Diputados mantienen normas de ahorro que Gobierno quiso eliminar

(CRHoy.com).-Aunque el Gobierno quería eliminarlas, los diputados mantuvieron 20 importantes normas de control del gasto y ahorro en el presupuesto nacional para el próximo año.

La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, explicó que en el presupuesto se mantuvieron seis normas de ejecución presupuestaria que han sido recurrentes por quinto año consecutivo.

También se incorporaron 14 reglas adicionales para controlar la gestión del gasto y para obligar a una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, dijo la legisladora.

Ramírez destacó el consenso entre las agrupaciones políticas que permitió la incorporación de las normas que han generado millonarios ahorros al país.

"No solo han tenido un fin de carácter contable, sino, principalmente, una búsqueda del cumplimiento del equilibrio financiero de la administración financiera. Claramente han ayudado a dar contención al gasto en materias tan diversas como la forma de uso de los recursos y los movimientos presupuestarios de las plazas", sostuvo.

Según datos del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, en total las normas de ejecución incluidas en el presupuesto ordinario de 2021 generaron ahorros por ¢174.578 millones.

Una de las normas obliga a las instituciones a que los montos generados por subejecución de recursos (remanentes) no puedan ser utilizados en otras subpartidas para evitar los colchones presupuestarios.

Durante el próximo año y, por primera vez, el Ministerio de Hacienda deberá revisar trimestralmente las estimaciones de recaudación de ingresos corrientes y ajustar el presupuesto con base en las mismas. Esto busca más claridad y transparencia en torno a los ingresos efectivos del Gobierno y su asignación presupuestaria para bajar la dependencia del endeudamiento.

Otra regla prohíbe crear plazas nuevas y regula la utilización de las que se abrieron antes de 2023. En ambos casos, solo se permitiría con permiso de la de la Autoridad Presupuestaria previa evaluación de su impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal en el gasto efectivo.

De la disposición se excluyen al Ministerio de Educación Pública (MEP), con respecto a las plazas para docentes, a los funcionarios de todos los cuerpos policiales y a las plazas excluidas del régimen del Servicio Civil.

También otra norma obliga a las instituciones del Gobierno a que en el primer trimestre de 2023 hagan una evaluación de costo-beneficio de los alquileres de edificios, locales y terrenos e informen a la Autoridad Presupuestaria para reducir los pagos por alquileres. Además, le exige a los jerarcas renegociar contratos para bajar el costo y prohíbe los aumentos en los alquileres.

Los diputados incluyeron otra regla que le exige al Ministerio de Hacienda informar a la Asamblea Legislativa sobre la valoración de los alquileres antes de finalizar el primer semestre de 2023.

Una disposición más exige al Gobierno buscar entre los funcionarios del sector público a especialistas para evitar la contratación de las denominadas consultorías (gastos por servicios de gestión y apoyo) y solo por inopia se podrán utilizar las subcontrataciones.

Las renovaciones de contratos existentes durante el 2023 quedan sujetas a un estudio costo-beneficio sobre el servicio recibido.

La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó esta semana el presupuesto ordinario y extraordinario para 2023 por un monto de $12,3 billones. El proyecto de ley deberá ser discutido y votado ahora por el Plenario Legislativo.