Quinto presupuesto del Gobierno levanta más dudas entre diputados

(CRHoy.com) -Nuevas dudas rodean al quinto presupuesto extraordinario de la República para 2022, a pesar de que el Gobierno urge a los diputados su aprobación.

Las inquietudes crecieron entre los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que discute el proyecto de ley bajo el expediente 23.482, después de que la Contraloría General de la República (CGR) hizo más cuestionamientos al texto enviado tardíamente por el Poder Ejecutivo al Congreso.

Además de los plazos tan ajustados para dictaminarlo en esa comisión y votarlo en el Plenario Legislativo, la entidad fiscalizadora puntualizó las siguientes observaciones:

• En lo que respecta al ajuste de ingresos, el Ministerio de Hacienda reestimó que para el cierre del ejercicio económico de 2022 los ingresos totales podrían ubicarse en ¢6.849.723 millones. En este proyecto se incorporan ¢15.228 millones en otros rubros, quedando un desfase cercano a los ¢500 mil millones.
• Con respecto a los ingresos por transferencias, los recursos del superávit provenientes de la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central (ley 9524) se incorporan como transferencias corrientes, a pesar del criterio técnico de la Comisión de Clasificadores que recomienda registrarlos como parte del superávit.
• De considerar a los recursos de la ley 9524 como superávit, el efecto sería un aumento del déficit financiero de 0,01% del Producto Interno Bruto (PIB).
• El Ministerio de Hacienda incorpora ¢3.326 millones para el pago de Servicios de Tecnologías de Información, los cuales corresponden a pagos por servicios ya recibidos y por recibir en diciembre.
• Incorpora una norma de ejecución que modifica el uso de recursos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) que contraría el principio de anualidad (el presupuesto debe comprender todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados durante el año económico).
• Se incorporan como ingresos recursos que el Poder Judicial ha mantenido en cuentas bancarias por diversos motivos. La Contraloría considera que esta práctica no atiende los principios de unidad de caja y de publicidad y especificidad del presupuesto.
• Aunque el proyecto busca realizar ajustes necesarios para que el presupuesto refleje correctamente la realidad económica, como es la incorporación de los créditos externos, otros elementos podrían incidir en el dictamen de la liquidación del presupuesto, como es la precisa clasificación de los rubros presupuestarios de ingresos, de tal forma que se refleje el impacto real de la ejecución financiera sobre el déficit o el incumplimiento del principio de anualidad por la modificación en el uso de recursos asignados en el presupuesto de 2015.

Interrogantes

La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, mencionó que una de las principales dudas que mantienen los legisladores es que se incorporan recursos para pagar gastos ya ejecutados.

Nos comentaron que es que había facturas que ya estaban para pagar. Entonces, la pregunta clave es: ¿Cómo pagan algo que ya está ejecutado? Tenemos dudas sobre ese tema. Le hicimos la consulta a la Contraloría y nos dijeron que no podían manifestarse porque hay una investigación sobre ese tema. Queremos, de previo, hacer esa consulta al Ministerio de Hacienda porque no quisiéramos cometer una irregularidad aprobando algo que no corresponde presupuestariamente.

La liberacionista reconoció que mientras no se aclare ese tema, difícilmente avalaría el proyecto de ley, tal y como está redactado.

"Queremos tener claridad previo a eso. O volvemos a llamar a audiencia al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para que lo explique o esperaremos a que respondan la consulta por escrito", subrayó.

Ramírez dijo que le sugirió al jerarca excluir del proyecto los puntos que generan dudas para evitar hacer más consultas y poder votarlo a la brevedad en la Comisión de Asuntos Hacendarios, debido a los plazos tan ajustados.

El congresista García, por su parte, puntualizó que otra duda es que se incorporaron ¢113 millones para pagar aguinaldos a funcionarios del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) que, al parecer, ya fueron girados.

Esto sería una falta bastante grave, ya que el Gobierno de la República habría girado recursos de una partida sin contenido presupuestario. Son temas latentes que se seguirán conversando en los próximos días para poder lograr la toma de decisión de forma más oportuna y, posteriormente, pasar el proyecto al Plenario Legislativo para su debido trámite.

El socialcristiano también externó inquietudes en torno al incumplimiento del principio de anualidad que rige a los presupuestos.

"Son dudas que tenemos las diputaciones que necesitamos aclarar en los próximos días para aprobar el quinto presupuesto extraordinario en el marco de la legalidad", añadió.

¿Habrá tiempo?

Las interrogantes de orden técnico que rodean al quinto presupuesto extraordinario 2022 deberán resolverse a la brevedad porque el Congreso tiene que votar el proyecto de ley en un tiempo récord.

De hecho, la premura para tramitar el expediente abre una de las dudas más importantes que tienen los diputados, y es si los recursos del quinto presupuesto extraordinario podrán ser ejecutados, en caso de que la Asamblea Legislativa logre aprobarlo antes del próximo 22 de diciembre, último día de labores de este año que tendrán los congresistas.

Según los plazos, la Comisión de Asuntos Hacendarios tiene tiempo hasta el 21 de diciembre para dictaminar, afirmativa o negativamente, el expediente.

En el caso de que los diputados logren hacerlo la próxima semana -lo cual depende de respuestas satisfactorias a las dudas de orden técnico que tienen- el proyecto pasará al Plenario para su votación en una carrera contra el reloj.

Si los legisladores logran aprobarlo en sus dos debates reglamentarios en el Plenario antes del 22 de diciembre, siempre queda la duda de si se podrá ejecutar los recursos en lo que queda del año, tomando en cuenta que el Gobierno cerrará sus puertas el 23 de diciembre.

Un ejemplo claro de esa dificultad es que el presupuesto contiene ¢85.362 millones para el pago de cuotas obrero-patronales en el marco de un convenio entre los ministerios de Hacienda, Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, el plazo para cancelar esas cuotas vencerá el próximo 15 de diciembre, mucho antes de que el Congreso pueda aprobar el proyecto.

Incumplir ese plazo, según apuntó García,  provocará que el MEP aparezca como un patrono moroso ante la Caja.