Sala IV acoge recurso contra PANI, INAMU, IMAS, CCSS y Fiscalía por caso Keibril

(CRHoy.com) El abogado Brayan André Muñoz Fernández presentó un recurso de amparo contra el PANI, el INAMU, la CCSS, el IMAS y la Fiscalía de Cartago a favor de la adolescente de 13 años que dio a luz, al parecer producto de una violación, a Keibril García, la bebé de 9 meses que cumple ya una semana desaparecida.

Muñoz indicó a CRHoy.com que interpuso el recurso el pasado viernes y la Sala Constitucional lo admitió para estudio.

En el caso del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el recurrente señaló que esta institución arrastra una serie de inconsistencias en su labor, incluso violentando el derecho de los padres.

"Lo que pasó con esta niña de 13 años fue la gota que derramó el vaso. El PANI no han querido aclarar muchas cosas se excusan en que tienen una investigación interna para no reconocer ante la opinión pública que han cometido actos de negligencia", afirmó.

En la petición a los magistrados constitucionales se solicita que el PANI aclare qué ocurrió en la eventual violación que sufrió la menor mamá de Keibril y por qué no se aplicaron los protocolos establecidos para estos casos.

En el caso del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) el abogado cuestiona que no procedió a darle ayuda económica a la menor, con la finalidad de que pudiese contar con los recursos necesarios para atender a su hija y no encontrarse en una condición precaria, que al final la llevaron a la situación que permitieron la sustracción de la bebé.

Sobre la Fiscalía Adjunta de Cartago se señala que no se ha pronunciado sobre las razones por las cuales no había solicitado la realización de la prueba de paternidad al hombre de apellido Casasola, a pesar de que se tenía como sospechoso de la comisión del delito de violación en perjuicio de la menor amparada y en consecuencia, que es el padre biológico del infante actualmente desaparecida.

A su vez, que dicho individuo permanecía en libertad, lo que permitió que sustrajera a la bebé de 9 meses de edad, en claro incumplimiento de deberes, en perjuicio de las menores aquí tuteladas.

En el caso del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) se cuestiona que tenían conocimiento que dentro del núcleo familiar de la menor había amenazas y violencia doméstica.

Esto debido a las constantes amenazas de Casasola en contra de la menor. Sin embargo, no existe ningún reporte, informe o investigación que se haya efectuado por parte del Instituto recurrido tendente a la protección de la menor y su familia.

En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se explica que en junio de 2022 la menor dio a luz a su hija en el Hospital Max Peralta de Cartago.

El abogado alega que en ese centro médico solo indicaron que se procedió a activar los protocolos pertinentes, dieron apoyo a la menor y pusieron el caso en conocimiento del PANI, pero no informaron sobre el asunto a la Fiscalía de Cartago, pese a que por tratarte de un caso de embarazo de persona menor de edad, estaban en presencia de un delito de violación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación penal.

"Los recurridos han incurrido en una serie de acciones y omisiones que no han garantizado el interés superior del menor y la tutela efectiva de sus derechos, para garantizar, la vida, integridad y bienestar de las menores, conforme a los derechos resguardados en la Constitución Política, la legislación nacional y los tratos internacionales sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes", indica el recurso.

Muñoz en el recurso solicita que se otorgue a la madre de la bebé toda la protección necesaria y de igual forma con la bebé, con la esperanza que aparezca con vida.

"Que se tomen todas las medidas drásticas, contra los funcionarios, ya sean penales, administrativas o civiles y que el Estado condone a la madre de la menor", agregó el abogado.

El litigante reconoce que presentó el recurso a título personal, pero ya se ha comunicado con la tía de la menor.

La Sala Constitucional otorgó tres días hábiles a las instituciones señaladas para que envíen un reporte a los magistrados sobre los hechos cuestionados.