Ministro mandó a desconvocar plan para ordenar sistema penitenciario para presentar nueva versión
A pesar de que el jerarca Gerald Campos ha criticado desorden entre funciones de jueces y administración de Sistema Penitenciario
Gerald Campos, el jerarca del Ministerio de Justicia que está a cargo del Sistema Penitenciario Nacional tomó la decisión de pausar el trámite y mandar a desconvocar el proyecto de ley de Ejecución de la Pena, una importante iniciativa que pretende ordenar de una vez por todas cómo se administran las cárceles del país.
Justamente el ministro y el mandatario Rodrigo Chaves Robles han criticado la desorganización y confusión entre las potestades que tienen los jueces y Adaptación Social (órgano adscrito a Justicia) sobre los centros penales, pero ambos pusieron un freno al proyecto de ley que armonizaría esta situación.
Pese a que el expediente está en trámite desde hace 13 meses y fue dictaminado hace más de un mes en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ahora en el Ministerio de Justicia tienen dudas sobre la iniciativa y presentarán su propia versión.
Tras la consulta de este medio sobre qué motivó retirar el proyecto de la Asamblea Legislativa, la Oficina de Prensa de la institución señaló lo siguiente:
Estamos trabajando en un texto sustitutivo que esperamos presentar en los primeros días de enero, donde se plantearán los ajusten necesarios para evitar la coadministración del sistema penitenciario.
Laura Fernández, ministra de Presidencia y el mandatario Rodrigo Chaves, durante programa semanal televisado. Foto: Casa Presidencial.
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, confirmó la semana pasada a crhoy.com que fue el jerarca Gerald Campos quien decidió frenar el proyecto de ley 24.019, que está cerca de su aprobación en primer debate.
"El expediente se desconvocó por solicitud del ministro rector del sector seguridad, que es don Gerald Campos, de Justicia y Paz.
El ministro solicitó retirar de la convocatoria el proyecto para una revisión mucho más exhaustiva, esta versión no contempla muchas de las propuestas que se habían hecho desde el gobierno", explicó Fernández.
A pesar de que fue él quien mandó a inmovilizar el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena, el pasado miércoles el ministro Campos junto al mandatario Chaves Robles, ambos aprovecharon el fallo de un juez de Ejecución de la Pena de Limón, sobre el manejo de la cárcel en esa zona, para cuestionar que no se avance en una ley para poner orden en la administración.
Esto durante su programa televisivo semanal del Gobierno. Sin embargo, tan solo una horas antes, el mismo mandatario ordenó a los diputados retirar del Congreso un proyecto de ley que pretende poner orden a las decisiones que toman tanto jueces como Adaptación Social y la administración penitenciaria.
Fue mediante el decreto ejecutivo n.º 4.4768-MP, firmado por Chaves y la ministra de la Presidencia Fernández, del pasado martes 26 de noviembre. Ese día, la jerarca remitió un oficio al directorio del Congreso en el cual comunicaban el retiro del expediente 24.019, conocido como "Ley de Ejecución de la Pena y Medidas de Seguridad Curativas".
Cabe recordar que durante todo noviembre y hasta finalizar enero, es el Poder Ejecutivo quien mantiene el control de la agenda de prioridades en la Asamblea Legislativa. Es decir, mediante una convocatoria, Presidencia decide cuáles proyectos serán tramitados en este plazo y cuáles quedarán en el congelador.
El Poder Judicial fue la institución que elaboró el proyecto que se tramita con base en insumos técnicos aportados por jueces, Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Defensa Pública, la Fiscalía y otras instancias.
Por esa razón, lamentaron la decisión que detuvo el avance de una iniciativa crucial para garantizar el cumplimiento de las sentencias penales.
"El texto propone un marco legal que sustituye la actual dependencia de circulares e interpretaciones, asegurando decisiones claras y confiables tanto judiciales como administrativas.
Además, establece plazos para resoluciones judiciales, regula funciones de autoridades penitenciarias y define deberes para los privados de libertad, respondiendo a las demandas actuales de nuestra sociedad.
La Sala Constitucional ya ha señalado la necesidad de una ley que ordene la política penitenciaria, actualmente sujeta a cambios según los gobiernos de turno", señaló el Poder Judicial en un comunicado.