UNED declara a todo su personal “exclusivo y excluyente” para evitar salario global
Instalaciones de la UNED
(CRHoy.com) Así como lo han hecho otras 31 entidades, la Unidad Estatal a Distancia (UNED) tomó el acuerdo de declarar a todo su personal "exclusivo y excluyente", y acogerse a un portillo legal en la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público para así escaparse del salario global que impone el Ministerio de Planificación y de Política Económica (Mideplan).
"Declarar que el personal de la Universidad Estatal a Distancia, sin excepción alguna, se cataloga como exclusivo y excluyente para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas, así como para cumplir la misión, visión, objetivos y funciones encomendadas a la universidad", dice un acuerdo del Consejo Universitario de la UNED del pasado 10 de marzo.
La mayoría de las entidades que se han declarado a su personal como "exclusivo y excluyente" son municipalidades, además del Poder Judicial, y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En el caso de la UNED el acuerdo señala que se instruir a la administración para que elabore una propuesta de "salario global transitorio" para el personal universitario que ingrese a partir de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, para conocimiento y aprobación del Consejo Universitario.
"Dada la urgencia de la definición de un salario global transitorio en la UNED, para esos efectos, el Consejo Universitario se constituirá en Comisión y se dispensa del trámite de consulta establecido en el Reglamento del Consejo Universitario y sus Comisiones", agreda el acuerdo.
¿Cuál es el portillo?
Según el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle el portillo lo estableció la Sala Constitucional cuando conoció consultas de inconstitucionalidad por parte de los diputados opositores a la ley.
La Sala IV en su sentencia declaró que lo único inconstitucional que tenía la ley es que Mideplan fijara el salario global de los funcionarios que realicen labores "exclusivas y excluyentes" de las entidades que tienen autonomía constitucional.
Para Hernández los jerarcas de cada institución autónoma tuvieron un año para con estudios técnicos determinar cuáles funcionarios cumplían con esa labor "exclusiva y excluyente", pero en palabras de este abogado "todos se hicieron los tontos" y se esperaron a que la ley entrara en vigor para ahora si meter a todos el personal bajo esa categoría.
Agregó que Mideplan también contribuyó a esta situación, porque aún no tuvo listo las escalas de los salarios globales.