Proyecto para crear registro genético de agresores sexuales genera posiciones divididas en la Corte
Proyecto de ley busca crear una base de datos genética con información de agresores sexuales ya condenados
La creación de un banco de material genético que contenga registros de exconvictos condenados por delitos sexuales en el país genera opiniones divididas al interior de la Corte Suprema de Justicia. Así quedó evidenciado en la sesión de Corte Plena de este lunes.
Un proyecto de ley (expediente 24.327), tramitado en la Asamblea Legislativa, pretende respaldar legalmente la operación de un registro que permita conservar muestras e indicadores genéticos de agresores sexuales ya condenados, incluso si ya han terminaron su sentencia.
La iniciativa fue sometida a análisis por los magistrados, dada su eventual incidencia en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. La discusión se centró en la redacción del texto que se pretende convertir en ley.
La propuesta busca dotar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de respaldo legal para crear una base de datos digital con información de personas en esa condición, así como un Banco de Datos con Material Genético de dichos ofensores.
El material genético se podrá obtener únicamente de personas condenadas por delitos sexuales cuyas penas superen los cuatro años de prisión, utilizando métodos científicos que garanticen su salud e integridad física.
La información será salvaguardada y protegida por el Organismo, con acceso restringido, manteniéndola bajo el más alto nivel de confidencialidad y para uso exclusivo de investigadores, jueces, fiscales y defensores dentro de un proceso judicial.
Sin embargo, la propuesta también plantea que la policía judicial dé seguimiento a quienes hayan cumplido penas superiores a cuatro años por delitos sexuales, con el fin de verificar su adecuada reinserción en la sociedad y disminuir el riesgo de reincidencia.
Este último aspecto generó discrepancias entre los magistrados, ya que las labores de seguimiento no corresponden al Organismo, sino a las policías administrativas u otras instituciones ajenas al Poder Judicial.
La reforma implicaría un cambio estructural que asignaría nuevas funciones al OIJ, sin detallar con precisión cómo se ejecutarían ni prever recursos presupuestarios para su implementación.
Además, se señaló en el informe que se desconoce si existe un antecedente similar en otros países, donde una persona que ya cumplió su condena siga siendo objeto de vigilancia.
Una de las magistradas que se manifestó en contra del proyecto, tal como está redactado. Patricia Vargas, quien advirtió que se está asignando una función específica al OIJ que actualmente no le corresponde.
"Al margen de que exista una base de datos de genética que permita hacer comparaciones, de ninguna manera el OIJ hace seguimientos de personas que no están siendo procesadas y mucho menos de aquellas que fueron sentenciadas y ya cumplieron sus condenas.
El proyecto no define ni dice siquiera, cuáles son los alcances de ese seguimiento. ¿Será que el OIJ tiene que seguir físicamente a estas personas o montar vigilancias? Porque el proyecto no es preciso, señaló Vargas.
Dos magistradas respaldaron la iniciativa y aclararon que el "seguimiento" al que se refiere el proyecto consiste únicamente en facilitar la identificación de un agresor sexual en caso de una nueva denuncia, mediante la comparación de fluidos con el material genético almacenado en la base de datos.
Así lo explicó la magistrada Roxana Chacón:
"En el banco de material genético se reportan los diferentes agresores sexuales que cometen violaciones y que ya han sido debidamente sentenciados. Obviamente, aquí no estamos hablando de personas indiciadas, estamos hablando de personas que ya han sido sentenciadas, han sido los delitos comprobados a nivel penal y ya mantienen una sentencia.
El hecho de tomar el material genético es fundamental, a efectos que figure en el banco, que también es un proyecto que ha venido trabajando Medicatura Forense, para recibir el material genético para que quede ahí acreditado", aseveró.
Por su parte, la magistrada Iris Rocío Rojas sostuvo que no se estarían añadiendo funciones al OIJ, ya que este organismo cuenta actualmente con bases de datos genéticos disponibles para el Poder Judicial.
Añadió que el registro de ese material permitirá identificar reincidencias de forma más ágil, ya que se han documentado múltiples casos en los que, tras cumplir sus condenas, los agresores regresan a sus comunidades y cometen nuevas violaciones.
"Teniendo las bases de datos, el Poder Judicial puede aprovechar realizar otras funciones que le encomiende la ley. No sé si el OIJ hizo una determinación de cuántos recursos adicionales (requiere), pero ya esas bases de datos las tiene y ya realiza esa función.
Me parece que si eventualmente el Poder Judicial podría destinar por la vía presupuestaria los recursos adicionales para fortalecer una competencia y unos recursos que ya tiene, así como una función que ya hace", puntualizó.
Actualmente, los rastreos genéticos están a cargo de microbiólogos, químicos y profesionales de la Clínica Médico Forense y el Departamento de Genética, quienes trabajan en conjunto con bancos internacionales para identificar, por ejemplo, personas fallecidas en el extranjero.
La información genética recopilada permanecerá en los registros del Organismo durante 50 años posteriores a la sentencia condenatoria por la comisión de un delito sexual, según plantea la propuesta. Tras ese plazo, deberá eliminarse todo dato y material genético del individuo.
Finalmente, 19 de los 22 magistrados consideraron que la propuesta incide en el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que requerirá del voto afirmativo de 38 diputados para convertirse en ley.