andrea Gutiérrez Vargas, el pasado 24 de agosto exigió al ministerio que rindiera cuentas sobre el destino de esos fondos que debían cancelarse desde junio.
(…) se emplaza a la parte actora para que dentro del plazo de TRES DÍAS exprese sus agravios, actuación que deberá ser presentada por escrito ante el Superior a cargo (…)
Por consiguiente, se le debe prevenir a la demandada que se sirva indicar dentro del TERCER DIA, en qué cuenta judicial se depositó dicho monto y aportar el comprobante debido; o en su defecto, deberá la parte indicar los motivos por los cuales no se ha depositado dicho monto y depositarlo en la cuenta automatizada de este Despacho", resolvió la juzgadora.
Esos tres días se cumplieron el pasado martes 29 de agosto y no se hizo efectiva la orden de la jueza, razón por la que este medio solicitó una posición al MTSS, donde justificaron el incumplimiento de la orden judicial con asuntos burocráticos.
"Por normativa presupuestaria las resoluciones de pago se pueden realizar y autorizar hasta que se cuente con los recursos presupuestarios disponibles, es decir, hasta que el Departamento Financiero indique que se cuenta con todo el monto disponible para pagar, hasta ese momento se puede continuar con la resolución, esa labor la realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y tiene una revisión tanto de los cálculos emitidos por Recursos Humanos como el ajuste legal para su finalización. Por ser es un reclamo de períodos fiscales vencidos, debe contar con la firma de algunos jerarcas institucionales, esa labor ya finalizó y se ha trasladado la documentación pertinente al Ministerio de Hacienda para que proceda con el pago", contestaron a consulta de CRHoy.com
Pugna de años
La lucha de Castillo inició diez años atrás, cuando tras su cese planteó una demanda ordinaria laboral contra el Estado, alegando que su despido respondió a una estrategia de jefaturas como represalias por denuncias que había formulado por presuntas anomalías en nombramientos en el Ministerio de Trabajo.
Sus quejas también se relacionaban con supuestos actos de derechos laborales y sindicales; como por ejemplo, un recurso presentado ante la Sala Constitucional junto a 5.000 servidores interinos que pretendía ser resolviera la incertidumbre de sus nombramientos.
El punto que llevó a que tres instancias judiciales fallaran en favor del servidor público tiene que ver con que la cartera dispuso –"adrede", de acuerdo con el jurista- nombrar a un sustituto mediante una nómina externa de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), cuando lo correspondiente era que esta se hiciera a nivel interno, por tratarse de un nombramiento interino, como lo establece la convención colectiva vigente. Ese tipo de acuerdos laborales tienen carácter de ley, como lo establece el artículo 62 de la Constitución Política.