Propiedad y $1.300.000 quedaron en manos del Estado al no poder justificar su origen
Autoridades abrieron tres procesos en los cuales decomisaron los bienes.
(CRHoy.com).-El Ministerio Público comunicó que la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró a que varios patrimonios ilícitos quedarán a favor del Estado después de interponer denuncias ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Las denuncias se trataron de tres incidentes, en los cuales varias personas eran dueños de una finca y dinero ilícitos; la Fiscalía logró a que se declarara la pérdida de estos patrimonios a favor del Estado en los procesos de capitales emergentes.
Uno de los casos, cuya denuncia fue interpuesta, se trató de una investigación que realizó la Fiscalía en el 2021 en contra de una sociedad, la cual estaba representada por una persona de apellido Alvarado, debido a que el bien inmueble, ubicado en Alajuela, fue comprado con dinero en efectivo.
La otra causa se abrió contra la persona de apellido Correa que transportaba nueve bolsas plásticas en las cuales había 8.100.000 colones; los oficiales de la Fuerza Pública de Guácimo, en Limón, detuvieron a la persona sospechosa tras realizar la respectiva inspección.
El tercer proceso que se llevó a cabo fue en contra de tres personas de apellidos Morera, Moiño y Jiménez; a estos individuos se les abrió la causa debido a que se detectaron una actividad extraña en un banco en la cual se transfirió 1.315.569 dólares, cuya procedencia no se pudo justificar.
¿De qué se trata el proceso de capitales emergentes?
El Ministerio Público explicó que los procesos de capitales emergentes se realizan para perseguir "aquellos bienes y valores de los que se sospecha podrían tener su origen en actividades delictivas o ilícitas".
En este tipo de procesos, las autoridades judiciales no buscan juzgar ni imponerles condenas penales a las personas, sino quitarles y declarar las pérdidas de los bienes, ya sean muebles o inmuebles.
Según la Ley, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio de Hacienda pueden denunciar sospechosos incrementos de capitales.
Ante la existencia de estas sospechas, las instituciones mencionadas pueden presentar ante el Juzgado Contencioso Administrativo las pruebas que ayuden a sustentar las denuncias.
Cuando se determina que los bienes son ilícitos, el Juzgado declara la pérdida de estos en favor del Estado y estos bienes son entregados al ICD en depósito judicial.