(CRHoy.com) -A pesar de permanecer estancado por meses, un proyecto de ley para promover la apertura del mercado de deuda pública interna superó el primer filtro legislativo.

Otra versión de la iniciativa -cuyo texto original había sido objetado por diferentes sectores- logró tener el visto bueno de los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios y ahora podrá ser conocida para su discusión y votación por el Plenario Legislativo.

El proyecto cobra especial importancia en momentos en que el Gobierno busca autorización para colocar, una vez más, eurobonos en el mercado internacional para el pago de deuda.

¿En qué consiste la propuesta y por qué es importante? En esta información les explicamos.

Objetivo e incentivos

El objetivo general del proyecto es "remover obstáculos" para incentivar una mayor participación de inversionistas extranjeros (no domiciliados en el país) en el proceso de colocación de bonos de la deuda interna costarricense.

Esto, para aliviar la presión sobre el mercado nacional y promover la baja las tasas de interés, así como  favorecer la producción y la reactivación económica.

Para lograrlo se plantearon inicialmente cuatro acciones:

• Eliminar el cobro del impuesto de remesas al exterior sobre los rendimientos de bonos del gobierno mediante una reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta para crear la exoneración específica.
• Reformar la Ley de Contratación Administrativa para crear la excepción de que no apliquen sus reglas a los procesos de negociación y colocación de deuda y de custodia de valores de los bonos.
• Modificar la Ley de la Administración Financiera de la República para autorizar expresamente a la Tesorería Nacional el proceso de selección de custodia de valores de deuda siguiendo los principios generales de contratación administrativa y para contratar plataformas electrónicas en las que se puedan transar los valores de deuda interna con procesos de selección simplificados.
• Reformar varios artículos de la Ley del Mercado de Valores en aspecto relacionados con reportes, sistemas de compensación y entidades autorizadas para participar en el mercado.

Observaciones

La propuesta original, redactada por la administración del expresidente Carlos Alvarado, recibió observaciones de múltiples sectores, como la Contraloría General de la República (CGR), la Bolsa Nacional de Valores (BNV), la Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines (Cambolsa), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Superintendencia General de Valores (Sugeval), entre otras entidades.

En términos generales, se plantearon preocupaciones por el alcance del proyecto que, aunque no fuera su objetivo inicial, podía terminar modificando la estructura del mercado de capitales.

Por ejemplo, en principio se proponía que el objetivo de promover la apertura del mercado de deuda pública interna costarricense se alcanzara por medio de la contratación, por parte del Ministerio de Hacienda, de custodios internacionales, plataformas de negociación internacionales y sistemas de compensación y liquidación.

Luego, el Gobierno envió un texto sustitutivo que ignoraba la institucionalidad del mercado costarricense que ya cuenta con los mecanismos y procesos para la emisión en el mercado primario y la operación de los mercados secundarios de forma eficiente.

"No es razonable que la propuesta se transforme, vía texto sustitutivo, en una reforma exclusivamente regulatoria que se limita a dar competencia a la Superintendencia General de Valores para autorizar y vigilar plataformas alternativas de negociación, pero que propicia una entrada desordenada al mercado de participantes y dispersa la información en un mercado de por sí pequeño, por lo que impide la correcta formación de precios", comentaron legisladores en relación con la nueva versión del proyecto.

Correctivos

Para conciliar las diferencias entre el proyecto original y el texto sustitutivo, los diputados acordaron cuatro acciones:

• Atender la liquidación transfronteriza de operaciones con valores de deuda pública (operaciones de entrega y recepción de valores). Esto, facilitará los proceso de compensación y liquidación de los inversionistas no domiciliados y les dará seguridad jurídica.
• Regular el servicio de custodia de valores con respecto a los custodios del extranjero.
• Resolver en definitiva el tema fiscal de la existencia de un impuesto único que se aplicará sobre las rentas de capital para impedir cualquier posibilidad de doble imposición. Este es el principal obstáculo para la incorporación de inversionistas no domiciliados por la falta de seguridad jurídica tributaria.
• La definición de la deuda pública interna como base para la diferenciación de los instrumentos de financiamiento.

"Estos cuatro puntos no solo encuentran coincidencia con la propuesta de texto sustitutivo presentada por el Ministerio de Hacienda, sino que también con los objetivos del proyecto de ley en su exposición de motivos. De igual forma, resuelven el problema que se pretende atacar por el fondo y dejan intacta la institucionalidad del mercado, por lo que no requieren los cambios en la Ley Reguladora del Mercado de Valores", concluye el informe que fue avalado por la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.

Con la introducción de las nuevas modificaciones, los diputados apuntan a una reforma más limitada que guarda conexidad con el proyecto original y permite cumplir con los objetivos de atraer a inversionistas no domiciliados, sin introducir distorsiones en el mercado local, manteniendo el criterio de correcta formación de precios y sin constituirse en un proyecto meramente regulatorio.