Sindicatos se oponen al proyecto del Ejecutivo para fijar tope a pensiones del Magisterio Nacional
Señalan que proyecto no considera los años de trabajo en el sector educativo ni el alto porcentaje de cotización
Foto Marco Monge.
Los sindicatos de Educación alzaron la voz y se oponen al proyecto de Ley N.° 24.786 "Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público" presentado a finales de enero por el Poder Ejecutivo, el cual busca poner un tope a las pensiones del Magisterio Nacional.
De acuerdo con el gremio sindical, la propuesta pretende reducir el monto de las pensiones y jubilaciones, sin considerar los años de trabajo en el sector educativo, el alto porcentaje de cotización que pagan los trabajadores, ni las contribuciones especiales que han sido establecidas a lo largo de los años mediante distintas normativas.
La justificación del proyecto carece de fundamento y estudios actuariales integrales, a la vez que desconoce las diferencias sustanciales entre el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) del Magisterio Nacional y otros regímenes, particularmente el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Un ejemplo claro es que, en el régimen magisterial, los asegurados deben pagar altos porcentajes de cotización, tanto antes como después de otorgarse el derecho jubilatorio.
La cotización básica de los funcionarios activos de la educación se eleva en algunos casos hasta un 16% del salario, establecida hace por tres décadas (art. 70, ley 7531). Además de esta cotización común, se paga el impuesto sobre la renta y, adicionalmente, algunas pensiones son gravadas con una cotización especial solidaria que oscila entre el 25% y el 75% después de un límite establecido (art. 71, ley 7531), expuso la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).
De acuerdo con los sindicatos, el documento presentado por el Poder Ejecutivo busca imponer un monto máximo de pensión, sin diferenciar entre los distintos regímenes existentes.
Esta medida ignora los derechos adquiridos de quienes cotizaron conforme a leyes aprobadas en distintos periodos legislativos. Su aplicación afectaría gravemente la estabilidad económica y la calidad de vida de las personas jubiladas y pensionadas del Magisterio Nacional, en su mayoría adultas mayores, agregaron.
Ante esto, señalan su total oposición al proyecto y aseguran que el mismo atenta contra los fundamentos del Estado Social de Derecho.
Esta iniciativa fue presentada el pasado 22 de enero y aún está pendiente de asignarse la comisión legislativa que analizará la propuesta.