Ministerio Público y Procuraduría investigan a Defensora por “recargos”

(CRHoy.com).— El Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) investigan a la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, y a su exdirector de despacho y exministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, enriquecimiento y favorecimiento ilícito.

Según la denuncia presentada en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y que fue interpuesta por Hernán Rojas, Jefe de Recursos Humanos de la Defensoría, Crespo habría favorecido de manera, aparentemente, irregular por medio de recargos a Zamora Cordero, y cinco más de apellidos Bonilla, Chavarría, Navarro, De Prado y Rodríguez.

En un comunicado de prensa, Crespo indicó que la denuncia en su contra es endeble y carente de toda legalidad y señaló que "algunas de las plazas vacantes se han llenado por medio de la figura legal del recargo; la cual se utiliza comúnmente en el sector público. No obstante, el señor Hernán Rojas, miembro del sindicato (informado de forma amenazante por él mismo), exdirector del servicio civil del gobierno PAC, y quien asumió en recargo la Dirección Laboral en el 2019, ahora adversa esta medida, y presenta una denuncia penal respecto de hechos que él mismo sabe que son legales".

Mario Zamora, exministro de Seguridad y exdirector de despacho de la Defensora, dijo que "Rojas Angulo es corresponsable directo, desde la jefatura de recursos humanos, para que la Defensoría tenga una estructura de 16 cargos directivos (con salarios aproximados a los 3 millones de colones) y 12 jefaturas (salarios que superan los 2.5 millones) dentro de un universo total de 150 funcionarios. Es decir, donde el 30% ocupa un cargo jerárquico. Su denuncia es el resultado directo de varias denuncias que existen en su contra en distintas instancias", dijo.

El Jefe de Recursos Humanos señaló en la denuncia que no existe evidencia, salvo en el caso del funcionario Bonilla, que los demás se encuentren ejecutando tareas propias de sus puestos base, lo que constituiría un aparente enriquecimiento ilícito. Además, explicó en el documento que ninguno se hizo siguiendo los concursos o procesos de selección que garantizaran la transparencia, objetividad e idoneidad en la ocupación de esos cargos superiores.

En la denuncia se señala que desde el 7 de mayo del 2021, mediante oficio DH-RH-666-2021, se le advirtió a Crespo el tema de los recargos y que los mismos tienen una connotación de temporalidad como último recurso para no dejar de prestar el servicio.

La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó una consulta que hizo Crespo, sobre el alza salarial de funcionarios ante los recargos de funciones, al considerar que la misma incumplía los requisitos de admisibilidad y que además no pueden ser de interés personal.

Así lo concluyó, el Procurador Adjunto, Luis Guillermo Bonilla Herrera, de la Dirección de la Función Pública, quien indicó que luego de un exhaustivo análisis, "por el incumplimiento de requisitos de admisibilidad, deviene improcedente entrar a conocer por el fondo de su gestión. Por ende, se deniega su trámite y se archiva", indicó.

"Ningún jerarca puede entonces utilizar la vía consultiva para requerir nuestro criterio sobre asuntos que, aunque relacionados con la institución que representa o de la que es parte, responden a su interés personal, y no propiamente a los intereses de la administración pública", señaló Bonilla.

Crespo le indicó a la Procuraduría que en nada ocupaba un criterio de dicha institución para ser usado en un asunto personal.

"Ante este panorama y en atención al principio de transparencia, debo indicar que en nada necesito criterio alguno de la Procuraduría para ser usado en un asunto personal. Y mucho menos tratándose de una denuncia tan endeble y carente de toda legalidad como la que cita la Procuraduría", dijo.