País es incapaz de vigilar pesca y descarga de producto marino

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Costa Rica tiene más de 1.200 km. de costa y 568 mil km² de área territorial marina. Pero no tiene suficientes armas para cuidar dónde y cómo se pesca. El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) cuenta con menos de 30 inspectores, que no tienen poder de policía ni embarcaciones. Debe atender los desembarcos en puestos oficiales, controlar botes en puerto y revisar productos.

Pero pescadores – de embarcaciones artesanales y hasta semi-industriales de arrastre – desembarcan en decenas de puntos a lo largo de las costas, incluso en playas públicas, sin control ni registro alguno. Es decir mucho producto está siendo pescado, llevado a tierra y comercializado sin que ninguna autoridad lo observe, para determinar que se cumpla la ley.

Es la realidad de la actividad pesquera en el país desde hace muchas décadas. El Servicio Nacional de Guardacostas tiene la responsabilidad de vigilar los mares, intervenir embarcaciones y actuar según indiquen los inspectores de Incopesca. Pero al mismo tiene otras funciones de seguridad, combate al narco y rescate de personas, entre otras.

Por eso las ilegalidades están normalizadas. CRHoy.com observó como pescadores desembarcaban pescados en las piedras de un playón, a pocos metros de la terminal de Incopesca en Puntarenas (ver video arriba). En este punto opera un muelle formal, que sí utilizan flotas más avanzadas. Pero para la artesanal – la mayoritaria del país – el precio es muy alto. Irónicamente este muelle fue hecho para la flota artesanal.

"Senasa (Servicio Nacional de Salud Animal) viene y lo agarra a uno y le decomisa ese pescado. Es ilegal. Pero Incopesca lo acorrala a uno, no puede arrimarse uno a descargar en ese muelle ni destripar. Entonces…infringir leyes para subsistir", se quejó Álvaro, un veterano pescador artesanal, sobre la situación.

En un reporte del 2016 Conservación Internacional mostró como en Caldera, se realizó un desembarco ilegal de una embarcación de pesca de arrastre. Este producto inicia una cadena ilícita, pues se comercializa sin restricción, lo que afecta el medio ambiente, pone en riesgo la seguridad alimentaria y daña el recurso pesquero, que es de todos.

Artículo 99 – Obligación de cumplimiento de las normas de comercialización, sanidad y calidad. Quienes comercialicen e industrialicen los recursos marinos, pesqueros y acuícolas, deberán sujetarse a las normas de comercialización, sanidad, calidad e inspección que fijen sobre la materia las autoridades competentes.

Ley de Pesca y Acuicultura

El director de Fundación MarViva, Jorge Jiménez, fue enfático que los 26 inspectores no pueden controlar lo que se pesca y desembarca, por una flota que trabaja 24 horas 365 días al año.

Mucha costa sin ser prioridad

En el 2014 luego de la veda en el Golfo de Nicoya, Incopesca hizo un operativo en el Área Metropolitana para verificar si se cumplió la ley en pescaderías y puestos de venta. Una de las principales faltas encontradas fue la ausencia de facturas timbradas para demostrar la procedencia del producto, principalmente de pargo, corvina y chatarra.

William Carrión, de la Asociación de Pescadores Artesanales y Piangüeros de Puntarenas (Asopappu), afirmó que se necesita controlar las pescaderías y la cadena de comercialización. "No hay necesidad de andar correteando al pescador. (…) Muchas veces es un empleado", dijo.

Para el veterano pescador y líder gremial el país está a tiempo de rescatar y recuperar el producto pesquero. Pero señaló que la agencia debe crear una "política pesquera real" con efectos en la protección del ecosistema y de los pescadores.

En el 2014, tras una auditoría, la Contraloría General de la República cuestionó la coordinación entre el Instituto y Guardacostas. "Una de las causas de las debilidades en mención es la ausencia de un convenio debidamente formalizado entre el SNG y el Incopesca, que contribuye a contar con suficientes controles para el acatamiento de la normativa vigente en materia de vedas, áreas protegidas y artes de pesca", señaló.

Además se destacó una falta de sincronía entre los horarios de trabajo de los inspectores de Incopesca con respecto a los operativos de Guardacostas.

En el 2016, un estudio buscado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), calificó como positivo el control de descarga y exportación de tiburón. Se inspeccionó la flota artesanal y palangrera, como el mercado nacional y aduanas.

Sin embargo en los últimos años – sobre todo en la administración de Luis Guillermo Solís – hay fuertes enfrentamientos entre el Gobierno, sectores de pesca y organizaciones ambientalistas, por la falta de vigilancia en la captura del recurso tiburón.

En ambos litorales la flota artesanal desembarca donde quiera. Comunidades tienen recibidores, pero no hay inspectores en cada uno. En el Pacífico hay centros de desembarco en Cuajiniquil, Playas del Coco, Flamingo, Sámara, Puntarenas, Caldera, Tambor, Tárcoles, Herradura, Quepos y Golfito.

En el Caribe hay centros en Portete y Cieneguita. Guanacaste cuenta con 6 inspectores y Puntarenas con 10. Los restantes se distribuyen en el Pacífico Central, Golfito y Limón. Así se mapea esta actividad:

Parte de una crisis: la pesca ilegal

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que el 50% de las capturas mundiales, provienen de la pesca ilegal. Peor aún en un reciente estudio del tema, realizado por Daniel Pauly y Dirk Zeller del proyecto mundial Sea Around Us, se informó que globalmente se subreporta el 30% de las pesquerías.

En el 2010 se extrajeron 32 millones de toneladas de peces sin reportar. Los datos que manejan las autoridades globales y nacionales, y con base en los cuales dan licencias de pesca, están mal. La pesca ilegal es una crisis que pone en riesgo a millones de personas en el mundo, los ecosistemas y la seguridad alimentaria de millones más.

Desde el 2016 Costa Rica suscribió al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP) destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr), pero aún no realiza todas los compromisos adquiridos.

Este mes el Incopesca firmó un nuevo acuerdo con la FAO, para implementar un proyecto de cooperación para fortalecer las capacidades del país para enfrentar el problema. Cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.