Nuevo ministro de Seguridad arrastra pugnas de años con la Contraloría

(CRHoy.com) El nuevo ministro Mario Zamora Cordero, arrastra pugnas de varios años con la Contraloría General de la República (CGR).

Los dos procesos se tramitan en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que tiene pendiente la resolución de recursos de casación formuladas por ambas partes, según información proporcionada por la oficina de prensa del órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa.

El primero corresponde al expediente DJ-95-2012, el cual tiene por objeto determinar si existieron irregularidades en el alquiler de un inmueble en Escazú, por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), debido a la escogencia del co-contratante en relación con otras opciones y por una posible infracción al régimen de prohibición para contratar con el Estado.

Para el momento de ese pacto, el abogado se mantenía en su primer periodo como titular de la institución, en el gobierno de Laura Chinchilla Miranda.

Aunque ese procedimiento sigue activo, el mismo se mantiene suspendido por prejudicialidad, en razón de un contencioso-administrativo que el ente fiscalizador interpuso contra el Estado y contra el dueño de la edificación, al cual se le asignó la sumaria 14-002608-1027-CA.

La pretensión de la Contraloría que se declare la nulidad e irregularidad de la contratación directa que realizó la cartera. Esa demanda fue declarada parcialmente con lugar en primera instancia, pero el mismo fue recurrido ante el Alto Tribunal por el órgano auxiliar, de ahí el fallo que aún no ha sido emitido.

El segundo corresponde a un procedimiento tramitado bajo el numeral DAGJ-20-2009, seguido en contra de Zamora Cordero en su condición de director de la general de Migración y Extranjería (2006-2010). Por este caso, el nuevo jerarca fue suspendido 20 días sin goce de salario; información que consta en el Sistema de Registro de Sancionados (Sirsa), disponible en la página de internet del ente fiscalizador.

El castigo, derivado de su negativa a cancelar una garantía de cumplimiento por ¢246 millones a una empresa, aparece como "inejecutable" en el portal. Ante consulta de este medio, el departamento de comunicaciones de la Contraloría explicó que ese estado responde a que Zamora Cordero dejó de laborar como director de Migración, aun cuando el castigo se mantiene en firme (de ahí su anotación en el reporte antes indicado) en la vía administrativa.

Ahora bien, en este punto es necesario mencionar que el sancionado interpuso un contencioso administrativo en contra del órgano auxiliar, que se tramita bajo el expediente 16-9230-1027-CA, en la cual se dictó sentencia favorable al demandante. No obstante, el ente fiscalizador elevó el asunto a la Sala Primera, que hasta la fecha no ha emitido la resolución respectiva.

En un intento por detener la suspensión, el jurista interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la potestad de esa entidad de investigar y castigar infracciones al ordenamiento de control y fiscalización contemplado o que provoquen lesiones a la Hacienda Pública; esta situación congeló hasta 70 procesos que se llevaban a cabo en ese entonces, denunció el 15 de febrero pasado la fracción del Partido Frente Amplio (PFA), en el marco de su oposición a la candidatura de Zamora Cordero como defensor de los Habitantes de la República.

CRHoy.com pidió a oficina de prensa de la Sala Constitucional la lista de recursos en los que el jerarca figuraba como accionante, recurrente o coadyuvante, ante lo que se precisaron los expedientes 10-011964-0007-CO, 11-003544-0007-CO, 11-013971-0007-CO, 12-013443-0007-CO, 13-001265-0007-CO y 13-002316-0007-CO.

Todas esas gestiones fueron declaradas sin lugar (cuatro) o rechazadas de plano (dos). Las mismas se dirigían contra la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos; el Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades Disciplinarias y Anulatoria en Hacienda Pública; el Reglamento de Abstenciones para los funcionarios de la Contraloría General de la República; así como el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República.

Señalamientos en campaña

A Mario Zamora Cordero le surgieron cuestionamientos desde varios flancos mientras su nombre resonó en los pasillos de la Asamblea Legislativa, durante la búsqueda del sustituto de Catalina Crespo Sancho en la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR).

Una muestra de esas críticas es el comunicado conjunto suscrito por varias organizaciones, como el Sindicado de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes (Sidef), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FE-UCR), la de la Universidad Nacional de Costa Rica (FE-UNA), el Grupo de Trabajo de Agenda de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y el Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina).

En total, se precisaron señalamientos que incluyen denuncias penales sobre presunto tráfico de influencias y aparente nombramiento ilegal en favor de su exesposa, quien fue designada en una plaza en la institución para la que trabajaba Zamora Cordero, aun cuando incumplía los requisitos de ley. Tales hechos además se reportaron a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite una serie de consultas ante los departamentos de comunicaciones del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de conocer si las investigaciones detalladas en el pronunciamiento se mantienen abiertas o no.

Al respecto de sus pugnas, así como de los cuestionamientos que se le hicieron, CRHoy.com también remitió una solicitud de descargo del nuevo ministro a su teléfono celular, así como a la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, sin que hasta el cierre de esta publicación se tenga respuesta.

No obstante, en declaraciones recogidas por el sitio de noticias El Mundo CR el 22 de febrero, Zamora Cordero calificó de "injurias, calumnas y difamaciones" los señalamientos surgidos en aquel momento, al tiempo que llamó "organizaciones satélite" del Frente Amplio a los grupos que firmaron los pronunciamientos.

El nuevo jerarca respondió ante consulta de CRHoy.com sobre estos señalamientos indicando que "la sanción de la Contraloría fue invalidada por un Tribunal de la República por no ajustarse a Derecho. Y las denuncias espurias interpuestas contra mí no superarán esa fase al estar basadas en ocurrencias sin ninguna relevancia jurídica".