Poder Judicial apoya ley de ejecución de la pena aprobada por diputados y que será vetada por Chaves
El Poder Judicial manifestó su apoyo a la Ley de Ejecución de la Pena y Medidas de Seguridad Curativas (expediente N.° 24.019), aprobada en segundo debate por la Asamblea Legislativa de Costa Rica este jueves 19 de febrero. Esto, pese a que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció que vetará el texto, al que incluso calificó como un "mamotreto".
De acuerdo con el Poder Judicial, la ley establece un marco normativo que ordena el sistema penitenciario y define reglas claras tanto para los privados de libertad como para las instituciones que intervienen en esta etapa del proceso penal.
Asimismo, considera que con esta aprobación el país salda una deuda histórica de más de 50 años, ya que la emisión de este marco regulatorio había sido señalada como una obligación por la Sala Constitucional de Costa Rica, ante la necesidad de contar con reglas precisas en materia de ejecución de la pena.
Trabajo en conjunto
El texto fue impulsado y trabajado técnicamente por un equipo de profesionales del Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz, con el objetivo de dotar al país de un marco jurídico moderno, claro y equilibrado.
Además, durante su elaboración se consultó a diversas instituciones vinculadas con la temática, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
También se desarrollaron mesas de trabajo tanto en la Presidencia de la República como en la Asamblea Legislativa, con el fin de contar con un texto sólido y legitimado.
Un texto con reglas claras
Según el Poder Judicial, la ley no flexibiliza las normas vigentes ni establece tratos más favorables para los privados de libertad, sino que, más bien, brinda claridad sobre los derechos, deberes y procedimientos que deben observar todos los actores del sistema.
Además, se refuerza la seguridad jurídica al establecer que cualquier beneficio, cambio en la modalidad de cumplimiento de la pena o incidente de libertad condicional deberá contar con una resolución debidamente motivada, sujeta a los recursos correspondientes.
Garantía de acceso a la justicia
La normativa consolida el papel de los Juzgados de Ejecución de la Pena como vía esencial para garantizar el acceso a la justicia de las personas sentenciadas, bajo estricta supervisión judicial.
Entre sus atribuciones, se establece la obligación de que los jueces visiten los centros penales al menos cada seis meses, con el fin de verificar el respeto a los derechos fundamentales y, de ser necesario, ordenar medidas correctivas ante eventuales vulneraciones o situaciones de hacinamiento.
"Con esta aprobación en segundo debate, el país avanza hacia un sistema de ejecución de la pena más claro, equilibrado y transparente, que armoniza derechos y deberes, refuerza el control judicial y fortalece la seguridad jurídica en beneficio de toda la ciudadanía", concluye el comunicado del Poder Judicial.
Veto de la ley
Durante el segundo debate en el Congreso votaron en contra de la iniciativa Pilar Cisneros y otros cuatro diputados oficialistas, así como Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional.
Un día antes, el miércoles 18 de febrero, Chaves Robles y el ministro de Justicia, Gerald Campos, anunciaron la aplicación del veto presidencial al proyecto una vez que fuese aprobado en la Asamblea Legislativa y remitido a Casa Presidencial.
Un veto, ya sea parcial o total, consiste en un recurso ejercido por la Presidencia de la República cuando no está de acuerdo con la firma y publicación de una ley aprobada en segundo debate por el Congreso.
En ese caso, se aplica el veto y se devuelve la iniciativa a los diputados con las observaciones correspondientes.