“Pista Oscura”: Fiscal apunta a que allanamientos se debían efectuar antes del 18 de mayo
Recepción definitiva de proyecto está pactada para el 18 de mayo, según acta de la CNE
El funcionario explicó que un acta de recepción provisional del proyecto de intervención de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), emitida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), señala que para el 18 de mayo estaba prevista la recepción definitiva de las obras de mejora de la infraestructura.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) sostiene que jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y de la CNE habría avalado una serie de ajustes solicitados por Constructora MECO S.A. para reducir el alcance de las obras de rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), en Liberia de Guanacaste, sin el refrendo técnico requerido.
A inicios de 2024, la CNE contrató a MECO, por $40 millones, para rehabilitar la estructura al amparo de una licitación sustentada en la ampliación del decreto ejecutivo de emergencia emitido en junio de 2022 para atender los impactos derivado de la influencia de la tormenta tropical Bonnie.
La Fapta apunta a que los jerarcas investigados habrían procurado darle legalidad a la modificación pretendida por la empresa, a través de una ingeniería de valor, generando presión a hacia los ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UIA) de la DGAC, quienes se negaron a aprobar los cambios sosteniendo que se estaba desvirtuando el objeto de la contratación, al pasar de la rehabilitación de la pista a un recarpeteo.
El fiscal Maroto indicó que el allanamiento debía hacerse antes del 18 de mayo, para obtener las pruebas requeridas en el proceso de investigación.
"En esa acta de recepción provisional, se establecen una serie de errores, que forman parte del núcleo de lo que se está investigando respecto de los errores en los que se han incurrido en el momento de elaboración de esta obra", citó el funcionario.
En el documento del 10 de marzo, que está disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), se enumeran 127 ajustes requeridos en el proyecto -antes de la recepción definitiva- ante la presencia de: huecos profundos en la superficie del pavimento, problemas en la junta entre paños, material acumulado en la superficie de ruedo, problemas de acabado en la superficie, desprendimiento de material granular, entre otros. Así lo determinan observaciones efectuadas por MECO.
Tras iniciar las obras en abril de 2024, la empresa presentó a la CNE y a la DGAC la ingeniería de valor que procuraba variar el alcance de la obra contratada. Dicha propuesta fue rechazada por David Rojas Alfaro, ingeniero de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la DGAC y encargado de la unidad ejecutora del proyecto, pues a criterio del funcionario se debía mantener el objetivo inicial por el cual se contrató a MECO: rehabilitar la pista del AIDOQ.
A criterio de Rojas Alfaro y los ingenieros de la UIA, la ingeniería de valor planteada por MECO procuraba reducir el alcance del proyecto y convertir la intervención en un recarpeteo (no en una rehabilitación). Para los funcionarios, esto provocaría que en el corto plazo se requirieran nuevas intervenciones y que existiera un uso inadecuado de los recursos públicos.
Rojas, quien se negó a avalar la ingeniería de valor propuesta por el contratista, también advirtió que existían incumplimientos contractuales por parte de MECO, en relación con el grado de desempeño del ligante asfáltico colocado en las primeras tareas efectuadas y a una suspensión unilateral de los trabajos. Incluso, a criterio del funcionario, ante estas situaciones, se debían aplicar multas contra la empresa en consonancia con lo dispuesto en el contrato.
MECO remitió el miércoles un comunicado de prensa en el que se desmarcaron de cualquier ilegalidad cometida en el proceso y apuntó que los ajustes contenidos en la ingeniería de valor redujeron el costo final del proyecto en hasta $8 millones.
En la causa penal se investigan los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Maquinaria de MECO en el inicio de las obras en la pista del AIDOQ. Cortesía MECO
Detenciones y allanamientos
La Fapta desarrolló el martes 21 allanamientos como parte de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Dentro de las diligencias, ejecutadas en conjunto con la policía judicial, se ordenó la detención de 4 imputados: Mauricio Batalla, exministro del MOPT, de apellidos Batalla; Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la CNE; Marcos Castillo y Henry Villalobos, fiscalizador de obras de la CNE.
Todos quedaron en libertad el jueves, a la espera de la fijación de medidas cautelares por parte del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del AIDOQ.
Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.
Para el Ministerio Público, eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39,9 millones adjudicada a la empresa MECO.
Cuando se emite una declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR).
La FAPTA señaló que, durante la ejecución de la obra, se detectaron incumplimientos contractuales de la empresa que presuntamente derivaron en presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento, acción clave para la rehabilitación.