Pese a prohibición legal, exsecretario de PLN inscribió inmueble de sociedad como casa club

(CRHoy.com) Pese a una prohibición establecida en el Código Electoral, el exdiputado y exsecretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Calderón Castro, inscribió como casa club un inmueble propiedad de una sociedad anónima representada por el también excongresista Óscar Alfaro Zamora.

El edificio finalmente se usó como centro de operaciones de la campaña verdiblanca en las elecciones de 2010, según se desprende de la acusación leída la mañana de este lunes en el inicio de un debate oral y público que se celebra contra los exparlamentarios en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.

La pieza fue leída por el fiscal Alexánder Valverde Peña y en ella se puntualiza que Alfaro Zamora constituyó el 14 de octubre de 1992 la empresa Chicharrín Sociedad Anónima, de la cual es presidente y representante judicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Añade que el 12 de marzo de 2007, adquirió e inscribió a nombre de esta una propiedad en Catedral de San José, 25 metros al sur del edificio Sión de la anterior sede de la Asamblea Legislativa.

El documento abona que -presuntamente- el 23 de octubre de 2019, Calderón Castro, en su condición de secretario general, y con el supuesto consentimiento de Alfaro Zamora, solicitó a la Fuerza Pública la inscripción de la propiedad en cuestión como club político de Liberación Nacional.

"Lo anterior, fue ejecutado por el imputado Calderón Castro, a sabiendas de que el citado bien pertenecía a la persona jurídica nacional Chicharrín S.A.", destaca la acusación formulada.

La matrícula aparentemente se concretó el 9 de noviembre de 2009, bajo el nombre de "Casa de la Victoria", según resolución administrativa de la Delegación Policial Metropolitana Central.

"Ese local fue utilizado gratuitamente por el Partido Liberación Nacional como club político, desde ese día hasta febrero del 2010, lo que constituyó una contribución en especie dada por el imputado Alfaro Zamora en su carácter de representante legal de la persona jurídica nacional Chicharrin S.A. al Partido Liberación Nacional, que como se vio, aceptó y recibió la contribución en especie a través del imputado Calderón Castro, en su calidad de secretario general de la citada agrupación política", reza el documento.

Valverde Peña detalló entre los usos que se le dieron al recinto, la entrega y repartición de signos externos así como reuniones políticas.

La acusación reprocha que Calderón Castro conoció de la gestión y no la denunció ante el resto de miembros del Comité Ejecutivo Superior de la agrupación verdiblanca ni ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), lo que encuadra -de acuerdo con la pieza- en la tipificación dispuesta en el artículo 275 del Código Electoral. A Alfaro Zamora, en cambio, se le achacó la presunta contribución ilegal (inciso A del numeral 274).

Pero para la defensa, esos delitos no se materializaron en el tanto que, según explicó el representante de Calderón Castro, Mario Soto Baltodano, la inscripción de la casa club se dio el 14 de enero de 2009, antes de que entrara en vigencia el actual Código Electoral (2 de setiembre de 2009) y, por ende, el impedimento en cuestión.

El abogado recalcó que, para el momento de la primera matrícula, aplicaba un reglamento sobre los clubes políticos que a su vez establecía que cada registro era único e indefinido, por lo que no procedía la segunda inscripción. Tal normativa fue modificada hasta dos años después de perpetrado el hecho, sostuvo Soto Baltodano.

Con esa tesis coincidió el jurista de Alfaro Zamora, Érick Ramos Fallas, quien también conforma parte de la defensa de uno de los exdiputados.

"Este caso nunca debió llegar a juicio. Aquí no hay ninguna violación del Código Electoral, aquí no hubo ninguna vulneración al principio de transparencia en el financiamiento de la campaña de 2010. Aquí existió una investigación ayuna del Ministerio Público y una deficiente y torpe pesquisa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Lo que se acusa es un tema de forma porque la inscripción de la Casa de la Victoria se hizo con la legislación que estaba vigente antes del Código Electoral, que era un reglamento de 2005. El nuevo reglamento es del año 2012, cuando ya habían pasado las elecciones, entonces hay un análisis incorrecto para las imputaciones particulares", declaró el defensor a CRHoy.com.

Desde la perspectiva de su colega, esto dio pie a una "aplicación retroactiva" de la ley por parte de la Fiscalía.

Sobre este particular, Valverde Peña indicó que no se referiría en el tanto que se abordaría durante las conclusiones.