Policías encubiertos y billetes marcados fueron clave para investigar a grupo narco de “Pioja”
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos sustentó buena parte de su acusación penal contra la estructura criminal liderada por Luis Ricardo Rodríguez Chaves, alias Pioja, en una extensa secuencia de ventas controladas de droga a oficiales encubiertos, muchas de ellas pagadas con billetes previamente marcados y autorizados por un juzgado penal.
Este cabecilla narco afronta un juicio desde la semana anterior y según la pieza acusatoria, el grupo operaba como una organización dedicada a la adquisición de grandes cantidades de estupefacientes.
Estas luego eran dosificados y vendidos en el distrito Hatillo de San José —principalmente en el barrio María Reina de los Ángeles— y en el centro de la capital, en un inmueble conocido como el Hotel La Fortuna.
La Fiscalía atribuye estas acciones no solo a alias Pioja, sino también a su círculo cercano, entre ellos Norma del Socorro Rodríguez Chaves, Maykol Mauricio Parra Chavarría, Pedro Joaquín Cordonero Benavides y Mayid Omed Cano Castro, señalados como parte del liderazgo y coordinación de la red.
Uno de los principales puntos de venta identificados fue un sitio conocido como El Rinconcito, ubicado en vía pública en Hatillo, donde durante meses se documentaron transacciones continuas de marihuana, cocaína, crack y otras sustancias.
En ese lugar, distintos integrantes de la banda habrían actuado como vendedores terminales bajo supervisión de otros miembros con mayor jerarquía. Las primeras operaciones encubiertas se remontan a febrero de 2020.
El día 12, por ejemplo, Freddy Gerardo Ramírez Taylor vendió a un oficial encubierto 0,77 gramos de marihuana, mientras que minutos después Roger Alexis Sandoval Rodríguez entregó 0,28 gramos de cocaína en polvo al mismo agente. Esa misma tarde, Sandoval volvió a vender cocaína, y Ramírez Taylor colocó otra dosis de marihuana, siempre en el mismo punto de venta.
Al día siguiente, Ramírez Taylor volvió a vender marihuana tanto a un oficial encubierto como a una persona externa que llegó en un vehículo particular. La Fiscalía sostiene que estas transacciones se realizaban con pleno conocimiento y autorización de los líderes de la organización.
El 17 de febrero de 2020 se documentaron varias ventas realizadas por Stephen Geovanni Cascante Córdoba, quien, según la acusación, operaba bajo la supervisión de Marvin Alexander Rodríguez Benavides, alias Araña.
Ese día se concretaron entregas de marihuana, cocaína e incluso ketamina, tanto a agentes encubiertos como a consumidores identificados por las autoridades. Las operaciones continuaron durante el mes.
El 26 de febrero, Ramírez Taylor volvió a vender marihuana a un oficial encubierto, y horas después recibió cocaína de parte de Rodríguez Benavides para revenderla en el mismo punto de Hatillo.
La Fiscalía también atribuye a Rodríguez Benavides varias jornadas completas de comercialización con consumidores, como ocurrió el 12 de marzo de 2020, cuando, durante varias horas, habría vendido drogas sin interrupción en El Rinconcito.
Las actividades se extendieron durante el segundo semestre de 2020, en pleno apogeo de la pandemia por COVID-19. En agosto, Ramírez Taylor volvió a ser observado vendiendo droga bajo supervisión interna de la organización.
En octubre, Kenneth Cascante Córdoba habría recibido una libra de marihuana para entregarla a Stephen Cascante con fines de venta al menudeo. Ese mismo mes se registraron nuevas ventas a oficiales encubiertos de cocaína y marihuana.
Para noviembre, la acusación señala que varios miembros de la banda no solo vendían droga, sino que participaban en la elaboración y prueba de sustancias, suministrándolas a consumidores vulnerables para verificar su calidad antes de distribuirlas masivamente.
El Hotel La Fortuna aparece como otro centro neurálgico de operación. Allí, según la Fiscalía, se almacenaban dosis, se coordinaba la distribución y se realizaban ventas directas a compradores, incluidos agentes encubiertos de la Policía de Control de Drogas (PCD).
En diciembre de 2020, dos integrantes transportaron cientos de dosis en taxi hasta el hotel para repartirlas entre los vendedores. En ese inmueble se repitieron operaciones similares durante 2021 y 2022, con múltiples ventas de marihuana y cocaína a oficiales que se hacían pasar por consumidores.
Uno de los acusados que aparece de forma reiterada en estas operaciones es Miguel Ángel González González, quien en diciembre de 2021 vendió marihuana y cocaína a un agente encubierto, además de a una mujer que llegó al lugar como compradora.
En fechas posteriores, otros miembros continuaron con la misma dinámica. Durante febrero y marzo de 2022, la Fiscalía documentó una cadena casi diaria de transacciones en el Hotel La Fortuna.
Brandom Estiguar Masís Gamboa, Kevin Josué Lozano Víctor, Roger Armando Rojas Ruiz y Christopher Josías Bernal Álvarez aparecen como vendedores que, en coordinación con el liderazgo de la organización, entregaban pequeñas cantidades de droga a agentes encubiertos.
En varias de estas compras se utilizó dinero previamente identificado por orden judicial. El 15 de marzo de 2022, por ejemplo, un oficial encubierto pagó una dosis de marihuana con un billete de ₡2.000 cuya serie había sido registrada por el Juzgado Penal de San José.
Minutos después, otro vendedor recibió un billete marcado de la misma denominación para una venta de crack. En transacciones posteriores de ese mismo día se emplearon nuevos billetes identificados, siempre por el mismo monto.
Para la Fiscalía, el uso de dinero marcado permitió cerrar el círculo probatorio, al vincular directamente a los vendedores con los pagos y con la droga entregada en cada operación, reforzando la trazabilidad de las transacciones y la participación coordinada de los distintos miembros de la organización.
La acusación también expone cómo algunos integrantes no se limitaban a vender, sino que cumplían funciones de abastecimiento, supervisión y preparación de sustancias, lo que —según el Ministerio Público— evidencia una estructura organizada y sostenida en el tiempo.
En total, el expediente recoge decenas de ventas controladas realizadas durante más de dos años, en puntos específicos y bajo una misma lógica operativa: adquisición de droga al por mayor, dosificación, distribución interna y comercialización al menudeo, todo bajo la coordinación del grupo que lideraba alias Pioja.
Estas transacciones, documentadas por oficiales encubiertos y respaldadas con pruebas físicas como los billetes marcados, constituyen uno de los ejes centrales de la acusación con la que la Fiscalía busca demostrar el funcionamiento continuo de la organización y la responsabilidad individual de cada uno de los imputados en la red de narcotráfico que operaba entre Hatillo y el centro de San José.