MOPT negocia con BID ante riesgo de perder dinero para vía San Carlos
Recursos para proyecto dependen de éxito en obra que arrastra atrasos y obstáculos
(CRHoy.com). El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá ajustar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los parámetros para obtener el financiamiento que permita concluir el proyecto de la nueva carretera a San Carlos.
Para finalizar la vía, la cartera tiene a disposición un crédito de $250 millones aportados por el organismo multilateral, pero su uso está sujeto al éxito de otros 2 proyectos: los intercambios viales Taras-La Lima y el lote 4 de obras impostergables (obis) en el plan de la ruta a San Ramón.
Las 3 obras forman parte de un plan integral de financiamiento otorgado por el organismo multilateral por $350 millones, el cual se ejecuta bajo el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) del MOPT.
En 2020, el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) acordó con el organismo multilateral una línea de Crédito Convencional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por $350 millones. De esos recursos, $225 millones se deben destinar a la carretera a San Carlos. Otros $125 millones al lote 4 de "obis" y a los intercambios de Taras y La Lima.
Adicionalmente, el Estado debe aportar $110 millones para completar la cantidad de dinero requerido para finalizar la carretera hacia San Carlos.
En reiteradas ocasiones, Luis Amador, titular del ministerio, explicó que los fondos para el proyecto hacia San Carlos se conseguirían hasta que el avance acumulado de Taras-La Lima y el lote 4 de "obis" alcanzara el 50%. Sin embargo, la cartera apunta hacia otra dirección.
Al menos, así lo explicó Alejandro Guillen Guardia, viceministro de Infraestructura, tras una reunión con miembros de la Asociación Procarretera a San Carlos.
"En la actualidad, está aprobada la primera operación de crédito al amparo de dicho convenio por $125 millones, que incluyen la construcción de los intercambios en Taras-La Lima y el lote 4 de ‘obis'. También, los estudios y diseños para la nueva vía a San Carlos.
"Estos desembolsos para la segunda operación de crédito, para financiar la etapa constructiva de la nueva vía a San Carlos, están sujetos a que haya un avance satisfactorio del tramo Taras-La Lima. Estamos en negociaciones con el BID para definir los parámetros que regulan el nivel de satisfacción para el desembolso de este segundo préstamo", indicó Guillén, en declaraciones dadas a la organización comunal.
La preocupación del futuro de los recursos para continuar con el proyecto surge por los atrasos en los cronogramas de Taras-La Lima y del lote 4 de "obis". Por ejemplo, este último paquete de proyectos está conformado por la modernización del puente Juan Pablo II y los intercambios de la vía San José-San Ramón con Naranjo, Grecia, San Ramón y Río Segundo.
El Poder Ejecutivo procura que con demostrar que las obras en Taras-La Lima van avanzando, junto con los estudios, la preingeniería y prediseños para la etapa constructiva, se obtengan los desembolsos requeridos para la carretera hacia San Carlos. Es decir, no depender de si los trabajos en el ingreso al cantón de Cartago alcanzan el 50%.
En los intercambios de Taras y La Lima, a cargo del consorcio H.Solís-Estrella y cuya orden de inicio se giró el 2 de diciembre de 2020, hasta este mes de agosto de 2022, el avance apenas alcanzaba el 10%.
En tanto, en el caso del lote 4 de "obis", el fideicomiso Ruta Uno, administrado por el Banco de Costa Rica (BCR) y encargado de la gestión de los proyectos, desde hace 1 mes, tiene en su poder la adenda contractual negociada con la Unidad Ejecutora del Proyecto San José-San Ramón (UERS) del Conavi para ser firmada. No obstante, la rúbrica está pendiente.
Una vez que Ruta Uno firme la adenda, el Conavi debe constituir un mecanismo de ejecución para usar los recursos del crédito e iniciar la ejecución de las obras.
Múltiples pendientes
Cuando comenzó, hace 17 años, la construcción del tramo central estaba a cargo de la empresa taiwanesa RSEA. Pero, en 2007, por el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán durante el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), la compañía asiática abandonó el país.
Un año después, en 2008, la obra pasó a manos de la compañía costarricense Sánchez Carvajal mediante una cesión de derechos.
La empresa local estuvo a cargo durante 10 años, hasta que el gobierno de Alvarado optó por romper el contrato- Desde agosto de 2018, la construcción está paralizada, con un 76% del trazado ya asfaltado.
Hasta 2018, el proyecto había consumido $291 millones de recursos estatales. Una cifra notablemente superior a los $61 millones estimados en 2005 cuando la obra comenzó a cargo de RSEA.
Una inspección realizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en 2021 detectó la existencia de 5 fallas geológicas en distintos puntos de los 30 kilómetros que involucran el tramo central, las cuales agravan la vulnerabilidad de 68 taludes inestables identificados cerca de la carretera. Además, se encontraron 2 mil puntos con riesgo de deslizamiento.
Mientras se define el futuro, hay numerosos pendientes por resolver: un hundimiento en el kilómetro 21, la necesidad de construir un nuevo puente sobre el río Laguna y una pugna legal por la existencia de un humedal en el sector de La Culebra. En total, hay 40 puntos críticos por atender debido a inestabilidades geológicas.
La carretera se dividió en 3 tramos independientes: la punta norte (Florencia-Ciudad Quesada, en operación desde 2018 tras inversión de $14 millones), el central y la punta sur (Sifón-San Miguel de Naranjo).
Aclaración del Conavi sobre esta nota, remitido el 27 de octubre:
Se aclara que la remisión de los Anteproyectos no fue ante el CONAVI sino ante el Programa de Infraestructura y Transporte (PIT) adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ente contratante de estos entregables, los cuales no forman parte de los Fideicomitentes. Hasta la fecha de hoy no se ha dado el aval por parte de los Fideicomitentes por que se generaron observaciones de índole graves y gravísimas, que atentan contra el proyecto vial, que a la fecha no han sido subsanadas dichas observaciones de diseño.
La Unidad Ejecutora San José – San Ramón (UESR), Unidad técnica que representa a los Fideicomitentes, recibió copia de estos anteproyectos y procedió con la revisión dentro de los plazos razonables, tal como se le comunicó a la Contraloría General de la República mediante oficio UESR-03-2022-479 cuando se consultó sobre los plazos de respuesta legales con los que cuenta la UESR.
Una vez revisados estos entregables, la UESR emitió las alertas sobre aspectos técnicos críticos del proyecto, que de materializarse, pondrían en riesgo tanto la funcionalidad del proyecto como la seguridad de los propios usuarios, e incluso, generar incumplimientos de lo establecido en la Ley No. 9292. A la fecha la UAP-BCR no ha realizado las correcciones de los anteproyectos, ni ha solicitado de manera formal ante la Unidad Ejecutora, la revisión de los anteproyectos con los ajustes correspondientes. Por lo que esta UESR no puede emitir una no objeción con el único sustento de la réplica enviada por parte de la UAP-BCR al PIT, mediante los oficios: UAP-FSJSR-2022-01-41_L4-NARJ_DM6586, UAP-FSJSR-2022-01- 148_L4-GRE_DM0221(1), UAP-FSJSR-2022-03-381_L4-JPII_UESR136 y UAP-FSJSR-2022-03-382_L4-SR_DM793.
Los cuales no solventan las alertas emitidas por la UESR. Cabe señalar que el día 20 de enero del 2022 el PIT le señala a la UAP-BCR en respuesta a los oficios supra citados:
"(…)Se recomienda utilizar los mecanismos y procedimientos propios del Fideicomiso R1; para ello hay una clara delimitación de funciones y de responsabilidades de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) y de la Unidad Ejecutora San José San Ramón (UESR); consecuentemente, en esa línea de pensamiento y actuar, dicta la prudencia, que el actuar más sensato, en aplicación del artículo 16 de la Ley N°6227, consistiría en que la UAP presente los entregables a la UESR, para que ésta última eleve al Consejo de Administración del CONAVI los mismos para su debida aprobación, de corresponder la misma, siendo éste un órgano jerárquico colegiado.
"(…) Por lo que esta UESR permanece a la espera de la entre formal de los anteproyectos corregidos o en su defecto, de un documento en el que la UAP manifieste que conoce punto por punto cada una de las alertas emitidas por parte de la UESR y que asume plenamente la responsabilidad, en caso de que dichos riesgos lleguen a materializarse. Todo lo anterior, en resguardo de los usuarios y del interés público.
Luego en el mismo orden de ideas, el mecanismo idóneo de ejecución para usar los recursos del lote 4 de OBIS, ya el Conavi tomó la decisión de que se realice por medio de una Adenda al Contrato del Fideicomiso, la cual fue remitida desde el día 8 de setiembre del 2022 mediante el oficio DM-2022-4240 por parte del Despacho del MOPT dirigida al señor Douglas Soto Leitón como Gerente General del BCR, y que a la fecha no han brindado respuesta a pesar de que la fecha limite fue de un mes y con ello está en riesgo el aprovechamiento del crédito y de la construcción de las obras que tanto necesita el bloque de Occidente.
*Esta nota se actualizó el 2 de noviembre a las 2:15 p.m., con la información remitida por el Conavi.