Presentan recurso de amparo por desalojos en Pavones de Golfito
El diputado del Partido Frente Amplio (FA), Ariel Robles Barrantes, interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y la Municipalidad de Golfito por desalojos efectuados en el sector de Pavones.
Las autoridades iniciaron demoliciones y desplazamientos de viviendas, así como de locales comerciales pertenecientes a personas ubicadas en ese punto de la zona sur del territorio nacional.
Según Robles, la intervención policial se habría ejecutado "sin mediar notificación alguna de las partes afectadas sobre algún desalojo", situación que generó un escenario de vulnerabilidad social.
El legislador afirmó que los desalojos carecen de fundamento legal respaldado por un Plan de Acción encargado de brindar atención integral, tal como lo dispone el Decreto Ejecutivo 39277.
"No se les respetó el debido proceso y su fundamental derecho a la defensa en cuanto a la ejecución del desalojo practicado y en curso el día de hoy 26 de mayo de 2025, al no haberse notificado desalojo alguno.
Tampoco se cuenta con el Plan de Acción de atención integral del desalojo, desconociendo cuantas personas adultas mayores, personas menores de edad o en grado de vulnerabilidad se estarían desalojando y sin apoyo alguno de las instituciones correspondientes para resguardarles de la debida manera", indicó Robles Barrantes.
El diputado solicitó declarar con lugar el recurso, además de anular cualquier acto administrativo emitido sin respeto por el debido proceso ni garantías para ejercer el derecho a la defensa por parte de quienes fueron desalojados.
Justificaciones
El alcalde de Golfito, Freiner Lara Blanco, aclaró que la intención de la Municipalidad no consiste en demoler todo el poblado de Río Claro de Pavones, sino en intervenir tres edificaciones y cercas vivas ubicadas dentro del derecho de vía.
Lara explicó que el procedimiento ejecutado busca recuperar una carretera de 14 metros incorporada en el Plan Regulador Sector Costero, en Quebrada El Macho, actualmente ocupada por construcciones ilegales.
El alcalde sostuvo que los desalojos se realizan dentro de la Zona Marítimo Terrestre, sobre terrenos del Estado bajo administración municipal, sin involucrar propiedades privadas.
Agregó que las personas afectadas no poseen concesión otorgada, sino únicamente solicitudes en trámite.
"No les genera ningún derecho real ni administrativo para ocupar o edificar en la Zona Marítimo Terrestre. Por otra parte, también se les ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa", indicó Lara.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad Pública señalaron que ese asunto corresponde a la competencia exclusiva de la Municipalidad de Golfito.