Presidencia prepara 5 proyectos prioritarios para enviar al Congreso

(CRHoy.com) La Casa Presidencial presentará, en los primeros 5 meses del 2023, 5 proyectos de ley prioritarios para la Administración de Rodrigo Chaves Robles.

Las propuestas de ley tratarán sobre venta de activos estatales, creación de impuestos y planes de endeudamiento internacional para atender el rezago y urgencias en materia de infraestructura. 

Tres de estas propuestas llegarán a Cuesta de Moras, sede de la Asamblea Legislativa, en las primeras semanas de enero. Estas son una nueva iniciativa para la venta del Banco de Costa Rica (BCR)– tras el fracaso con el primer proyecto presentado en septiembre-, el plan para la creación del Impuesto de Renta Global Dual  y el texto para la aprobación del crédito por $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la atención de infraestructura en condición de riesgo inminente.

Entre tanto, para mayo, se espera que lleguen las iniciativas de ley para la venta del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).

Segundo intento para vender BCR

En noviembre pasado el gobierno se vio obligado a retirar del Congreso su proyecto de ley para vender el BCR, esto tras un rechazado generalizado por parte de los sectores políticos y económicos del país. Sin embargo, pocos días después la ministra de Presidencia, Natalia Diaz Quintana anunció la presentación de una nueva propuesta, la cual dijo está en construcción.

El nuevo planteamiento podría llegar mediante la moción de un texto sustitutivo al proyecto original o mediante la presentación de un plan totalmente nuevo.  Díaz dijo que entre las observaciones que se están analizando están las de los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso- donde se discutía el plan- y las acotaciones de la Contraloría General de la República.

Entre las observaciones a las que más se les presta atención, según Díaz, es el cuestionamiento de los opositores a la venta con respecto a que concentra demasiado poder sobre la subasta en un comité que estaría conformado por los ministros de Presidencia, Hacienda, Trabajo, Economía y Planificación.

El objetivo del Gobierno con la venta del BCR es bajar la deuda pública, que según estimaciones que han hecho, permitirá una rebaja de hasta un 2.37% de la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto (PIB).

Según el jerarca de Hacienda,  Nogui Acosta Jaén, si el BCR se vende en el 2024, esto cambiaría la regla fiscal y le permitiría al Gobierno hacer gastos en inversión social por cerca de ¢95 mil millones en 2025.

Impuesto a todos los ingresos

El proyecto de ley que crearía el Impuesto de Renta Global Dual llegará en enero al Congreso, según lo confirmó días atrás el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.

La renta global es un cobro porcentual que se hace a personas físicas y jurídicas con actividad lucrativa. Este tipo de cobro se aplica a los ingresos de forma gradual y proporcionalmente con respecto al monto de dinero que recibe cada mes por sus actividades económicas o laborales, esto con independencia de la fuente generadora, siempre que sea local.

Los economistas han reiterado la importancia de no confundirla con la renta mundial, pues la renta global pretende globalizar las tasas de impuestos, pero no tiene nada que ver con el territorio o la renta mundial.

Así las cosas, la renta global consiste en sumar todos los ingresos en una misma cuenta y aplicar un impuesto diferenciado, de acuerdo con sus ganancias.

Es similar a la aplicación del impuesto de renta que ya se aplica a los asalariados, pues el impuesto se calcula con base en una tabla que asigna porcentajes más altos a montos mayores. La diferencia es que ahora sumará no solo salarios, sino todos los ingresos.

La renta global incluye los ingresos  recibidos por el trabajo, los rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario, las rentas provenientes de las actividades económicas propias, así como las variaciones patrimoniales provenientes de las ganancias de capital eventuales. Se acumula la totalidad de dichos ingresos en la base de renta bruta.

Recursos para atender emergencia por lluvias y rezago en infraestructura

El pasado 13 de diciembre el gobierno anunció que el BCIE aprobó otorgar un crédito de $700 millones para que Costa Rica repare infraestructura vial que resultó dañada por eventos climáticos registrados en los últimos años.

La utilización de los recursos estará sujeta a la aprobación de la Asamblea Legislativa. El plan, dijo el Poder Ejecutivo, se presentará en enero dada la urgencia de los recursos.

Según el Poder Ejecutivo, el Estado tendrá 30 años para pagar el crédito a una tasa cercana al 4%.

Con el dinero, se efectuarían intervenciones en 2.500 infraestructuras cuyos arreglos impactarían a 3.8 millones de habitantes.

Además, se atenderían 150 puntos vulnerables de carreteras en diferentes rutas del país. También, otras vías afectadas por taludes, hundimientos, deformaciones.

Asimismo, se efectuaría la rehabilitación y la sustitución de 82 puentes en estado deficiente e instalación de puentes modulares.

También, están los planes de reparación o reconstrucción de 36 escuelas ubicadas en 28 cantones. Entre ellas, 6 en territorio indígena, incluyendo mobiliario y equipamiento de comedores.

Asimismo, se intervendrán 40 puentes entre cerchas y vigas de la línea en funcionamiento de la zona del Atlántico y 32 estructuras entre puentes (22), vías (9) y un túnel del tren de pasajeros de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Otras estructuras que serán intervenidas serán sistemas de agua, alcantarillas, vados, obras de mitigación en ríos y quebradas, entre otras.

Según la declaratoria de riesgo inminente emitida en noviembre por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) sobre infraestructura pública en rutas nacionales, vías ferroviarias, puentes, centros educativos y viviendas, el 74% de proyectos a rehabilitar o reconstruir corresponde a infraestructura de transportes que incluye carreteras, puentes, alcantarillas y ferrovías.

Mientras que en viviendas el porcentaje de intervención será de un 13% y en infraestructura educativa otro 13%.

Venta de acciones del INS

El gobierno decidió postergar la presentación del proyecto de ley para sacar a venta el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS) hasta mayo entrante. Es decir, casi 9 meses después de su anuncio en agosto, en el marco de los primeros 100 días de esta Administración.

De momento lo que se conoce de la propuesta para vender el 49% de las acciones del INS es poco.

En septiembre pasado el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, dijo que el dinero que genere la eventual venta se destinaría a la construcción de obra pública, no a pagar deuda pública.

Acosta citó como ejemplo las necesidades en intervenciones de carreteras, la ampliación de varios de los aeropuertos nacionales. Puntualmente citó las construcciones en la ruta nacional 1 (San José-San Ramón) y la carretera San José-Cartago.

Extraoficialmente,  la venta del 49% de las acciones del INS generarían ingresos por los¢593 mil millones.

En su informe de sus 100 días de gestión el presidente Chaves  no manifestó que la venta de acciones de la aseguradora pública tendría como propósito financiar la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura, sino que ese dato fue revelado posteriormente por el ministro de Hacienda.

Otro de los datos que, extraoficialmente se han mencionado sobre el proyecto, es que dejaría claro los posibles compradores deberán respetar los montos de las contribuciones anuales que la aseguradora traslada al Estado como parte de sus utilidades. En 2021, por ejemplo, el INS trasladó ¢23.876 millones a Bomberos de Costa Rica y ¢2.944 millones al INEC.

Venta de BICSA

El Poder Ejecutivo también decidió postergar otro de los proyectos prioritarios anunciados por el presidente, Rodrigo Chaves Robles, para reducir la creciente deuda del país y mejorar su situación fiscal.

El proyecto de ley para la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) también llegará en  mayo de 2023, cuando arranque el nuevo período de Sesiones Extraordinarias, en el cual la Presidencia maneja la agenda de proyectos que discuten los congresistas.

Bicsa es una entidad financiera panameña creada en 1976. Es propiedad del Banco de Costa Rica (BCR), dueño del 51% de las acciones, y del Banco Nacional, propietario del restante 49% del capital.

La entidad bancaria tiene su sede en Panamá. En Costa Rica cuenta con oficinas para negocios en suelo nacional, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. Desde 1983, también opera una oficina en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.

Esta entidad bancaria ha estado en el ojo del huracán debido a problemas en su cartera de crédito que la llevaron a periodos de elevados incobrables, entre los cuales habrían existido créditos a empresas ticas en problemas financieros.

Sin embargo, por estar domiciliada completamente en Panamá, la entidad escapa de la supervisión que se pueda realizar en Costa Rica, aún y cuando según sus estados financieros es en Costa Rica en donde se encuentra colocada la mayor parte de los créditos con un total de ¢390.724 millones al cierre de 2019.

El siguiente país en importancia es Panamá con ¢252.612 millones y muy por detrás Ecuador con ¢49.526 millones.

Bicsa también ha estado en la mira por otros aspectos, como por ejemplo en 2015 que fue señalado por la Reserva Federal de Estados Unidos como una entidad altamente vulnerable para desarrollar actividades de lavado en su sede en La Florida