Sala IV condena a colegio por caso de estudiante con discapacidad que fue golpeado, humillado y tirado en un basurero

Sala Constitucional, en San José.

La Sala Constitucional condenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) por la no intervención de una docente en el caso de agresión y bullying que recibió un estudiante con discapacidad en el Colegio de Bagaces, en Guanacaste.

La madre del menor interpuso un recurso de amparo explicando que su hijo tiene discapacidad y carné del Conapdis y señala que el menor había sido agredido en dos ocasiones en el colegio.

La primera vez le pegaron, lo hicieron comer a la fuerza del piso y le gritaron "coma como un perro"; sin embargo, según los profesores, no vieron nada.

La segunda ocasión aconteció el 25 de junio de 2024, cuando lo agredieron, metieron en un basurero, se burlaron de él y lo grabaron; empero, nadie vio nada tampoco. Narra que en el colegio le dijeron que no saben quién grabó, ni la llamaron para informarle de lo que le había pasado a su hijo, se lee en el recurso.

El colegio, por su parte, indicó a la Sala IV que recibió la denuncia de la docente de educación al hogar que presenció los hechos y le pidió a otro estudiante que sacara a la víctima del basurero, debido a que ella estaba cuidando examen.

Además, agregaron que abrieron un proceso contra las personas involucradas en el hecho, que culminó en una sanción.

Por lo ocurrido, se declaró parcialmente con lugar el recurso.

"Se declara parcialmente con lugar el recurso, en cuanto a la falta de intervención de la docente denunciante en la situación ocurrida el 25 de junio de 2024, la no comunicación inmediata a la persona encargada del menor luego de acontecido el hecho y la omisión de las autoridades del MEP de procurar la continuidad del proceso educativo del menor, una vez que conocieron que él no quería regresar al colegio.

Se ordena a Anna Katharina Müller Castro y Johanna Ampié Guzmán, por su orden ministra y directora del Liceo de Bagaces de la Dirección Regional de Educación de Liberia, ambas del Ministerio de Educación Pública, o a quienes ocupen tales cargos, girar las órdenes pertinentes, llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario, a fin de que: 1) en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se instruya al personal docente y administrativo que cuando observen alguna situación de agresión o bullying entre estudiantes menores de edad, deben intervenir y prestar la colaboración necesaria con independencia de que se encuentren llevando a cabo otras funciones, así como que, luego de que las autoridades educativas tengan conocimiento de algún acontecimiento de esta naturaleza, deben comunicarse de forma inmediata con las personas encargadas de los menores afectados, a los efectos de que tengan la posibilidad de brindarles el apoyo y soporte correspondiente en caso de que lo necesitaren", detalla el recurso.  

Además, la Sala agregó que, en un plazo de 10 días hábiles, contado a partir de la notificación de este asunto, se evalúe la situación del menor de edad tutelado con respecto al proceso de integración dispuesto en el oficio DREL1-SEC03-CB-0087-2024 y, en caso de que se determine algún rezago o afectación en su aprendizaje, se tomen las medidas necesarias para garantizar su nivelación en este curso lectivo.