(VIDEO) Proyecto clave para vía a San Carlos sigue en ascuas

(CRHoy.com). Los criterios técnicos para que las obras de construcción de la carretera a San Carlos afecten el humedal La Culebra, en el tramo central del proyecto (Sifón de San Ramón-La Abundancia de Ciudad Quesada (están bajo análisis en la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara).

Así lo detalló Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, tras una visita efectuada el pasado fin de semana por la Zona Norte.

Según el jerarca, la evaluación de los criterios técnicos, que deben incluir la compensación ambiental al intervenir la zona del humedal, genera un breve atraso en los cronogramas iniciales propuestos. Sin embargo, la intención es que esto quede listo en las próximas semanas.

Con todos los análisis listos, el Poder Ejecutivo podría convocar en estas sesiones extraordinarias (que concluyen el próximo 31 de enero y que es cuando el gobierno lidera la agenda legislativa) el proyecto de ley que permitirá construir la carretera en la zona del humedal.

El proyecto de ley que incide en la carretera a San Carlos fue planteado en la pasada Administración (2018-2022) por los diputados Roberto Thompson y María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN); Erick Rodríguez, diputado independiente; Dragos Dolanescu, del Republicano Social Cristiano y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La propuesta daría una autorización, con la inclusión de obras compensatorias, para construir un tramo de la vía sobre el humedal La Culebra, situado en el tramo central del proyecto.

Cuando comenzó, hace 17 años, la construcción del tramo central estaba a cargo de la empresa taiwanesa RSEA. Pero, en 2007, por el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán durante el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), la compañía asiática abandonó el país.

Un año después, en 2008, la obra pasó a manos de la compañía costarricense Sánchez Carvajal mediante una cesión de derechos.

La empresa local estuvo a cargo durante 10 años, hasta que el gobierno de Alvarado optó por romper el contrato- Desde agosto de 2018, la construcción está paralizada, con un 76% del trazado ya asfaltado.

Hasta 2018, el proyecto había consumido $291 millones de recursos estatales. Una cifra notablemente superior a los $61 millones estimados en 2005, cuando la obra comenzó a cargo de RSEA.

Una inspección realizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en 2021 detectó la existencia de 5 fallas geológicas en distintos puntos de los 30 kilómetros que involucran el tramo central, las cuales agravan la vulnerabilidad de 68 taludes inestables identificados cerca de la carretera. Además, se encontraron 2 mil puntos con riesgo de deslizamiento.

Mientras se define el futuro, hay numerosos pendientes por resolver: un hundimiento en el kilómetro 21, la necesidad de construir un nuevo puente sobre el río Laguna y una pugna legal por la existencia de un humedal en el sector de La Culebra. En total, hay 40 puntos críticos por atender debido a inestabilidades geológicas.

La carretera se dividió en 3 tramos independientes: la punta norte (Florencia-Ciudad Quesada, en operación desde 2018 tras inversión de $14 millones), el central y la punta sur (Sifón-San Miguel de Naranjo).

Amador explicó que, para la punta sur, las expropiaciones costarían aproximadamente ₡8 mil millones y en diciembre se tendrán reuniones con los propietarios de los terrenos requeridos.

El futuro del proyecto está comprometido. Para finalizar la carretera, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene a disposición un crédito de $250 millones aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero su uso está sujeto a que los proyectos de los intercambios Taras-La Lima y el lote 4 de obras impostergables (obis) en el plan de la ruta a San Ramón avancen.

Las 3 obras forman parte de un plan integral de financiamiento otorgado por el organismo multilateral por $350 millones, el cual se ejecuta bajo el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) del MOPT.

Adicionalmente, el Estado debe aportar $110 millones para completar la cantidad de dinero requerido para finalizar la carretera hacia San Carlos.