Tras fuertes críticas, Justicia modifica reglamento con el que otorga beneficios carcelarios
Los delitos son crimen organizado, delitos contra la vida y delitos sexuales
(CRHoy.com).— El Ministerio de Justicia modificó su reglamento de beneficios carcelarios tras fuertes críticas donde se permitía a los privados de libertad dejar el sistema carcelario y seguían cometiendo delitos, como el homicidio de Keylor Eli Gamboa Muñoz, de 19 años, en diciembre pasado, y cuyo principal sospechoso es un hombre de apellido Zepeda Rubí, de 34 años, gozaba del beneficio semi-institucional y cumplía una condena por el delito de robo agravado.
CRHoy.com dio a conocer que un total de 77 personas, del 2010 al 2019, fueron asesinadas por privados de libertad que lograron obtener el beneficio carcelario del régimen semi-institucional por parte el Instituto Nacional de Criminología, ente adscrito al Ministerio de Justicia, según un estudio realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El Gobierno informó, por medio de un comunicado de prensa, que el Presidente de la República, Rodrigo Chaves; el Ministro de Justicia, Gerald Campos, y el Ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, firmaron un decreto que reforma el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional para endurecer "las condiciones que actualmente permiten a personas condenadas por delitos de crimen organizado, delitos contra la vida y delitos sexuales, optar por la posibilidad de pasar al régimen de confianza o semiinstitucional hasta que cumplan como mínimo la mitad de la pena".
El Fiscal General, Carlo Díaz, presentó ante la Sala Constitucional, en diciembre del 2022 pasado, un recurso de amparo en contra de varios artículos del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional. Incluso, dentro de los documentos aportados a los magistrados de la Sala Constitucional, está el oficio FGR-383-2019, enviado por la entonces Fiscala General, Emilia Navas, a la Ministra de Justicia, de ese momento, María González Aguiluz, en el cual se le indica que para antes de ubicar a personas en el régimen semi-institucional se debe gestionar ante un juez y se le debe dar audiencia al Ministerio Público, para que valoren la pertinencia del mismo.
El estudio realizado por el OIJ determinó que del 2010 al 2019 se cometieron más de 6 mil delitos por personas con dicho beneficio y en los tres primeros lugares se ubican el robo agravado, infracción a la ley de psicotrópicos y a la ley de violencia contra la mujer.
